Los diputados de la provincia de Buenos Aires, Myriam Bregman y Alejandrina Barry del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y Gabriel Solano del Partido Obrero (PO), votaron el 18 de junio a favor de adoptar la “definición de antisemitismo” de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA, sigla en inglés), cuyo objetivo es criminalizar la oposición y las críticas contra el sionismo y la opresión de Israel al pueblo palestino.

El proyecto de ley fue introducido por Sandra París de la coalición derechista Juntos por el Cambio (JxC), encabezada a nivel nacional por el exmandatario Mauricio Macri. Solicita “adherir a la resolución 114/2020 dictada por el Ministerio de Relaciones Exteriores” del presidente peronista Alberto Fernández, acogiendo la definición de la IHRA.

El proyecto de ley provee un breve extracto de esta definición, indicando: “Las manifestaciones físicas y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”.

Argentina es la única nación latinoamericana que pertenece a la IHRA, que incluye 34 países, algunos encabezados por Gobiernos que han promovido abiertamente el antisemitismo como Polonia y Hungría.

El Gobierno de Fernández, tras adoptar la definición de la IHRA, ha buscado su aprobación por los distintos cuerpos legislativos y judiciales para darle fuerza de ley.

El origen del proyecto de ley no generó sospechas entre los políticos líderes del PTS y el PO, que pertenecen a la alianza electoral llamada Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT).

Una rápida búsqueda en línea habría producido la definición completa de antisemitismo de la IHRA en español, la cual ha sido objeto de acaloradas controversias en varios países. Impugna como actos antisemitas, “denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia de un Estado de Israel es un empeño racista” y “establecer comparaciones entre la política actual de Israel y la de los nazis”.

Declara que las críticas a las políticas israelíes solo son legítimas si son “similares a las dirigidas contra cualquier otro país”. Dado que ningún otro país está persiguiendo la colonización y anexión de territorios conquistados en guerra, mientras impone una política de facto de apartheid contra los palestinos, quienes componen casi la mitad de la población de Israel y los territorios ocupados, las críticas a estas políticas son, por definición, antisemitas.

No bien se divulgó la noticia del voto del 18 de junio, hubo expresiones amplias de indignación en las redes sociales, incluso de simpatizantes del FIT. Nueve días después del voto, Bregman, Barry y Solano emitieron una declaración intitulada “Rectificamos un error”, dando la excusa poco convincente de que el proyecto de ley fue introducido y votado de un día para otro y “en bloque” junto a casi 100 temas”. Luego, solicitaron a la legislatura bonaerense cambiar su registro a un voto en contra.

Los legisladores explicaron que su voto inicial a favor fue parte de su “lucha a muerte contra el antisemitismo”.

Esta controversia ha estallado bajo condiciones de una profunda y prolongada crisis económica en Argentina fuertemente agravada por la pandemia del COVID-19. Más de la mitad de la población vive bajo la línea de pobreza y el hambre es generalizada. En junio y julio las muertes y contagios de COVID-19 han aumentado exponencialmente en el país. Hay estallidos sociales en el horizonte y la clase gobernante lo sabe.

En enero, Fernández decidió realizar su primera visita oficial como presidente a Israel, donde celebró charlas calurosas con el primer ministro ultraderechista israelí, Benjamin Netanyahu. Él y su predecesor Macri han buscado congraciarse con Israel a fin de reasegurar a Washington y Wall Street de que apoyan los intereses globales geopolíticos de EE.UU.

Desde el voto sobre la resolución de la IHRA, el FIT y sus asociados han intentado controlar el daño. No obstante, ninguna declaración ha abordado el hecho más esencial evidenciado por su voto: los partidos del FIT dan por hecho el gobierno burgués y atribuyen al Estado capitalista y sus principales facciones en Argentina —el macrismo y el peronismo— tendencias potenciales democráticas y progresistas. Únicamente tal postura pudo hacerlos susceptibles a la maniobra proisraelí de JxC y los peronistas, con el pretexto de combatir el antisemitismo.

La resolución del Gobierno de Fernández mencionada abre la puerta a censurar y posiblemente enjuiciar a individuos y organizaciones que se opongan a las políticas de Israel. Presenta la definición de la IHRA como “una herramienta para poder contribuir a la sanción y eliminación de conductas y actitudes basadas en la hostilidad y los prejuicios…”.

En un acontecimiento ominoso, la Organización Sionista Argentina (OSA) ha empleado dicha resolución para amenazar a los legisladores del FIT con acciones legales por expresar oposición “a Israel y al sionismo”. La OSA equipara esto con “odio a los judíos”.

Los diputados del PTS y PO celebraron el 30 de junio una “cordial reunión” y acrítica con el embajador Husni Abdel Wahed de la Autoridad Palestina, la cual opera como la fuerza policial israelí para suprimir la oposición de los trabajadores y jóvenes palestinos en los territorios ocupados.

Al intentar “rectificar” su voto en Buenos Aires, el FIT tan solo ha dado más evidencia de su enfoque nacionalista-oportunista a la política, el cual es hostil a la movilización independiente de la clase obrera y el trotskismo auténtico.

La definición de la IHRA ha sido empleada más famosamente dentro del Partido Laborista británico, el cual utilizó acusaciones de antisemitismo para librar una cacería de brujas contra los miembros de tendencia izquierdista que se unieron al partido en apoyo a la elección de Jeremy Corbyn como líder laborista en 2015.

En 2017 el PTS aclamó a Corbyn por lograr un mejor resultado para el laborismo en las elecciones parlamentarias en junio de ese año, haciendo que los conservadores perdieran su mayoría parlamentaria. Señaló en un tono entusiasta que el laborismo había adoptado “un programa de reformas limitadas, pero de reformas al fin, Corbyn sintonizó con el ‘espíritu de la época’ anti austeridad y anti política tradicional”.

El PTS explicó en su publicación Ideas de Izquierda: “el ascenso de estas formaciones, que como demostró Syriza en Grecia, solo pueden llevar a nuevas frustraciones. Pero no hay fatalidades históricas”. En otras palabras, puede pasar cualquier cosa; quizás estos partidos no traicionarán a la clase obrera. Al final, llaman a la “izquierda revolucionaria” a “acompañar la experiencia” del corbynismo.

El PTS, no obstante, guardó silencio durante la caza de brujas contra los simpatizantes de Corbyn, basada en acusaciones de “antisemitismo” y que involucró directamente al Estado israelí y la complicidad del propio Corbyn. Este fue el resultado de la perspectiva nacionalista de los morenistas, según la cual sus posturas hacia los eventos internacionales derivan completamente de cálculos políticos nacionalistas. Inevitablemente, tal política los dejó totalmente desprevenidos cuando la caza de brujas basada en acusaciones de antisemitismo llegó a Argentina.

El fomento de ilusiones en que un Partido Laborista involucrado en crímenes de guerra imperialistas en la guerra de Irak y medidas brutales de austeridad dentro de Reino Unido podría convertirse en un instrumento para los trabajadores tan solo fue el reflejo de su política en “casa”, basada en respaldar a una u otra facción de la burguesía nacional argentina. Por su parte, el PO llamó a votar por Syriza, que impuso las medidas de austeridad que dijo oponerse y reprimió brutalmente a los refugiados provenientes de Oriente Próximo.

Los partidos dentro del FIT representan a elementos de la clase media-alta que, en busca de puestos parlamentarios, sindicales, académicos y otros con privilegios sociales asociados, intentan desarmar políticamente a la oposición de la clase obrera al capitalismo encadenándola al nacionalismo y a la política burguesa. Constituyen una facción de la élite política capitalista y la burocracia sindical en Argentina.

La política de los morenistas y sus socios de coalición repite hoy los esfuerzos oportunistas de sus predecesores, Nahuel Moreno y el propio PO, quienes se dedicaron a fines de los años sesenta y principios de los setenta a subordinar la clase obrera al Partido Justicialista burgués de Juan Domingo Perón y a la burocracia sindical peronista. Esto ocurrió durante un resurgimiento global de luchas obreras que inició con la huelga general francesa de 1968. Su intervención preparó el escenario para el aplastamiento de la clase obrera y juventud argentina a manos de una dictadura militar fascista y respaldada por EE.UU., instalada durante el golpe de 1976.

Hoy día, en medio de la crisis más profunda del capitalismo global desde la Gran Depresión y ante una dependencia aún mayor de la burguesía argentina en el capital financiero global, el ataque contra la libre expresión involucrado en el escándalo de la IHRA es en sí una advertencia de que la clase obrera recurrirá a métodos autoritarios para proteger el capitalismo. Esto hace aún más urgente el desarrollo de una dirección en la clase obrera argentina que esté firmemente arraigado en una asimilación de las lecciones de la larga historia de lucha de la Cuarta Internacional, es decir, la construcción de una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 29 de julio de 2020)