El gobierno de Trump y el gobierno del presidente Mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) implementaron nuevas reglas el viernes que requieren que la mayoría de los solicitantes de asilo de México y América Central permanezcan en México mientras sus casos de inmigración se consideran en los Estados Unidos. El número total de migrantes de la región que actualmente buscan asilo en los puertos de entrada de los Estados Unidos (EUA) se estima entre seis a siete mil.

Anteriormente conocido como "Permanecer en México", el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha anunciado formalmente la nueva política como el Protocolo de Protección al Migrante (MPP). Los representantes de Trump y AMLO habían estado negociando el acuerdo desde el año pasado.

La Aduana y la Patrulla Fronteriza (CBP) estadounidenses iniciarán la implementación inicial del MPP en el Puerto de Entrada de San Ysidro en Tijuana, cerca de San Diego California, el cruce fronterizo terrestre más transitado del mundo. Trescientos sesenta y cinco días al año, 70,000 vehículos de pasajeros, 20,000 peatones y 4,000 camiones comerciales cruzan de un lado a otro.

Hasta ahora, los inmigrantes que buscaban asilo y que habían "pasado" una entrevista de temor creíble eran liberados de la detención en los Estados Unidos con familiares, amigos o agencias humanitarias mientras esperaban su audiencia en los tribunales, un proceso que puede demorar años debido a una acumulación de más de 800,000 casos.

La nueva política prohibirá la liberación de los solicitantes de asilo a familiares u otras redes de apoyo y los obligará a languidecer sin hogar en las calles de Tijuana o alquilar alojamiento a corto plazo, que la gran mayoría no puede pagar. Según el Centro de Intercambio de Registros de Acceso Transaccional de la Universidad de Syracuse, el tiempo de espera para la mayoría de los casos de asilo puede ser de casi dos años.

Un funcionario anónimo del DHS dijo el jueves al noticiero NBC News y al diario Washington Post que, bajo el MPP, los solicitantes de asilo recibirán un "aviso para asistir" que les obliga a regresar a la entrada de San Ysidro en una fecha específica para que los funcionarios de EUA los lleven a una audiencia en el centro de San Diego. Mientras esperan, oficiales fronterizos crearán un número de teléfono para que los solicitantes de asilo pidan información actualizada sobre sus casos.

El funcionario además afirmó que quedan exemptos "grupos vulnerables" de la nueva medida —presumiblemente niños, menores no acompañados, mujeres embarazadas y nfermos. En un débil intento por presentar la nueva política como humanitaria, agregó: "Si expresan el temor de regresar a México, esto no se pone en práctica".

El MPP está en plena violación de la ley internacional de refugiados y asilo que obliga que, a las personas que buscan refugio, se les otorgue una entrada segura al país donde se presenten mientras se completan los trámites, independientemente de si su caso es finalmente aceptado o rechazado.

Defensores y asesores legales también han denunciado que el sistema de contabilidad que utiliza la Patrulla de Aduanas y Fronteras de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) por ser una violación de las leyes internacionales de asilo y refugio; señalan que es ilegal que Estados Unidos decida que sólo procesará un determinado número, actualmente entre 200 y 300 por mes.

El MPP y las medidas relacionadas dirigidas a los solicitantes de asilo son parte de los esfuerzos tácticos de la administración Trump para azuzar el apoyo derechista y fascista en un etorno general de las rebeliones de maestros, la ira de empleados del gobierno al borde de la miseria y el movimiento amplio de la clase obrera internacional contra la austeridad y por la igualdad social.

Trump afirmó el miércoles pasado en una conferencia de prensa en la Casa Blanca que los países centroamericanos están ordenando a las personas que se vayan: "Creo que alientan a las caravanas porque quieren deshacerse de las personas de su país ... Tenemos muchas personas muy peligrosas que quieren venir a nuestro país; y no los vamos a dejar entrar".

Al reiterar esa afirmación, la secretaria del DHS, Kirstjen Nielsen, dijo en un comunicado: "Desde hace mucho tiempo, traficantes y quienes no tienen derecho legal para permanecer en los Estados Unidos" explotan nuestro sistema de inmigración”.

Sin duda, la escalada de agresión a los derchos de los inmigrantes tiene mucho que ver con el llamado de los trabajadores de autopartes de Matamoros para sus contrapartes en los Estados Unidos y a través del mundo a unirse a su huelga y barrer con sus sindicatos. Estos intentos infundados y continuos por parte de la administración de Trump de asociar las caravanas de los migrantes con elementos criminales no son más que un esfuerzo para preparar a la población para la contínua represión sangrienta en la frontera.

En noviembre, el ejército de estadounidense y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) lanzaron gases lacrimógenos, balas de goma y granadas contra los trabajadores desesperados y sus familias en el puerto de entrada de San Ysidro. Las recientes revelaciones de los registros de gastos federales muestran enormes compras de armas y municiones por parte de CBP para atacar la caravana. Uno, por $108,464, está etiquetado: "MUNICIÓN CONTRA LOS INTENTOS DE LA CARAVANA". Otro, por $16,906, dice: "COMPRA DE EMERGENCIA DE EQUIPO ANTIDISTURBIOS EN RESPUESTA A LA CARAVANA DE MIGRANTES CENTROAMERICANOS".

Mientras tanto, en la frontera sur de México con Guatemala, miles de migrantes se han reunido y están esperando visas "humanitarias" para permitirles continuar su viaje hacia el norte. México ha recibido más de 12,000 peticiones de visas humanitarias, que permiten a los beneficiarios permanecer en México por un año.

Sin embargo, AMLO abiertamente favorece el trabajo sucio de la administración Trump para cerrarles la puerta a los inmigrantes centroamericanos en la frontera sur de México.

Los defensores legales advierten que permitir que México se convierta en lo que se conoce por la ley de asilo como un "tercer país seguro", podría permitir a los funcionarios de inmigración de EUA argumentar en el futuro que el asilo en los Estados Unidos ya no es necesario, si tienen "seguridad" en México.

Dicha designación está totalmente en desacuerdo con la realidad de la vida en México, donde casi 28 millones de personas viven en la pobreza extrema, la mayoría de los cuales se concentran en áreas rurales. Un estudio de las Naciones Unidas encontró que el 14 por ciento de los niños sufre de retraso en el crecimiento como resultado de la desnutrición y más de la mitad de los niños mexicanos viven en la pobreza.

La mitad de los 127 millones de residentes de México no ganan lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas, y uno de cada cinco sufre hambre. El Centro de Investigación y Documentación de la Vivienda y la Sociedad Federal de Hipotecas informan que alrededor de 34 millones de mexicanos residen en viviendas atestadas e inadecuadas, con más de dos personas por habitación que viven en chozas construidas con materiales como cartón y cañas.

Según el Informe Mundial sobre los abusos de los derechos humanos en México de 2019, entre diciembre de 2012 y enero de 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recibió más de 4,600 denuncias de abusos cometidos por los militares. Además, el 64 por ciento de la población carcelaria informó haber sufrido violencia física a manos de funcionarios estatales. De estos, “el 19 por ciento reportó haber recibido descargas eléctricas; un 36 por ciento fuer horcado, ahogados o sofocados; un 59 por ciento fue golpeado o pateado. Además, un gran numero (28 porciento) reporta amenazas a sus familias”, señaló.

El país también enfrenta una tasa de homicidios en alza. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de México registró 33,341 homicidios intencionales en 2018, un aumento del 15 por ciento con respecto a 2017, lo que hace de 2018 el más mortal registrado, con un promedio de 91 muertes por día.

En particular, ausente de la cobertura de la caravana está el hecho de que hay miles de mexicanos, particularmente de áreas rurales que buscan asilo en los Estados Unidos, que huyen de las mismas condiciones que sus homólogos de América Central y que también han pasado interminables meses y años languideciendo en Tijuana en busca de refugio en Estados Unidos.

La implementación del MPP se produce inmediatamente después de las múltiples demandas presentadas contra el castigo del gobierno de Trump a más de 10,000 niños inmigrantes detenidos en centros de detención en todo el país. El viernes, el Southern Poverty Law Center (Centro Legal de Pobreza del Sur, SPLC) presentó una demanda colectiva que acusa a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) de victimizar a patrocinadores indocumentados de niños no acompañados. El SPLC afirma que la ORR trabaja con los oficiales de inmigración para arrestar al patrocinador si se determina que son indocumentados. Los abogados afirman que, en el último año, al menos 170 patrocinadores voluntarios han sido arrestados y puestos en proceso de deportación.

Las aspiraciones de los migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México son las mismas que las de la clase obrera internacional, la única fuerza social capaz de defender los derechos de los solicitantes de asilo. Buscan empleos, hogares, atención médica, oportunidades educativas, estabilidad y una vida libre de violencia estatal y de pandillas. Lo que se requiere es la unidad de la clase obrera estadounidense, mexicana y latinoamericana en lucha por un programa socialista que incluya un medidas multimillonarias para reconstruir Centroamérica, a pagarse con la expropiación de la riqueza de los megamillonarios de los Estados Unidos y de todo el continente americano.