Durante una crisis económica y política histórica, los medios argentinos han estado dominados por más de una semana por las acusaciones de abuso doméstico contra el expresidente peronista Alberto Fernández. 

El lunes, su expareja Fabiola Yañez visitó el Consulado argentino en Madrid para presentar cargos con el agravante de “violencia de género” contra Fernández, que podrían resultar en una pena de hasta diez años de cárcel. Afirma que Fernández la agredió física y psicológicamente y la hostigó por varios años. Inicialmente había presentado una denuncia por delitos “leves” el 6 de agosto, que resultó inmediatamente en una orden judicial para que Fernández no salga del país ni se aproxime o contacte a Yañez.

 El caso no fue iniciado por Yañez. El juez Julián Ercolini se había acercado a Yáñez a principios de julio después de descubrir mensajes de texto y fotos en el teléfono de la secretaria de Fernández que apuntaban a violencia doméstica contra Yáñez. En ese momento, el juez estaba llevando a cabo una investigación separada de corrupción, relacionada con la presunta malversación de pagos de seguros del Gobierno.

En una entrevista exclusiva con Infobae, la ex primera dama explicó que a principios de julio, “Me llama el juez. Quería hacer todo rápido. Todo apurado. En menos de cuatro horas me armaron una audiencia”. 

En ese momento, se negó a presentar cargos, pero cambió de opinión y presentó una denuncia ante el mismo juez, Ercolini, la semana pasada. Dos días después, el jueves, se filtraron a los medios los mensajes de texto y fotos de presuntos moretones. 

Fernández negó las acusaciones, indicando que demostrará su inocencia en la corte, y sugirió que a su expareja “alguien la incentivó con otros fines”. Desde entonces, ha permanecido confinado en su apartamento debido a amenazas de linchamiento. Sentando un peligroso precedente, ya perdió su puesto en la Universidad de Buenos Aires, donde había impartido clases de Derecho durante cuatro décadas. 

Al mismo tiempo, apareció un aluvión de videos y noticias que sugieren que había sido infiel antes de separarse oficialmente de Yañez cuando su mandato terminó en diciembre pasado.

Antes de cualquier juicio, investigación o revisión imparcial de las pruebas, incluido posiblemente un examen forense digital de los mensajes de texto y fotografías, los medios de Argentina han montado una campaña reaccionaria para declarar culpable a Fernández.

Si bien hay numerosas razones políticas bien establecidas para condenar a Fernández, incluido los niveles masivos de sufrimiento y muertes a causa de su respuesta negligente a la pandemia de COVID-19 y la imposición de los dictados de austeridad del FMI, la campaña actual centrada en los cargos de violencia doméstica solo puede servir para fines reaccionarios. 

La dirección peronista, incluidos sus antiguos aliados, ya la están aprovechando como distracción del papel traicionero que ha cumplido el peronismo y las lecciones políticas que deben extraerse. Lo más pernicioso es que el presidente fascistizante Javier Milei y la extrema derecha en general están utilizando el escándalo para avivar un clima de venganza violenta y odio irracional.

Milei inmediatamente aprovechó la oportunidad para declarar ex cátedra: “la solución para la violencia que ejercen los psicópatas contra las mujeres no es crear un Ministerio de la Mujer, no es contratar millas de empleados públicos innecesarios… La única solución para bajar el delito es ser duros contra quienes los cometen”. 

Mientras su Gobierno busca imponer la terapia de choque más brutal de privatizaciones y austeridad en la historia del país, Milei esta procediendo a prohibir todas las formas de oposición social, incluidas las protestas callejeras y las huelgas, y preparar el escenario para una dictadura abierta.

En este contexto, la necesidad de defender el derecho del líder de un partido político de oposición a una audiencia antes de cualquier condena debería ser evidente. 

En términos más generales, si bien el impopular expresidente es el blanco conveniente hoy en día, los pobres y oprimidos siempre se han convertido en las principales víctimas de los ataques contra la presunción de inocencia. 

Este peligro para los trabajadores se demuestra por el hecho de que Milei defiende el legado de la dictadura militar bajo el general Rafael Videla, cuyo régimen de terror alentó, a través de intimidación e incluso anuncios en periódicos, delaciones contra “subversivos”, lo que llevó a millones de archivos policiales con acusaciones que incluían pertenecer a un grupo de izquierda o simplemente ser irrespetuoso con la nación, los militares o el catolicismo. Esto dio lugar a que decenas de miles de trabajadores y jóvenes fueran asesinados, arrestados, torturados o despedidos.

En la última semana, no ha aparecido ni una sola evaluación sobria de los motivos políticos y el contexto del caso. Cualquier comentario de este tipo tendría que señalar los círculos políticos y empresariales reaccionarios detrás del juez Ercolini, incluidos sus vínculos con Milei.

Como presidente, Fernández había pedido al Ministerio de Justicia que presentara cargos penales contra el juez Ercolini y otros jueces federales, exagentes de inteligencia y gerentes del diario Clarín por participar en un viaje a la casa del multimillonario británico Joe Lewis en Río Negro, donde presumiblemente se llevaron a cabo discusiones relacionadas con regulaciones y casos legales contra las operaciones inmobiliarias del magnate, que incluyen su bloqueo ilegal del acceso público al lago Escondido. Lewis es un amigo cercano del expresidente Mauricio Macri, quien proporcionó el principal capital político y económico para la campaña presidencial de Milei. Entre los primeros actos de Milei como presidente estuvo la eliminación de las regulaciones sobre la propiedad de tierra para extranjeros, lo que benefició directamente a Lewis. 

El juez Ercoloni ha rechazado los llamamientos de la defensa para recusarse del caso de corrupción contra Fernández. 

A pesar de esta información pública, toda la élite política se ha alineado detrás del escándalo derechista. 

Cristina Fernández de Kirchner, líder política del peronismo y vicepresidenta bajo Alberto Fernández (sin relación familiar), declaró que las fotos de moretones “no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana”. 

Una mayoría de diputados peronistas apoyaron una declaración oficial que concluía: “Corresponde reafirmar nuestra convicción política respecto a que en estos casos siempre le creemos a la víctima”. 

Mientras se quejan de que la extrema derecha se ha opuesto a hablar de “violencia de género”, las organizaciones pseudoizquierdistas de la clase media han protagonizado la caza de brujas.  

El lunes, Gabriel Solano, líder del Partido Obrero, perteneciente al llamado Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U), publicó un rabioso artículo mccarthista para Infobae. Cabe señalar que Infobae, el medio digital en español más leído en el mundo, es abiertamente pro-Milei y ha liderado la caza de brujas, siendo el primero en filtrar las fotos y los mensajes del expediente y presentando la única entrevista que Yañez ha concedido.

Solano comienza: “Si algo faltaba para poner en evidencia la podredumbre del régimen político actual es la denuncia irrefutable de la violencia ejercida por el expresidente Alberto Fernández contra quien fuera su esposa. Las fotos de Fabiola Yañez con su ojo morado y sus brazos con morenos quedarán impregnadas en la retina del pueblo por largos años”. 

Luego enumera una serie de escándalos sexuales contra otros políticos peronistas, concluyendo que el peronismo es “una fuerza política podrida que se vale de los recursos del Estado para cometer atropellos contra las mujeres y luego encubrirlos. En la lista deben anotarse entre otras cosas la complicidad con las redes de trata y el negocio capitalista de la prostitución que incluye también a niñas y niños”. 

Es una muestra de bancarrota política absoluta que estas organizaciones, que hace mucho abandonaron la lucha por el trotskismo en la clase trabajadora, están buscando de forma proactiva degradar la conciencia democrática y la vida política y legal del país al nivel de escándalos sexuales, una práctica clásica de las fuerzas más reaccionarias y antidemocráticas en la historia. Tales actividades solo pueden tener el efecto más destructivo en la conciencia política y de clase de la clase trabajadora.

Estas fuerzas pseudoizquierdistas están impidiendo conscientemente que el público saque conclusiones sobre las fuerzas políticas detrás de esta caza de brujas. Celeste Murillo, del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS), un grupo morenista del FIT-U, reconoció en el programa radial “Círculo Rojo” que la extrema derecha ha utilizado previamente tales acusaciones “para justificar la criminalización de un grupo de personas”, como los migrantes, pero afirmó que esto no es un peligro en este caso.

Sin embargo, Murillo no ofreció ninguna explicación sobre cómo la campaña para declarar al expresidente un “golpeador” de mujeres sin un juicio debido no facilitará el uso de escándalos sexuales similares contra minorías u otros opositores políticos en un momento en que personas como Trump en Estados Unidos, Alternativa para Alemania, Vox en España y la primera ministra italiana Giorgia Meloni retratan a todos los migrantes como violadores y abusadores. 

Anticipándose a tal crítica, Murillo denuncia como un intento de “silenciar” a las feministas cualquier argumento de que “con esas críticas le estás haciendo el juego a la derecha, estás siendo funcional a los reaccionarios”. 

Otro sórdido esfuerzo por ocultar las peligrosas consecuencias políticas de esta caza de brujas provino de Jorge Altamira, fundador del Partido Obrero y líder hoy de Política Obrera. En un programa de radio el domingo, declaró: “Acá no hay que minimizar el fenómeno de género y el fenómeno femenino”.

Después de comparar a Fernández con Rasputín como un “personaje que solo prosperan en un cuadro de descomposición”, Altamira dijo que no importa si las acusaciones de abuso doméstico son o no una “operación política”, añadiendo que “no tengo tiempo y no es el foco para mí” averiguar lo que ocurrió realmente.   

A continuación, el entrevistador le preguntó sobre varios precedentes que vale la pena revisar. Primero planteó el caso del presidente Juan Domingo Perón y Nelly Rivas, que resaltan los peligros en el caso Fernández. En respuesta, Altamira dijo: “Ahí también tienes un caso de violencia de género que fue funcional y también fue en la Quinta de Olivos, qué casualidad, qué coincidencia”.  

Aquí, Altamira está abrazando otra campaña difamatoria, alegando que Perón tuvo relaciones sexuales con Nelly Rivas, de 14 años (que Perón negó y nunca fue sometido a juicio) después de la muerte de su esposa Eva Perón. Las acusaciones fueron utilizadas para justificar su derrocamiento militar en 1955 a manos de una facción ultraderechista de los militares, que incluía a neonazis abiertos, y para criminalizar el peronismo y los sindicatos.  

Luego, el entrevistador mencionó “el caso de Bill Clinton” y añadió que “un hecho menor lo sepultó políticamente”. De nuevo, Altamira simplemente se negó a considerar los paralelismos y los peligros de hoy. 

En 1998-99, los republicanos de extrema derecha financiaron y dirigieron dos casos legales contra el entonces presidente Bill Clinton para provocar un escándalo sexual en un intento de deponerlo: una acusación de acoso sexual por parte de una empleada y el manejo inapropiado de una inversión inmobiliaria fallida. Clinton cayó en la trampa y mintió bajo juramento sobre un romance que los fiscales de extrema derecha liderados por Kenneth Starr descubrieron. La trama condujo a un juicio político, que finalmente no pudo deponer al presidente dos veces elegido.

Mientras se opuso al Gobierno imperialista de Clinton, el WSWS advirtió que el éxito de un golpe palaciego “representaría un paso importante hacia el establecimiento de una dictadura en los Estados Unidos” y llamó a los trabajadores a oponerse a la campaña de juicio político. El caso allanó el camino para la elección robada en 2000 y una acelerada erosión de los vestigios democráticos en Estados Unidos desde entonces.

Asimismo, el movimiento #MeToo (#Amítambién) en los Estados Unidos se inició a raíz de la victoria de Trump en las elecciones presidenciales de 2016. Como señaló el WSWS en 2020, la cúpula del Partido Demócrata y sus satélites de izquierda “necesitaban distraer de su fiasco electoral, reagrupar y galvanizar a sus conmocionados y desmoralizados partidarios de clase media y movilizarlos a lo largo de la política derechista de identidades. Nunca se trató de los derechos ni las condiciones de las mujeres trabajadoras”.

Un proceso similar se está desarrollando hoy en Argentina a raíz de la elección de Milei. El apoyo a la caza de brujas contra Fernández por parte de la pseudoizquierda demuestra que estas organizaciones hablan en nombre de las capas sociales de la clase media acomodada, que no tienen otra respuesta a la amenaza del fascismo que acercarse y presentarse a la extrema derecha y al Estado capitalista como aliados útiles contra la clase trabajadora. No hay nada democrático, progresista ni, mucho menos, socialista en estos grupos políticos.

Los temores de las capas que representan, que pertenecen al 10 por ciento más rico de la sociedad, no son provocados principalmente por la extrema derecha, sino por un desafío revolucionario desde abajo en un momento en que el 90 por ciento más pobre ha sufrido un ataque histórico y cada vez mayor contra sus niveles de vida y derechos sociales.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de agosto de 2024)