El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó formalmente el martes la declaración de estado de emergencia nacional iniciada por la administración Obama en 2015, calificando a Venezuela como "una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos."

Esta declaración, que se mantiene en vigor bajo la administración Trump, es el fundamento legal de una serie de sanciones económicas unilaterales draconianas y crecientes de Estados Unidos, destinadas a someter a la población venezolana y a lograr un cambio de régimen en Caracas.

Las esperanzas expresadas por el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro de que Washington suavizaría su política con la elección de Biden —Maduro afirmó públicamente que había leído "tres veces" el discurso de investidura de Biden— se han visto rápidamente frustradas.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, que durante sus audiencias de confirmación rechazó cualquier posibilidad de negociación con el gobierno de Maduro, habló el martes con el títere de la derecha de Washington, Juan Guaidó, dirigiéndose a él como "presidente interino" y declarando las intenciones de EE.UU. de "trabajar con aliados afines ... para aumentar la presión multilateral y presionar por una transición pacífica y democrática", es decir, llevar a cabo un cambio de régimen.

Reuters, por su parte, citó a un funcionario no identificado de la Casa Blanca que afirmó que la administración de Biden no tiene "ninguna prisa" por aliviar el régimen de sanciones de "máxima presión" impuesto bajo el mandato de Trump con el objetivo de bloquear las exportaciones de petróleo de Venezuela y paralizar su economía. El funcionario afirmó que las sanciones incluían exenciones para los suministros humanitarios y que el sufrimiento del pueblo venezolano se debía a que el gobierno de Maduro "impedía activamente la entrega de asistencia humanitaria".

Esta mentira fue desenmascarada por una enviada de las Naciones Unidas, que emitió una denuncia contundente del impacto de las sanciones de Estados Unidos y la UE tras una visita de 12 días al país el mes pasado.

Alena Douhan, relatora especial de derechos humanos de la ONU, pidió el levantamiento inmediato de las sanciones económicas y que los gobiernos de EE.UU., Reino Unido y Portugal concedan a Caracas acceso inmediato a los miles de millones de dólares de fondos venezolanos que están congelados en esos países para que puedan ser utilizados para aliviar la catástrofe humanitaria que asola al país sudamericano.

En sus conclusiones preliminares, Douhan, abogada bielorrusa, afirmó que tanto la declaración de emergencia nacional de EE.UU. de 2015 como las posteriores rondas de sanciones crecientes violan "el derecho internacional" y "el principio de igualdad soberana de los Estados", al tiempo que constituyen "una intervención en los asuntos internos de Venezuela".

La funcionaria de la ONU afirmó que el impacto de las sanciones ha creado "calamidades económicas y humanitarias", con un efecto especialmente "devastador" para los pobres del país.

El efecto de las sanciones y la congelación de activos en el sistema sanitario de Venezuela ha "provocado brotes de malaria, sarampión y fiebre amarilla e infecciones oportunistas", dijo, y añadió que la falta de recursos ha "impedido los trasplantes de hígado y médula ósea a 53 niños venezolanos".

Este impacto se ha visto agravado por la pandemia de COVID-19. "Las reiteradas negativas de los bancos de Estados Unidos, Reino Unido y Portugal a liberar activos venezolanos incluso para la compra de medicamentos, vacunas y kits de protección... impiden la capacidad de Venezuela para responder a la emergencia del COVID-19". El país ha registrado hasta ahora más de 140.000 casos y 1.358 muertes, pero con apenas una décima parte de las pruebas comparadas con las de Estados Unidos, las cifras reales son sin duda muy superiores.

Las sanciones contra el sector energético han provocado escasez de gasolina, lo que "agrava los problemas de distribución de alimentos y suministros médicos, sobre todo en las zonas remotas", informó Douhan, al tiempo que "agrava la inseguridad alimentaria del pueblo venezolano".

También señaló el efecto de las sanciones secundarias, que se traducen en un "exceso de cumplimiento" por parte de empresas e instituciones financieras extranjeras que se niegan a tratar con Venezuela, incluso para la compra o financiación de suministros humanitarios, por temor a incurrir en represalias de Washington. El resultado ha sido que los bancos se niegan a transferir fondos o cobran comisiones exorbitantes que elevan los precios de todos los productos importados.

El régimen de sanciones, concluyó la funcionaria de la ONU, "ha tenido un enorme impacto en el acceso al derecho a la vida, a la educación, a los alimentos, a las medicinas y en cualquier otro ámbito de la vida".

El embajador de EE.UU. en Venezuela, James Story, que opera desde la vecina Colombia, centro de complots de la derecha en el exilio contra el gobierno de Caracas, desestimó el informe de la ONU, afirmando que todas las crisis de Venezuela provienen de "la corrupción del régimen".

El gobierno colombiano ha estado colaborando con Washington y sus agencias de inteligencia, incluyendo la CIA, el FBI y la DEA, en un intento de fomentar las divisiones y la revuelta dentro de los militares venezolanos, acusó el ministro de Defensa de Venezuela, el general Vladimir Padrino, en una entrevista el 28 de febrero en la cadena estatal Venezolana de Televisión (VTV). Padrino dijo que más de 600 miembros de la FANB, los militares venezolanos, habían sido contactados por agentes colombianos y estadounidenses que buscaban ponerlos en contra del gobierno.

Estos esfuerzos han resultado hasta ahora un fracaso. El intento de Guaidó, con el respaldo de Washington, de provocar un golpe militar en abril de 2019 resultó un completo fiasco, lo que llevó a la evaporación del apoyo al "presidente interino". Del mismo modo, un intento de invasión lanzado desde Colombia, apoyado por Guaidó y dirigido por mercenarios estadounidenses en mayo del año pasado terminó con los invasores muertos o capturados tan pronto como aterrizaron.

Sin embargo, además de las sanciones, Washington continúa con sus amenazas militares contra Venezuela, manteniendo el despliegue de la mayor fuerza militar en el hemisferio desde la invasión de Panamá en 1989 con el pretexto de combatir el narcotráfico. El Comando Sur de Estados Unidos, que supervisa las operaciones militares estadounidenses en la región, anunció a finales del mes pasado otra serie de ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Colombia.

Aunque Guaidó mantiene el patrocinio de Washington, con decenas de millones de dólares canalizados a través de él y sus compinches, goza de un apoyo popular cada vez más escaso en la propia Venezuela, y varios gobiernos han abandonado la ficción de que es el "presidente interino" de nada.

Amplios sectores de la oposición de derechas también han rechazado su liderazgo y, desafiando la proscripción de Washington, están planeando participar en las elecciones de gobernadores y locales que está organizando el gobierno a finales de este año.

El gobierno de Maduro está tratando de ganarse el favor de estos elementos de la derecha venezolana, junto con el capital venezolano y extranjero. Ha creado una comisión de "Diálogo, Paz y Reconciliación" en la Asamblea Nacional con el fin de llegar a un acuerdo con el gran lobby empresarial FEDECAMARAS.

Mientras que el gobierno de Maduro cumple indefectiblemente con los pagos de su deuda a los bancos extranjeros y proporciona exenciones fiscales completas a las empresas petroleras extranjeras, toda la carga de la prolongada y profunda crisis económica de Venezuela se ha colocado sobre las espaldas de la clase trabajadora. Los trabajadores han sido sometidos a programas de ajuste estructural, a la evisceración de los derechos laborales y a la supresión de sus luchas contra la destrucción del nivel de vida y del empleo.

Abandonando las políticas nacionalistas burguesas en las que se basaban las pretensiones del "socialismo del siglo XXI" bajo el predecesor de Maduro, Hugo Chávez, el gobierno de Maduro aprobó a finales del año pasado su "Ley Antibloqueo". Esta legislación, presentada como un medio para contrarrestar el régimen de sanciones de Washington, tiene como objetivo proporcionar las condiciones más atractivas para el capital internacional, permitiendo a los inversores privados tomar el control de las industrias nacionales y facultando al gobierno para rescindir las restricciones anteriores a la propiedad extranjera, incluso en el sector estratégico de la energía, que fue nacionalizado mucho antes de la llegada del chavismo. Como dice una cláusula de la ley, su objetivo es "estimular o beneficiar la participación, gestión y operación parcial o total del sector privado nacional e internacional en el desarrollo de la economía nacional".

Los acomodos del gobierno de Maduro tanto con la derecha venezolana como con el imperialismo mundial están impulsados por su principal preocupación: un desafío desde abajo a la riqueza y los privilegios de los sectores de la burguesía venezolana que constituyen su principal electorado.

Sin embargo, Washington no se dará por satisfecho hasta que consiga instalar un régimen títere estadounidense en Caracas. Su agresión contra Venezuela está impulsada por la determinación del imperialismo estadounidense de contrarrestar la creciente influencia china y rusa en su "patio trasero." Habiéndose opuesto a Trump desde la derecha, por considerarlo demasiado "blando" con Moscú y Pekín, los demócratas en el poder en Washington sólo intensificarán la agresión imperialista en América Latina.

Como las políticas de derecha de Maduro y los acercamientos al imperialismo dejan en claro, la defensa de las masas venezolanas contra la agresión imperialista y la austeridad capitalista sólo puede llevarse a cabo con éxito oponiéndose a todas las facciones de la burguesía y movilizando a la clase obrera de forma independiente sobre la base de un programa internacionalista y socialista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 4 de marzo de 2021)