El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) y nuestra campaña electoral denuncian la escalada del ataque fascistoide de la administración de Trump contra los inmigrantes.

Trump ha acelerado las deportaciones de más de 1.000 niños desde marzo, enviándolos a peligrosos países de origen antes de que puedan solicitar asilo en los EE.UU. Los menores no acompañados han sido deportados principalmente a México, El Salvador, Guatemala y Honduras, dijo el jueves la agencia de las Naciones Unidas para la infancia, UNICEF, a pesar de las graves preocupaciones por su seguridad.

Otros 447 niños migrantes han sido deportados a Guatemala y Honduras por las autoridades mexicanas durante el mismo período, según la UNICEF. En muchos casos, los niños huyen de países y ciudades de origen donde han sido violados, golpeados o uno de sus padres ha sido asesinado, según abogados y defensores. El organismo advirtió que los niños que son devueltos por los Estados Unidos y México enfrentan una discriminación adicional porque se los percibe como infectados con COVID-19.

Abogados de inmigración y defensores de los derechos humanos han declarado que algunos niños han sido despertados en plena noche en centros de detención y cargados en aviones sin previo aviso a sus familiares. Otros han sido empujados de vuelta a México sólo horas después de haber sido detenidos. Se han unido a las decenas de miles de migrantes obligados a vivir en campamentos de carpas miserables y refugios hacinados a lo largo de la frontera entre EE.UU. y México.

Un total de 95 menores no acompañados que viajaban sin sus padres fueron deportados a Guatemala en marzo, una cifra que ha aumentado en un 500 por ciento desde enero, según el gobierno guatemalteco. Al menos 92 han sido deportados a Guatemala durante la primera mitad de abril.

El gobierno estadounidense es directamente responsable de la infección generalizada de los inmigrantes en los centros de detención con el coronavirus. Añadiendo el insulto a la herida, muchos de los deportados adultos y niños que llegan en avión a Centroamérica son rechazados. El veinte por ciento de los casos conocidos han sido relacionados con la llegada de deportados.

En una declaración la semana pasada, la directora ejecutiva de UNICEF Henrietta Fore dijo, “COVID-19 está haciendo que una mala situación sea aún peor. La discriminación y los ataques se suman ahora a las amenazas existentes, como la violencia de las pandillas que llevó a estos niños a irse en primer lugar”.

Hasta el 16 de mayo, el ICE informó que de 2.368 examinados, había 1.181 casos confirmados de COVID-19 entre los detenidos. El hecho de que el número de casos confirmados no sea mucho mayor se debe sin duda a la ausencia de pruebas serias.

La administración de Trump también está usando la amenaza de COVID-19 para coaccionar a los padres a separarse de sus hijos. Los abogados que representan a los clientes en las cárceles de detención familiar dicen que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está diciendo a los padres que permitirán que los niños salgan de los centros de detención, pero no a los padres.

Una horrible tragedia se está desarrollando. Las leyes internacionales y los estatutos para los niños que una vez ofrecieron protecciones especiales para los jóvenes inmigrantes que buscan asilo han sido convertidos en letra muerta por esta administración.

El gobierno de Trump está justificando las nuevas prácticas en virtud de una ley de 1944 que otorga al presidente un amplio poder para bloquear la entrada de extranjeros al país con el fin de prevenir la “grave amenaza” de una enfermedad peligrosa.

Las arrolladoras leyes antiinmigrantes, los cierres de fronteras y las prohibiciones de viaje de Washington se han presentado como una respuesta a la pandemia, cuando en realidad han sido preparadas desde hace mucho tiempo por un equipo de fascistas, incluyendo al principal arquitecto de la política de inmigración de Trump, Stephen Miller. Según los funcionarios de la Casa Blanca, Miller había considerado durante mucho tiempo las protecciones especiales ofrecidas a los menores como un obstáculo importante para llevar a cabo las prohibiciones de inmigración completas y un obstáculo para las deportaciones rápidas.

Además, funcionarios anónimos dijeron al Times que Miller había presionado durante mucho tiempo para invocar los amplios poderes de salud pública del presidente. Lo intentó en 2019, cuando un brote de paperas se extendió por las cárceles de inmigración de seis estados. Miller lo intentó de nuevo ese mismo año cuando las estaciones de la Patrulla Fronteriza fueron golpeadas por una agresiva temporada de gripe.

La administración de Trump está usando la pandemia como una oportunidad para intensificar sus ataques fascistizantes. El Partido Demócrata, por su parte, es cómplice. Desde el principio de la administración, los demócratas trabajaron para canalizar toda la oposición a Trump, incluyendo el ataque a los inmigrantes, detrás de su reaccionaria y militarista campaña contra Rusia.

A principios de esta semana, Joe Biden, el presunto candidato presidencial de los demócratas, fingió preocupación por la deportación de los niños, tuiteando: “Donald Trump está usando una crisis de salud mundial como excusa para deportar a los niños y seguir separando a las familias”.

La declaración es nauseabunda en su hipocresía. La administración de Obama estableció las condiciones para las deportaciones masivas y las redadas del ICE, y construyó la mayoría de las prisiones de detención en el país. Por esto, Obama llegó a ser conocido como el “deportador en jefe”, con Biden su vicepresidente.

El Partido Demócrata nunca ha tenido reparos en deportar a niños y adultos, o en hacerlos sufrir en los helados centros de detención conocidos como “hieleras”, donde el abuso sexual, físico y verbal es desenfrenado.

El Partido Socialista por la Igualdad exige el fin inmediato de las deportaciones. Todos los inmigrantes y refugiados deben recibir una vivienda segura, un ingreso habitable y acceso universal a los exámenes y a la atención médica. Estos derechos deben ser garantizados a todos los trabajadores como parte de la respuesta necesaria a la pandemia de coronavirus.

El PSI rechaza todos los intentos de dividir a los trabajadores a través de la promoción del nacionalismo y la xenofobia. Los inmigrantes en los EE.UU. han estado particularmente expuestos al coronavirus, con un gran número de trabajadores inmigrantes en los frigoríficos y otras industrias donde el virus se ha propagado rápidamente. Junto con los trabajadores nativos, sus vidas y su seguridad corren un inmenso peligro como resultado de la campaña de regreso al trabajo de la clase dominante.

El PSI lucha por la unidad internacional de la clase obrera. La pandemia del coronavirus demuestra que todos los problemas que enfrenta la humanidad son problemas globales, y que los intereses de los trabajadores de todos los países son los mismos. Estamos a favor de una política socialista de fronteras abiertas: el derecho de todos los trabajadores a vivir en el país que elijan, con plena igualdad y derechos de ciudadanía.

Los recursos existen para garantizar la seguridad y el sustento de todos los trabajadores. El problema es el sistema capitalista que monopoliza la gran mayoría de la riqueza de la humanidad en manos de una pequeña élite corporativa y financiera. La clase dominante ha utilizado la pandemia para llenarse los bolsillos, entregándose a sí misma billones de dólares mientras encabezaba la campaña con la administración de Trump para que los trabajadores regresaran al trabajo y arriesgaran sus vidas, así como las de sus seres queridos.

La lucha por los derechos de los inmigrantes está inextricablemente conectada a la lucha por unificar a toda la clase obrera en oposición al capitalismo y por el socialismo. Hacemos un llamamiento a todos los trabajadores para que se unan al PSI y apoyen nuestra campaña electoral.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 23 de mayo de 2020)