El juicio criminal contra el expresidente Donald Trump sobre “pagos por silencio” a la actriz porno Stormy Daniels inició el lunes en Manhattan. El juez Juan Merchan sentó una serie de fallos procesales, lo que fue seguido por las entrevistas a los posibles primeros miembros del jurado en lo que se espera que sea un proceso largo y contencioso de seleccionar el jurado. 

El caso neoyorquino, llevado por el fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, es una distracción de las trascendentales cuestiones políticas planteadas por los cuatro años de Trump en la Casa Blanca y los tres años posteriores durante los que ha estado tramando y preparando su regreso al poder. 

No está conectado de ninguna manera con los verdaderos crímenes de Trump, en particular su papel protagónico en el intento de golpe de Estado del 6 de enero de 2021, cuando sus partidarios atacaron el Capitolio de Estados Unidos para bloquear la certificación por parte del Congreso de las elecciones presidenciales de 2020, ganadas por el demócrata Joe Biden, e intentar mantener a Trump en la presidencia a pesar de que el pueblo estadounidense lo había rechazado.

El encuentro sexual de Trump con Daniels solo tiene interés para su mujer y su familia. El dinero pagado a Daniels durante la campaña electoral de 2016 para evitar que vendiera su historia a los medios de comunicación tampoco resulta interesante. La forma en que los fondos fueron transferidos desde Trump a través de su asistente personal Michael Cohen a Daniels constituye a lo sumo una violación técnica de las leyes electorales federales, que normalmente se resolvería con el pago de una multa. 

En cuanto a la ley estatal, la presentación de informes comerciales falsos, que presentaban el dinero desembolsado a Cohen como pagos por servicios jurídicos, era solo un delito menor, y el plazo de prescripción expiró hace tiempo. El fiscal Bragg, sin embargo, convirtió el delito menor en un delito grave alegando que los informes falsos eran un elemento de una conspiración para violar la ley federal, a pesar de que ningún fiscal federal ha decidido presentar un caso de este tipo. Acusó a cada uno de los 34 informes falsos por separado como un delito grave de cuatro años, con un máximo combinado de 20 años de prisión tras la condena.

Tanto el fondo como el calendario del caso están claramente calculados para beneficiar al Partido Demócrata en las elecciones de 2024, al menos en parte confinando a Trump en la sala del tribunal de Manhattan, lejos de su propia campaña presidencial, todos los días del juicio, que se espera que dure muchas semanas. Ese cálculo político bien podría ser totalmente erróneo. 

Ciertamente, a lo largo del último año Trump ha hecho uso del carácter obviamente inventado y políticamente motivado del caso criminal de Manhattan para afirmar que todos los demás cargos contra él -en particular los relacionados con el 6 de enero y otros esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020— son igual de fraudulentos. 

Solo el Partido Demócrata podía ofrecer a Trump la oportunidad de presentarse como víctima de un montaje político y hacerlo con un mínimo de credibilidad. Es consistente con la postura demócrata desde que Trump entró por primera vez en la Casa Blanca de evitar todas las cuestiones democráticas fundamentales planteadas por la transformación del Partido Republicano, bajo los auspicios de Trump, en una formación política cada vez más fascista. 

Las diferencias de los demócratas con Trump han girado en gran medida en torno a la política exterior, en particular sobre el uso de Ucrania como punta de lanza política y militar contra Rusia. Esto se remonta al golpe del Maidán de 2014, bajo la Administración de Obama-Biden, que derrocó a un presidente prorruso electo e instaló en Kiev un régimen de derecha virulentamente antirruso, respaldado por grupos fascistas y neonazis. 

Tanto la investigación de Mueller, basada en falsas acusaciones de una gran injerencia rusa en las elecciones estadounidenses de 2016, como el primer juicio político de Trump, que se basó en su retención temporal de la ayuda militar estadounidense a Ucrania, fueron ejemplos de este enfrentamiento en materia de política exterior. Hoy, la cuestión central para el oficialismo en Washington es cómo pasar otros 60.000 millones de dólares en ayuda militar de emergencia a Ucrania, ante la oposición de una parte de los republicanos de la Cámara de Representantes. 

Nada de esta realidad política se reconoce en la cobertura del juicio de Trump en los medios corporativos. En su lugar, hay comentarios solemnes y en voz baja sobre el carácter “histórico” del primer juicio penal de la historia contra un expresidente. 

La pregunta obvia, que por supuesto nunca mencionan los noticieros, es por qué Trump debería ser el primero. Todos los expresidentes de la historia reciente debieron ser procesados penalmente bajo cargos como autorizar asesinatos en masa, librar guerras ilegales, apoyar golpes militares, autorizar la tortura y el espionaje a todo el mundo, incluidos los ciudadanos estadounidenses. Pero estas acciones, cometidas en defensa de los intereses mundiales de la élite gobernante estadounidense, no son consideradas delitos por el sistema de “justicia” estadounidense. 

Y ahora Trump, que como presidente separó a miles de niños migrantes de sus padres, rompiendo irreparablemente a muchas familias, incitó abiertamente a la violencia fascista contra adversarios políticos, y fue el primer presidente que desafía los resultados de unas elecciones en las que perdió contundentemente, es procesado por algo que no es delito en absoluto. 

Como escribimos el año pasado: 

Pagarle a alguien para que guarde silencio sobre un encuentro sexual o comprar la historia de alguien para no publicarla no es ilegal. Tampoco lo es mentir sobre cuestiones de conducta personal en el curso de una campaña electoral. Si se procesara a todos los políticos que mintieran sobre estos asuntos, las cárceles se desbordarían. 

La criminalización de la conducta sexual privada es fundamentalmente reaccionaria, como lo son los escándalos sexuales en general. Degradan la conciencia popular y sofocan la comprensión política bajo una avalancha de sensacionalismo y puritanismo. El uso de tales acusaciones siempre implica un intento de ocultar a las masas las verdaderas disputas políticas en el seno de la élite gobernante. 

En cuanto a los “pagos por silencio”, es bien sabido que el presidente demócrata Bill Clinton ofreció pagar 700.000 dólares a Paula Jones para resolver su demanda por sus acusaciones de conducta impropia. En aquel caso, los abogados republicanos de derecha convencieron a Jones que rechazara el dinero para tenderle la trampa a Clinton por perjurio que condujo a su juicio político. En el caso actual, un fiscal de distrito demócrata está utilizando métodos igualmente subrepticios. No hay nada progresista ni democrático en semejante cinismo político. 

El WSWS y el Socialist Equality Party (SEP; Partido Socialista por la Igualdad) se oponen intransigentemente a la política tanto de Trump como de sus oponentes demócratas. Hemos advertido constantemente sobre la transformación fascista del Partido Republicano, incluso cuando Biden y los demócratas siguen pidiendo a sus “colegas” republicanos que se unan a ellos en una política bipartidista de militarismo en el extranjero y de austeridad y ataques antidemocráticos contra los inmigrantes y los manifestantes contra la guerra en casa. 

No entregamos la defensa de la democracia al “genocida Joe” ni a los demócratas, el partido de Wall Street y del aparato militar y de inteligencia. El único método eficaz para luchar contra la amenaza del fascismo personificado por Trump es la movilización de la clase obrera, mediante el desarrollo de la lucha de clases y la organización política de los trabajadores como fuerza independiente contra los dos partidos del gran capital.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 15 de abril de 2024)