A la par del último aumento de contagios y muertes por COVID-19, está a punto de estallar otra crisis social dado que la suspensión federal de desahucios iniciada en septiembre terminará el fin de semana. Millones están amenazados con perder sus hogares, empeorando la situación ya grave de los estadounidenses según la pandemia inicia una nueva etapa mortal.

El Gobierno de Biden anunció el jueves que dejaría expirar el sábado la prohibición de los desahucios en todo el país, declarando que correspondía al Congreso, a falta de dos días, prorrogar la medida. La Casa Blanca alegó que el presidente tiene las manos atadas y que no había nada que Biden pudiera hacer por los más de seis millones de familias que se han retrasado en el pago de los alquileres, citando la decisión de la Corte Suprema del mes pasado de solo permitir una extensión de la moratoria hasta finales de julio.

Según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano, aproximadamente 6,4 millones de hogares estaban atrasados en el pago del alquiler a finales de marzo. En julio, unos 3,6 millones de personas en EE.UU. declararon que se enfrentaban a un desahucio en los próximos dos meses, según la Encuesta de Pulso de Hogares de la Oficina del Censo de EE.UU.

Un análisis de los datos de la encuesta realizado por el New York Times descubrió 250 condados en los que al menos el 20 por ciento de los inquilinos están atrasados en sus pagos, lo que amenaza con un grave aumento de las personas sin hogar en todo el país. Algunos condados del sur rural presentan una tendencia más preocupante, ya que más de uno de cada cuatro inquilinos está atrasado. En todo el país, la deuda por alquileres asciende a unos 23.000 millones de dólares, con un promedio por hogar de 3.800 dólares atrasados.

En los 84 condados urbanos más poblados, los inquilinos deben una factura colectiva de 13.000 millones de dólares. Casi 300.000 inquilinos del condado de Los Ángeles deben en promedio $5.300 de alquiler atrasado. Más de 400.000 inquilinos de la ciudad de Nueva York deben un total de $2.000 millones. Chicago, Houston, Dallas, Miami, Filadelfia, Phoenix y San Diego tienen al menos 55.000 familias en riesgo de quedarse en la calle.

El Congreso ha asignado casi $47.000 millones en fondos federales de ayuda de emergencia para el alquiler a través de la Ley CARES, pero sólo una mínima parte se ha distribuido entre los inquilinos necesitados. Según datos estatales y federales de junio, los estados y las localidades solo han distribuido unos $3.000 millones de los primeros $25.000 millones deayuda. Algunos estados como Nueva York no han distribuido casi nada, mientras que varios solo han aprobado unos pocos millones de dólares.

Por ejemplo, a California solo han llegado $158 millones a los inquilinos, mientras que los residentes solicitaron más de $1.000 millones en ayudas al alquiler. Carolina del Sur está mucho peor: se ha desembolsado menos de un millón de dólares, de los 39 millones solicitados, lo que supone menos del 1 por ciento de los fondos que se están gastando. A mediados de julio, el programa estatal de ayuda de emergencia para el alquiler solo había tramitado 226 solicitudes de ayuda para el alquiler. Mientras tanto, el 29 por ciento de los inquilinos de Carolina del Sur declararon estar atrasados en el pago del alquiler, el porcentaje más alto del país.

Una encuesta de NBC News reveló que 26 de los 41 estados de EE.UU. encuestados habían distribuido menos del 10 por ciento de su primera ronda de ayudas de emergencia para el alquiler, y muchos estados no empezaron a repartir el dinero hasta junio. Los expertos señalan numerosas razones por las que la ayuda aún no ha llegado a los inquilinos, como la falta de directrices federales para la distribución, procesos de solicitud demasiado complicados y excesivos requisitos de documentación para demostrar la necesidad.

La mitad de las familias que se enfrentan a un desahucio no cumplen los requisitos para recibir ayuda federal debido a sus ingresos. En consecuencia, los fondos solo llegan a una pequeña parte de los que más los necesitan.

Un informe de 2020 del Instituto Aspen descubrió que casi una cuarta parte de los hogares estadounidenses gastaban más de la mitad de sus ingresos mensuales en el alquiler. Los inquilinos de esta categoría tenían muchas más probabilidades de estar en el umbral de pobreza federal o por debajo de él. Estos hogares representan a millones de trabajadores que a duras penas sobreviven de cheque en cheque, o que están a un accidente o evento desafortunado de la ruina financiera. Ya asolados por las consecuencias socioeconómicas de la pandemia, estos trabajadores y sus familias, entre 30 y 40 millones de personas, se enfrentan al desahucio, lo que les expone a un mayor riesgo de contraer y morir a causa del COVID-19.

A nivel individual, las familias desahuciadas no podrán recuperarse fácilmente de su expulsión. Un desahucio es una mancha que puede perseguir a una persona durante años. Los propietarios suelen discriminar a las personas con un desahucio en su historial crediticio y les niegan el alojamiento.

Al mismo tiempo, la confluencia de la rápida propagación de la variante del Delta con decenas de millones de posibles desalojos en las próximas semanas augura una catástrofe social.

La campaña de vacunación incompleta de la Administración de Biden ha dejado a la población de muchas partes del país aún vulnerable al virus y a sus diversas mutaciones. La organización Public Health Informatics, Computational, and Operation Research (PHICOR) estima que más del 40 por ciento de los estadounidenses podrían no estar suficientemente protegidos contra la variante Delta, que se está extendiendo rápidamente.

La organización también calcula que más del 98 por ciento de los residentes en EE.UU. viven en condados en los que menos del 70 por ciento de la población está totalmente vacunada. Además, el 82 por ciento de los residentes viven en localidades con menos del 60 por ciento de la población totalmente vacunada.

Incluso aquellos que están vacunados siguen siendo vulnerables, ya que la variante Delta ha demostrado la capacidad de evadir la inmunidad otorgada por la vacuna. Y en todo Estados Unidos, los niños menores de 12 años no pueden ser vacunados, lo que garantiza aún más la propagación de la enfermedad mientras el Gobierno de Biden presiona para la reapertura total de las escuelas.

La Casa Blanca emitió un flojo comunicado en el que afirmaba la simpatía de Biden por los inquilinos que se enfrentan a un momento de “mayor vulnerabilidad”, y en el que Biden pedía dócilmente que “el Congreso amplíe la suspensión de los desahucios para proteger sin demora a esos inquilinos vulnerables y a sus familias”.

“Dada la reciente propagación de la variante Delta, incluso entre los estadounidenses que tienen más probabilidades de enfrentarse a desahucios y que carecen de vacunas, el presidente Biden habría apoyado firmemente una decisión de los CDC de ampliar aún más esta suspensión de desahucios para proteger a los inquilinos en este momento de mayor vulnerabilidad”, dijo la Casa Blanca en un comunicado. “Lamentablemente, la Corte Suprema ha dejado claro que esta opción ya no está disponible”.

La Corte Suprema falló por mayoría de 5-4 el mes pasado permitir que la prohibición de desalojos continúe hasta finales de julio. El juez Brett Kavanaugh, que se unió al ala “liberal” del tribunal en la decisión, dejó claro que bloquearía cualquier extensión adicional a menos que hubiera una “autorización clara y específica del Congreso”.

Los demócratas de la Cámara de Representantes introdujeron el jueves un proyecto de ley de última hora para extender la suspensión hasta finales de año, pero solo ha sido para cuestiones de imagen. Los demócratas son plenamente conscientes de que el proyecto de ley moriría inmediatamente una vez que llegara al Senado, donde los demócratas pretendían aprobar una prórroga de un mes mediante una votación oral. Sin embargo, una sola objeción republicana acabaría instantáneamente con la legislación. Teniendo en cuenta que la gran mayoría de los republicanos y muchos demócratas “moderados” se oponen a una prórroga, no hay duda sobre el destino del proyecto de ley.

La inminente ola de desahucios no es simplemente el resultado de la pandemia en curso, sino que se deriva de la política consciente de la élite financiera. Cada decisión tomada en relación con la pandemia se ha basado en los intereses de Wall Street y del imperialismo estadounidense. Decidida a asegurar la continua extracción de ganancias de la clase trabajadora, la clase dominante ha eviscerado y abandonado cualquier medida seria para contener el COVID-19.

En respuesta al abandono de las medidas de distanciamiento social y a la reapertura forzosa de las escuelas y las empresas, las bolsas de valores se han disparado, con los índices bursátiles Dow Jones y S&P alcanzando máximos históricos esta semana. En el transcurso de la pandemia, los multimillonarios del mundo han visto sus fortunas aumentar meteóricamente junto con el número de muertes, que ya supera los cuatro millones en todo el mundo.

La crisis social que se está desarrollando en Estados Unidos es una condena contra el sistema capitalista, demostrando tanto su incapacidad para hacer frente a la crisis social como la necesidad de construir un movimiento obrero que busque reorganizar la sociedad basándose en las necesidades humanas y no en el afán de lucro.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de julio de 2021)