En la ciudad mexicana de Matamoros, en la frontera con Brownsville, Texas, miles de trabajadores en las maquilas se han manifestado para exigir la liberación de Susana Prieto Terrazas, una abogada laboral que trabaja con sindicatos llamados “independientes”.

La policía estatal de Tamaulipas arrestó a Prieto el lunes pasado, 8 de junio, cuando la abogada, su hija y marido salían de un restaurante en Matamoros. Está siendo detenida bajo cargos fraudulentos de instigar una “asonada o motín” en una corte laboral el 10 de marzo.

A pesar de nuestras agudas diferencias políticas con Prieto, que hemos presentado en detalle, el World Socialist Web Site se opone inequívocamente a su arresto y exige su liberación inmediata. Su imputación fraudulenta y detención buscan aterrorizar a los heroicos trabajadores de Matamoros y otras secciones de la clase obrera que se han rebelado tanto contra la corrupta Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM) como contra la política homicida de regreso al trabajo exigida por las gigantes empresas transnacionales y el presidente Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO).

En cuestión de minutos tras su arresto, que transmitió en Facebook, docenas de trabajadores y simpatizantes de Prieto tomaron las calles, organizándose en redes sociales y protestando pacíficamente fuera de la sede policial y la Presidencia Municipal, y luego bloquearon la ruta al aeropuerto.

Un trabajador de la autopartista Tridonex Cardone en la protesta le comentó al WSWS, “Dicen que según la llevan al aeropuerto y que si quieren ir que vayan todos para allá. Acá estamos en la [policía] ministerial. Según aquí está porque entró derechos humanos. Según solo la andan paseando para destantear a la gente”.

Esa noche, docenas de trabajadores bloquearon la autopista interestatal federal por varias horas después de que Prieto fuera trasladada por la policía a la capital del estado, Ciudad Victoria, 320 km al sur. Los trabajadores explicaron que los enfrentaron tropas de la Guardia Nacional.

En el contexto de los brutales asesinatos policiales ocurridos recientemente en México e internacionalmente, así como las desapariciones forzadas y amenazas de muerte contra los manifestantes contra la policía en Guadalajara, los trabajadores de Tridonex describieron el arresto y traslado secreto de Prieto como un “secuestro”. Se planificaron más manifestaciones el fin de semana.

AMLO dio su respaldo tácito al arresto de Prieto a pesar de que ella es una simpatizante política del presidente y su partido Morena. AMLO dijo el viernes pasado que supo del arresto “desde el primer día y di instrucciones de que se revisara el caso”. Sin embargo, lejos de exigir su liberación, el presidente afirmó que el arresto de Prieto es un tema local, dando la misma luz verde que utilizó después de que la policía estatal de Jalisco secuestrara a docenas de jóvenes en Guadalajara en protestas contra los asesinatos policiales de George Floyd en EE.UU. y Giovanni López en Jalisco. “Tiene que ver con el Gobierno del estado de Tamaulipas, no es un asunto federal para aclararlo”.

En una rueda de prensa el miércoles, el fiscal general de Tamaulipas, Irving Barrios Mojica, afirmó que el arresto se basa en una denuncia presentada por la Junta de Conciliación y Arbitraje Número 6 en Matamoros. Barrios alegó que, el 10 de marzo “alrededor de 400 personas, con el pretexto de ejercer su derecho de asociación y manifestación, tumultuariamente perturbaron el orden público con el empleo de la violencia y amenazas de causar daño a las instalaciones así como a los empleados y personal que se encontraba en el inmueble con el fin de intimidar y obligarlos a ejercer funciones sin la competencia ni los requisitos legales correspondientes”.

Prieto está siendo acusada de ser la “instigadora” de “(1) amenazas, (2) asonada o motín, (3) coacción de particulares, (4) delitos cometidos contra servidores públicos”, citando específicamente su integridad “física y moral”.

Barrios dijo que Prieto fue trasladada a Ciudad Victoria el lunes por protestas “de manera intimidatoria y amenazando” frente a la fiscalía en Matamoros, donde se presentó la denuncia.

Después de una audiencia de 20 horas el martes y miércoles, realizada de forma remota, una jueza de control falló que Prieto sería procesada. Barrios añadió que Prieto permanecería detenida en una penal de Ciudad Victoria porque “los hechos fueron cometidos con violencia” el 10 de marzo y presuntamente presenta un riesgo de fuga al tener residencias fuera del estado y país. Las autoridades descartaron las preocupaciones respecto a la hipertensión de Prieto, que la vuelve particularmente vulnerable al COVID-19 que ya ha matado a 11 prisioneros en México.

La protesta del 10 de marzo involucró a trabajadores de Tridonex acompañados por simpatizantes de otras plantas. Fue el punto álgido de 14 meses de protestas y procesos legales para romper con el sindicato patronal SITPME, que pertenece a la CTM. Durante este periodo, los trabajadores tuvieron que lidiar con amenazas y ataques físicos de la policía tamaulipeca, tropas federales y matones sindicales.

Mientras que una parte de los trabajadores apoya dejar el SITPME para unirse al Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Industrias y Servicios (SNITIS) fundado y en gran parte liderado por Prieto, ella no estuvo presente en el evento del 10 de marzo y no se ha hecho pública ninguna evidencia de su involucramiento directo.

Los trabajadores de Tridonex le señalaron al WSWS que su protesta fue impulsada por oposición a “los 14 años que [el líder del SITPME, Jesús] Mendoza nos ha robado nuestras cuotas”. El SITPME opera como un brazo policial de la gerencia para imponer salarios de pobreza—que promedian 1,675 pesos ($75) semanales para operadores en Tridonex—. Los sobornados oficiales sindicales suprimen cualquier oposición a los despidos masivos y condiciones abusivas, mientras las cortes laborales solo le dan el sello oficial a los dictados de las empresas.

En enero de 2019, los trabajadores en Tridonex se unieron a decenas de miles de casi todas las maquilas en Matamoros en una ola de paros salvajes exigiendo que las empresas dejaran de reconocer y darles cuotas automáticas a los sindicatos de la CTM. El 16 de enero de 2019, los huelguistas aprobaron una declaración con esta demanda. La policía de Tamaulipas y los matones de la CTM atacaron y amenazaron a los trabajadores que se manifestaban pacíficamente mientras que la empresa despidió a cientos como represalia. La lucha continuó y alcanzó una cúspide en marzo después de que la corte laboral se rehusara a atender al abogado de los trabajadores (que no era Prieto). El 9 de marzo, los trabajadores de Tridonex llevaron a cabo una huelga salvaje para presionar a la empresa y la corte laboral a que aceptaran su demanda de separarse del sindicato de la CTM.

En la protesta del 10 de marzo, un trabajador le comentó al sitio Rossy Conexión JM que los trabajadores exigían a la junta de conciliación, “que nos deje de descontar Mendoza y acepte la liberación del sindicato”, pero la corte se rehusó diciendo que “supuestamente estamos violando sus derechos”. Añadió: “Lo único que queremos es que nos reciban la papelería porque ya han venido tres o cuatro veces”. En cambio, los trabajadores fueron amenazados por “elementos del ejército y la policía estatal”. Finalmente, cerca de las 2 p.m., se anunció el recibo de los documentos.

El momento del arresto está vinculado a los esfuerzos del Gobierno de López Obrador de satisfacer las demandas de Wall Street y el Gobierno de Trump de poner en operación la cadena de suministro mexicana a las industrias automotriz, electrónica, aeronáutica y militar de EE.UU.

Hay más de 143.000 casos confirmados de COVID-19 en México y al menos 16.782 muertes, cifras reconocidas como subregistros sustanciales. Cientos de trabajadores de las maquilas en Baja California, Chihuahua, Tamaulipas y otros estados fronterizos han muerto por el contagio. Como en los otros países, la indiferencia criminal de la clase gobernante también ha desatado una ola de huelgas y protestas de parte de trabajadores sanitarios, manufactureros, entre otros.

Al arrestar a Prieto, las autoridades mexicanas y los funcionarios sindicales buscan aplastar esta ola de oposición. Los trabajadores en México y en todo el mundo deben exigir la liberación de Prieto y oponerse a este ataque contra los derechos a la libre expresión, asamblea y organización.

Para llevar a cabo esta lucha, los trabajadores necesitan nuevas formas de organización de lucha obrera, comités de base en cada fábrica y lugar de trabajo, independientes de la CTM, los sindicatos “independientes” respaldados por la AFL-CIO y toda facción de la burocracia sindical y élite política. Estos comités necesitan encabezar la lucha por una poderosa contraofensiva industrial y política de la clase obrera en toda Norteamérica en defensa de la salud y por salarios dignos para todos los trabajadores y sus familias.

(Publicado originalmente en inglés el 15 de junio de 2020)