Estados Unidos se encuentra actualmente sumido en su novena ola de infecciones masivas desde el inicio de la pandemia de COVID-19. El Gobierno ha abandonado completamente a la población a su suerte. Ha surgido una política de contagios forzados, dada la eliminación de todas las medidas de salud pública. Mientras tanto, la protección más básica del uso de mascarillas está siendo criminalizada en un número creciente de condados y estados.
Los datos de aguas residuales muestran que más de 1,2 millones de estadounidenses se infectan con COVID-19 todos los días. Las hospitalizaciones están aumentando, en particular, entre niños y ancianos, mientras que las muertes oficiales se acercan a 1.000 por semana. El exceso de mortalidad, una medida más precisa del número real de muertes atribuibles al COVID-19, asciende a más de 500 por día, y el número acumulado de muertes en los EE.UU. se acerca a 1,5 millones. El COVID persistente, una serie de síntomas que a menudo son discapacitantes, ahora afecta a más de 20 millones de estadounidenses y a más de 400 millones de personas en todo el mundo.
Según el modelador de datos de aguas residuales, el Dr. Mike Hoerger, ha habido más de 1.100 millones de infecciones acumuladas por COVID-19 solo en los Estados Unidos, y el estadounidense promedio se ha infectado tres o cuatro veces. Con múltiples estudios que muestran que cada reinfección agrava el riesgo de COVID persistente y otros eventos adversos para la salud, como accidentes cerebrovasculares o ataques cardíacos, la trayectoria actual de la política de “COVID para siempre” es hacia discapacitaciones y muertes masivas y crecientes a escala mundial.
En estas condiciones, el 23 de agosto, altos funcionarios de las principales agencias de salud pública de Estados Unidos celebraron una conferencia de prensa extraordinaria, que describió muy explícitamente la política criminal de “COVID para siempre” de la Administración de Biden.
La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la Dra. Mandy Cohen, encabezó el evento y declaró sin rodeos que el COVID-19 “es endémico, se quedará con nosotros”. Esta es la primera vez que un alto funcionario de salud pública proclama que el COVID-19 es “endémico”, después de que los doctores Anthony Fauci, Rochelle Walensky y Ashish Jha dijeran repetida y falsamente que el virus estaba “en proceso” de convertirse en endémico desde la aparición de la variante ómicron a finales de 2021.
Una enfermedad endémica es aquella que está ampliamente contenida, es predecible y no perturba el funcionamiento básico de la sociedad. Nada de esto aplica al COVID-19, que se está propagando como pólvora casi todo el año, causando daños generalizados a la salud de la población, así como ausentismo masivo e interrupciones económicas que cuestan más de $1 billón al año.
Después de afirmar que el COVID-19 es “endémico”, Cohen se apresuró a añadir: “Tenemos que protegernos. Y tenemos las herramientas para hacerlo, solo tenemos que usarlas”.
La realidad es que las “herramientas” de salud pública necesarias para mitigar los peligros del COVID-19, ni hablar de detener la pandemia, han sido sistemáticamente estigmatizadas, negadas e incluso criminalizadas por toda la élite política. El Estado capitalista, que defiende los intereses de lucro de Wall Street y las corporaciones estadounidenses, ha desmantelado toda la vigilancia pandémica y ha dejado que la población se las arregle sola. Aquellos que permanecen vigilantes y buscan evitar contagiarse están cada vez más aislados e incapaces de protegerse en medio de un mar de transmisión viral.
En el transcurso de la conferencia de prensa, quedó muy claro que la única “herramienta” defendida por la Administración de Biden son las nuevas vacunas diseñadas para la variante KP.2, que actualmente se están distribuyendo. Los funcionarios presentes encubrieron el hecho de que estas vacunas representan una medida insuficiente y tardía, dado que la variante dominante es KP.3.1.1 y KP.2 representando solo el 3.2 por ciento de los casos a nivel nacional. Además, la ola actual parece estar llegando a su punto máximo.
Además, en el transcurso de la conferencia de prensa quedó claro que las últimas vacunas no estarán garantizadas para todos, y Cohen declaró que los estadounidenses sin seguro (más de 26 millones de personas) tendrán que tratar de navegar por la burocracia de salud pública local o del condado o pagar más de $120 por la vacuna. Ningún funcionario abordó seriamente el hecho de que la tasa de vacunación es abismalmente baja, producto de la desinformación y propaganda bipartidistas contra las vacunas que retrata la pandemia como terminada.
Ni una sola vez en el transcurso de la conferencia de prensa se mencionó la palabra “mascarilla”, a pesar de que muchos estudios han demostrado que los respiradores N95 bien ajustados pueden bloquear la transmisión del COVID-19 y todos los demás patógenos en el aire.
De hecho, solo dos días después de la conferencia de prensa de los CDC, la policía arrestó a un joven de 18 años en el condado de Nassau, Nueva York, por usar un pasamontaña, después de que se implementara una prohibición de cubrirse el rostro en todo el condado a principios de este mes. Los arrestados por usar mascarillas pueden enfrentar una multa de hasta $1.000, hasta un año de cárcel o ambas cosas. Una prohibición de mascarillas similar está ahora en vigor en Carolina del Norte, mientras que ciudades como Los Ángeles han planteado la idea de tales prohibiciones.
Otra “herramienta” cada vez más inaccesible o imposible de acceder para los estadounidenses promedio es Paxlovid, uno de los únicos tratamientos efectivos para el COVID-19. En sus comentarios, la funcionaria del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) Dawn O’Connell señaló que a partir de 2025 Pfizer controlará por completo la distribución de Paxlovid. Sin duda, el gigante farmacéutico cobrará el precio completo del medicamento, que cuesta más de 1.500 dólares.
Cuando un periodista le preguntó sobre los últimos datos científicos sobre los riesgos de reinfección por COVID-19, Cohen minimizó los peligros y reiteró la estrategia de la Administración de Biden de usar solo vacunas, sin decir nada sobre la necesidad de usar mascarillas para prevenir la transmisión. La realidad es que múltiples estudios han demostrado que cada reinfección aumenta el riesgo de desarrollar COVID persistente, que solo se mitiga ligeramente con la vacunación.
La respuesta del Gobierno de Biden a la última ola de infecciones masivas reafirma que el capitalismo está cayendo en la barbarie. Se pisotean y descartan siglos de avances en la ciencia y la salud pública. Se fomenta en vez de prevenir el contagio masivo con una enfermedad prevenible.
Si bien los demócratas y los republicanos son los principales responsables de esta política de muerte, se les unen las campañas presidenciales pseudoizquierdistas de Jill Stein, del Partido Verde, y del candidato independiente Cornel West. Ambos han adaptado su retórica para atraer a los antivacunas de extrema derecha, promovidos por Robert F. Kennedy, Jr., quien respaldó la candidatura del pionero de la “inmunidad colectiva”, Donald Trump.
El único partido político que defiende la salud pública y la ciencia es el Partido Socialista por la Igualdad y sus candidatos Joseph Kishore y Jerry White. A lo largo de su campaña, han educado a los trabajadores sobre la ciencia de la pandemia, incluida la viabilidad y la necesidad de una estrategia global de eliminación del COVID-19 y otros patógenos. Han pedido suficientes recursos para financiar la investigación sobre el COVID persistente y las vacunas de próxima generación, así como la renovación de todos los espacios públicos para garantizar un aire interior limpio. Esto se pagará tomando el gigantesco presupuesto militar y la riqueza de la oligarquía financiera.
La política del “COVID para siempre”, en la que se permite la reinfección perpetua de la población mundial con un virus que se sabe que daña todos los órganos del cuerpo, no es sostenible. Sin importar qué tanto digan que el COVID-19 se ha vuelto “endémico”, no podrán ocultar la realidad objetiva del deterioro de la salud y el bienestar de las masas de trabajadores.
La tarea esencial es educar a la clase obrera internacional sobre los continuos peligros sanitarios que enfrenta, que ahora coinciden con la creciente amenaza de la guerra nuclear y la dictadura fascista, y construir un movimiento socialista revolucionario para poner fin a la fuente de estos flagelos: el sistema de ganancias capitalistas.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 29 de agosto de 2024)