Desde finales de abril, Rio Grande do Sul ha estado enfrentando los devastadores efectos de lluvias e inundaciones históricas que han afectado prácticamente a todo este estado brasileño más al sur, con casi 11 millones de habitantes. Una serie de factores climáticos, principalmente aquellos asociados con el calentamiento global producido por el capitalismo e intensificados el año pasado por El Niño, están detrás de una de las mayores tragedias climáticas de Brasil, uno de los últimos eventos meteorológicos extremos en el mundo.

Las temperaturas récord en el Océano Atlántico Sur han aumentado la frecuencia e intensidad de sistemas meteorológicos que traen frío y humedad a Rio Grande do Sul. Entre abril y mayo, una secuencia de estos eventos no se propagó al resto de Brasil debido a una masa de aire cálido en el Medio Oeste y el Sureste de Brasil asociada con temperaturas récord para esta época del año. La humedad que llegó a Rio Grande do Sul por sistemas meteorológicos del Atlántico Sur se encontró con la que provenía de la región amazónica en el norte de Brasil, condensándose en precipitaciones récord en el estado.

En dos ciudades de Rio Grande do Sul, Fontoura Xavier y Caxias do Sul, llovieron 778 mm y 694 mm, respectivamente, entre el 22 de abril y el 6 de mayo. Esto equivale a la precipitación media para estas ciudades durante los primeros cinco meses del año, cuando más llueve en Rio Grande do Sul.

Como resultado, pueblos enteros han quedado inundados. Según el boletín de Defensa Civil del 27 de mayo, el 94 por ciento de los municipios del estado (469 de 497) fueron afectados, impactando a más de 2.000.000 de personas. Ya se han confirmado 169 muertes, y 56 personas siguen desaparecidas. Más de 800 personas resultaron heridas.

Las inundaciones destruyeron gran parte de la infraestructura en Rio Grande do Sul. Puentes fueron arrasados y 100 carreteras quedaron total o parcialmente bloqueadas, dificultando no solo el rescate y traslado de residentes, sino también el transporte de medicinas y alimentos.

El sistema de salud tuvo alrededor de 100 hospitales afectados, 17 de los cuales tuvieron que suspender completamente sus servicios. Según un informe del 20 de mayo en el diario Folha de São Paulo, un solo hospital, la Sala de Emergencias de Canoas, estima una pérdida de R$35 millones (US$6,7 millones), que incluye mobiliario, tecnología de la información, fontanería, tubos de succión y oxígeno, entre otros equipos.

El sistema educativo estatal tuvo el 40 por ciento de sus escuelas afectadas de alguna manera. Los sistemas de electricidad, agua y alcantarillado han sido severamente dañados. En la capital del estado, Porto Alegre, una planta de tratamiento de agua fue destruida y no se espera que vuelva a funcionar, mientras que las otras cinco están operando a capacidad reducida.

Es difícil encontrar agua potable y otros suministros esenciales. La ropa, mantas y artículos de higiene llegan a las víctimas gracias a donaciones enviadas desde todo el país. El 18 de mayo, el diario Correio Braziliense informó que los alcaldes de la capital y de otros cinco municipios de la región metropolitana advirtieron sobre el riesgo de escasez de alimentos y pidieron a los gobiernos federal y estatal crear corredores humanitarios para productos alimenticios básicos.

El Aeropuerto Internacional Salgado Filho en Porto Alegre ha suspendido sus operaciones indefinidamente y se espera que permanezca cerrado hasta por seis meses. Los tres puertos del estado, responsables de conectar el 30 por ciento del producto interno bruto del estado con mercados internacionales, también han sido afectados y hasta ahora solo uno ha reanudado sus operaciones.

Solo 20 días después de que comenzaran las fuertes lluvias, el agua comenzó a retroceder en la capital y otros municipios. Pero la situación sigue siendo crítica en varias áreas que aún están inundadas, y en todo el estado hay alrededor de 56.000 personas viviendo en refugios y 580.000 desplazadas (en casas de amigos o familiares), según el boletín de Defensa Civil del 27 de mayo.

El secretario de Desarrollo Social de Rio Grande do Sul ya ha declarado que algunos de los 770 refugios que atienden a personas desarraigadas por la lluvia permanecerán en su lugar durante meses.

La política capitalista de los desastres climáticos

La tragedia en Rio Grande do Sul ocurre en medio de una intensificación de desastres climáticos en Brasil, exacerbando aún más la enorme desigualdad social en uno de los países más desiguales del mundo. Aproximadamente 16,6 millones de los 215 millones de habitantes del país viven en favelas, barrios marginales asociados con condiciones precarias y viviendas inseguras que son más susceptibles a tales desastres.

Solo por mencionar los últimos años, entre finales de 2021 y principios de 2023, se registraron grandes inundaciones y deslizamientos de tierra en el sur de Bahía, el norte de Minas Gerais, la región montañosa de Río de Janeiro, la capital de Pernambuco y la costa de São Paulo. El desastre causado por lluvias más mortífero hasta la fecha fue en enero de 2011, en la región montañosa de Río de Janeiro, con deslizamientos de tierra e inundaciones que mataron a 918 personas.

Mientras muchos estados costeros de Brasil sufren un aumento de las lluvias y sus consecuencias, innumerables otras regiones del país enfrentan sequías récord. En 2021, el Medio Oeste y Sureste experimentaron su sequía más prolongada en 91 años, mientras que el año pasado la región amazónica enfrentó su peor sequía en 120 años.

El mismo Rio Grande do Sul aún se estaba recuperando de inundaciones que habían ocurrido meses antes. En junio de 2023, el estado fue devastado por un ciclón extratropical, que mató a 16 personas y dejó a más de 7.000 sin hogar. Solo tres meses después, en septiembre de 2023, otras 54 personas murieron en otro desastre, hasta entonces considerado el más grande en la historia de Rio Grande do Sul. Y nuevamente en noviembre, tras un gran volumen de lluvia, murieron cinco personas y al menos 28.000 tuvieron que dejar sus hogares.

Sin embargo, el desastre por inundación más reciente en Rio Grande do Sul fue el más grande jamás registrado en el estado y, en términos de extensión y duración del daño, uno de los más grandes en la historia del país.

En todos estos desastres ambientales, la clase dirigente, a través de sus gobiernos y la prensa, ha intentado culpar a lo que supuestamente era un volumen inesperado de lluvia y a construcciones irregulares. Pero esta versión engañosa de la realidad ha sido desmentida tan rápidamente como el aumento de los niveles de agua, que en pocas horas de lluvia alcanzaron el cuello de los trabajadores.

A pesar de que los gobiernos fingen sorpresa, no faltan datos de expertos para demostrar que esta era una tragedia anunciada. Un informe de 2015 del ahora extinto programa “Brasil 2040”, encargado por el gobierno de Dilma Rousseff (Partido de los Trabajadores, PT) para prever los efectos del cambio climático en el país, ya preveía lluvias por encima de lo normal en el sur del país y sequías más agudas en el noreste y Medio Oeste.

“En Rio Grande do Sul, me impactó en cuanto vi los mapas de la inundación actual de [la agencia meteorológica] MetSul. Eran visualmente similares a las previsiones hechas en el programa [Brasil 2040]. Fue aterrador,” comentó Natalie Unterstell, quien participó como coordinadora del programa entre 2013 y 2015, en una entrevista con BBC Brasil.

Tras el impacto sin precedentes visto en Rio Grande do Sul, sectores de la clase dirigente han planteado “preocupaciones” sobre el medio ambiente, principalmente debido a la creciente carrera por la transición energética global, y culparon el negacionismo científico del expresidente fascista Jair Bolsonaro por la tragedia.

El actual gobernador de Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, es parte de una generación política del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) que se ha renovado en un giro a la derecha. En las elecciones presidenciales de 2018, declaró su apoyo a Bolsonaro. En su primer año en el cargo, en 2019, Leite cambió alrededor de 480 reglas en el Código Ambiental del estado.

Los cambios estaban en línea con la política del gobierno de Bolsonaro, que en ese momento tenía como ministro de Medio Ambiente a Ricardo Salles, quien, durante una reunión ministerial en 2020, abogó por aprovechar el enfoque mediático en el COVID-19 para cambiar o eliminar normas ambientales.

Representando el 12,6 por ciento del PIB agrícola del país, Rio Grande do Sul está entre los 10 principales productores agrícolas del país, representando el 70 por ciento de la producción nacional de arroz, así como carne, soja y maíz. El año pasado, el sector ganó más de R$100.000 millones (US$19.000 millones) en el estado.

Asociado con la explotación depredadora de la naturaleza, con una deforestación masiva que contribuye a las inundaciones, el agronegocio es visto como el mayor enemigo de los ambientalistas. Y aunque Bolsonaro es más abierto sobre los intereses más perniciosos de este sector, fue durante los gobiernos del PT, de 2003 a 2016, cuando el agronegocio se fortaleció y expandió.

En el programa Bom Dia, Presidente del 7 de mayo, el presidente del PT, Lula da Silva, expresó su orgullo por el agronegocio brasileño, enfatizando que no faltaban recursos para el sector, habiendo puesto a disposición R$364.000 millones (R$70.000 millones) en el Plan Safra 2023/2024 y prometiendo un Plan 2024/2025 igualmente generoso.

El Observatorio del Clima (OC), una red de organizaciones ambientales brasileñas, criticó al gobierno federal en una entrevista con BBC Brasil por no luchar lo suficiente por cuestiones ambientales.

“Nunca hemos tenido un Ministerio de Medio Ambiente con tanto apoyo en el gobierno. Es la primera vez que un presidente habla de deforestación cero y tolerancia cero con la deforestación. Tienes un ministro de Economía que habla del medio ambiente, un Ministerio de los Pueblos Indígenas. … Pero aun así, las cosas no se mueven como deberían,” dijo el secretario ejecutivo del OC, Marcio Astrini.

La crisis climática exige una respuesta de la clase trabajadora internacional

Lejos de estar limitada a Brasil, los eventos climáticos extremos causados por el calentamiento global han sido un problema global. En los últimos años, ondas de calor récord han provocado incendios forestales históricos en Europa, América del Norte, África y Chile. Inundaciones récord han golpeado a Libia, Europa, China y Pakistán. En cada uno de estos eventos, millones de personas fueron afectadas y continúan sufriendo los efectos.

Al igual que la respuesta criminal a la pandemia de COVID-19 y el impulso hacia una Tercera Guerra Mundial nuclear, la crisis climática es una consecuencia del sistema capitalista de producción que prioriza la ganancia privada sobre la vida humana y la preservación del planeta mismo. Los sistemas para mitigar y prevenir desastres ambientales han sido abandonados en aras de la austeridad y militarización en un país tras otro.

Y los efectos del cambio climático apenas están comenzando. Un informe del renombrado Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE) publicado en noviembre pasado mostró que la precipitación en Rio Grande do Sul podría aumentar entre un 20 y un 60 por ciento en los próximos 30 años, dependiendo de la región del estado. Se prevén escenarios similares para cada país del mundo.

Abordar tales tragedias anunciadas requiere la expropiación de la élite gobernante mundial y la asignación de vastos recursos para coordinar una respuesta global basada en la ciencia a la crisis climática. Esto solo puede lograrse a través de la acción mundial de la clase trabajadora internacional.

Las muertes y la devastación en el estado brasileño de Rio Grande do Sul no deben ser olvidadas, ni sus lecciones ignoradas. Los nuevos desastres solo pueden combatirse con una lucha consciente por una reorganización de la economía mundial sobre una base socialista e internacionalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de mayo de 2024)