El miércoles 19 de julio, al menos 20.000 personas de todo Perú participaron en una “Tercera Toma de Lima”, planeada por meses, y fueron acompañadas por más de 95 protestas y bloqueos en gran parte del país. Miles han seguido manifestándose en los días siguientes y se han convocado protestas en las festividades del Día de la Independencia el 28 y 29 de julio.

Los manifestantes exigieron la renuncia del régimen fascistizante bajo Dina Boluarte, su enjuiciamiento, el cierre del Congres, nuevas elecciones y la liberación de Pedro Castillo, quien fue encarcelado bajo cargos fraudulentos de rebelión tras su derrocamiento en un golpe parlamentario respaldado por EE.UU. en diciembre. Desde entonces, la policía y el ejército han reprimido brutalmente a los manifestantes, incluso con municiones reales, matando al menos a 70 y dejando a cientos heridos.

El miércoles, las protestas fueron atacadas por policías antidisturbios en Lima y Huancavelica, donde fue incendiada la prefectura y los estudiantes tomaron una universidad. Al menos siete manifestantes y periodistas fueron heridos.

Tras meses de bloqueos y huelgas localizadas y esporádicas, las protestas del 19 de julio fueron las más grandes a nivel nacional desde marzo. La fecha fue elegida por la huelga general del 19 de julio de 1977 que paralizó Lima y varias ciudades y llevó a la renuncia de la dictadura militar apoyada por EE.UU. bajo el Gral. Francisco Morales Bermúdez.

Como lo demostró el predominio de contingentes limitados de grupos de campesinos indígenas y estudiantes, los organizadores de la Coordinadora Nacional Unificada de Lucha (CNUL) y los políticos de oposición se rehusaron a convocar huelgas y movilizar a la clase trabajadora en la ciudad de 10 millones.

En medio de fuertes aumentos en los niveles ya altos de pobreza y desigualdad, y cuando las encuestas muestran que más del 80 por ciento de los peruanos rechaza a Boluarte, el Congreso y quiere nuevas elecciones, la ultraderecha solo se mantiene en el poder gracias al papel traicionero que están desempeñando los líderes de las manifestaciones y de la pseudoizquierda.

La CNUL está controlada por la burocracia Confederación General de los Trabajadores del Perú (CGTP), a su vez encabezada por los estalinistas del Partido Comunista Peruano, su frente, la Asamblea Nacional de los Pueblos y la Central Única Nacional de Rondas Campesinas, que consiste en patrullas autónomas indígenas a cargo de la seguridad local.

Por meses, estas organizaciones han intervenido en numerosas asambleas y reuniones locales para ganar control sobre las protestas antigolpistas, que inicialmente se caracterizaron por su falta de líderes y espontaneidad y por estar dominadas por campesinos y trabajadores agrícolas y rurales. No obstante, la CNUL insiste en las mismas tácticas de bloqueos y marchas aislados, que fueron pronta y brutalmente dispersados por la policía y el ejército, que ahora están siendo entrenados y acompañados en el terreno por tropas estadounidenses con el objetivo principal de minimizar sus efectos en los intereses mineros y comerciales.

Las direcciones estalinistas y campesinas tienen un largo historial de desviar la oposición a varios Gobiernos y la extrema derecha en apoyo a una u otra facción de la élite gobernante capitalista, la cual procede a atacar y reprimir a los trabajadores, como en el caso del Gobierno de Pedro Castillo.

Los líderes de la “toma de Lima” representan, en última instancia, a capas de la burguesía provincial e indígena y de la clase media-alta urbana, que están ofreciendo ayudar a contener y desviar el malestar social hacia un callejón sin salida, a cambio de concesiones económicas y políticas para sí mismas. Esto se ve reflejado en su llamado a una Asamblea Constituyente, que hoy canalizaría la oposición social detrás de un intento de darle nueva vida a las instituciones políticas de la burguesía que se encuentran terminantemente desacreditadas, al tiempo en que se integraría a las élites indígenas y de la clase media más estrechamente en la burocracia capitalista estatal.

Un editorial de José Carlos Requena en el diario derechista El Comercio subrayó el carácter limitado de la “toma de Lima” y aplaudió a la “izquierda”, pero advirtió que “el alivio por el control de la convulsión social puede ser solamente pasajero”. Requena apuntó a las condiciones de estancamiento económico, oposición popular a Boluarte y el exceso de confianza del régimen, como los alardes del primer ministro Alberto Otárola de que la población siga con su día normalmente durante la “toma” e incluso que asista al clásico de fútbol sin preocuparse.

El régimen ha seguid describiendo a los manifestantes como terroristas y ha clasificado todas las protestas como amenazas, mientras también ha hecho acercamientos a la dirección sindical y pseudoizquierda, y no se han quedado sin respuesta.

El régimen ha seguido tildando a los manifestantes de terroristas y calificando todas las protestas de amenazas, al tiempo que ha hecho llamamientos a la dirección sindical y a la pseudoizquierda, que no han quedado sin respuesta.

El 1 de mayo, Isabel “Chabelita” Cortez, exdirigente sindical y actual legisladora de la coalición pseudoizquierdista Juntos por el Perú, aceptó recibir un premio de Boluarte, lo que fue ampliamente visto como un gesto de apoyo al régimen. Pocos días después, la coalición de sindicatos de la empresa estatal Petroperú publicó un comunicado en el que expresaba “nuestro total respaldo a la gestión y posición del ministro Oscar Vera Gargurevich”, en referencia al titular de Energía y Minas de Boluarte.

Poco después del golpe, la dirección de la CGTP se reunió con Boluarte y reconoció su legitimidad, antes de distanciarse y pedir su dimisión para poder controlar más efectivamente los disturbios.

Los esfuerzos contrarrevolucionarios de estas “organizaciones sociales” han envalentonado a la clase dominante y al imperialismo, que pretenden establecer un régimen fascistizante y autoritario tras una prolongada crisis de dominio burgués que ha visto seis presidentes en menos de cinco años.

Boluarte ha abandonado sus promesas de elecciones anticipadas y asegura que permanecerá en el poder hasta 2026, mientras que el Congreso ha concentrado en sus manos los poderes para destituir a las autoridades electorales y judiciales. Como señal del carácter de las políticas económicas que se planean, el 71 por ciento de los empresarios aprueban a Boluarte, según una reciente encuesta de IPSOS.

Incluso los derechos democráticos más básicos están siendo desechados. En un caso relacionado con los bloqueos de calle a la tercera mayor mina de cobre del país, Las Bambas, la Corte Suprema dictaminó en mayo que todos los cortes de carretera y las protestas sociales son violentas y constituyen un delito.

A principios de este mes, se produjeron expresiones generalizadas de indignación después de que el Ministerio de Cultura sostuviera una reunión con el grupo neonazi La Resistencia, incluido su líder Juan Muñico Gonzales (Jota Maelo).

Después de que la ministra Leslie Urteaga reconociera que había aprobado la invitación (alegando primero que formaba parte de un esfuerzo por “dialogar con todos” para impulsar la campaña “Perú sin racismo”), el Gobierno subrayó que no sería despedida. El vocero del partido de extrema derecha Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, y otros legisladores de derecha defendieron la reunión. Diana Álvarez, una directora del ministerio, dimitió en señal de protesta, indicando que la reunión no tenía nada que ver con una campaña contra el racismo.

La Resistancia emplea el saludo nazi y retórica antisemita y opera como fuerza de choque del ala fujimorista de la élite política, llevando a cabo amenazas y ataques violentos contra opositores políticos, periodistas, jueces y otros funcionarios. Esto ha incluido acoso a Avelino Guillén por liderar el enjuiciamiento contra el dictador Alberto Fujimori, padre de Keiko, por las masacres llevadas a cabo por sus escuadrones de la muerte.

El Gobierno de Biden desempeñó un papel clave en el golpe que instaló a Boluarte y está proporcionando al régimen todo su apoyo político y material. La embajadora estadounidense Lisa Kenna, veterana de la CIA, utilizó las redes sociales e “indicaciones” entre bastidores al mando militar para desobedecer las órdenes de Castillo en su intento de disolver el Congreso y evitar su destitución el día del golpe.

El mes pasado, claramente anticipando la reanudación de las protestas, el Congreso peruano aprobó el despliegue de más de 1.200 soldados estadounidenses en Perú con equipo militar hasta finales de año. Las fuerzas estadounidenses se desplegaron rápidamente por todo el país y han dirigido varios ejercicios militares conjuntos, entre ellos un “Intercambio Bilateral de Operaciones en la Selva” de 16 días con marines estadounidenses y los ejercicios Resolute Sentinel con la Fuerza Aérea estadounidense.

En febrero, Boluarte aprobó un desembolso de 64,6 millones de dólares para la compra de armamento para operaciones represivas. Según contratos reportados por La República, los militares compraron cientos de armas y miles de municiones letales y “no letales” a principios de este mes a empresas estadounidenses e israelíes. El mayor contrato fue por 7,9 millones de dólares en equipos antidisturbios de una empresa fantasma llamada Sourcing Group Corp. con sede en Miami y propiedad del peruano Sergio Pérez Pomar. Este contrato sin licitación afirma que el armamento está destinado a “efectuar el orden interno respecto de los diversos conflictos sociales”.

Mientras afirma defender “la libertad y la democracia” en todo el mundo, el imperialismo estadounidense espera utilizar el régimen fascistizante de Boluarte para alejar a Perú de su principal socio económico, China, y aplastar cualquier oposición desde abajo a sus intereses lucrativos.

Para defender sus derechos sociales y democráticos básicos, los trabajadores peruanos deben organizarse independientemente de la burocracia sindical y las direcciones indígenas y hacer uso de su propio poder sobre todas las palancas principales de la economía, en las minas, la agroindustria, las plantas manufactureras, el transporte, los puertos, las escuelas y otros sectores clave. La clase obrera necesita asumir la dirección de la lucha contra Boluarte, pero esto solo puede hacerse bajo sus propias banderas y organizaciones de base.

El aliado más poderoso de los trabajadores peruanos y el único que puede ayudarles en su lucha fundamental contra el imperialismo estadounidense es la clase obrera de Estados Unidos y de otros países avanzados, de toda América Latina y del resto del mundo.

La renovación de las protestas contra Boluarte bajo el control del mismo podrido aparato político controlado por los estalinistas y la pseudoizquierda pone de relieve la urgencia de la construcción de una nueva dirección en la clase obrera bajo su propio programa internacionalista, socialista y revolucionario, una sección del Comité Internacional de la Cuarta Internacional.

(Publicado originalmente en inglés el 23 de julio de 2023)