El impacto catastrófico y letal de las inundaciones en Valencia el martes representan una condena contra el orden social y político. Valencia es conocida por ser una de las áreas más propensas a inundaciones de Europa y los científicos han advertido por años a las autoridades españolas y europeas sobre la urgencia de adoptar medidas para proteger a la población. Pero un sector grande de la población no recibió ninguna advertencia antes de que un muro de agua impactara sus hogares y lugares de trabajo por las inundaciones repentinas.
Las autoridades españolas han intentado encubrir el alcance de la catástrofe y se negaron a publicar una cifra de muertos, que se desconocía hasta el viernes por la noche, cuando se filtraron a la prensa notas de una reunión de las autoridades regionales de Valencia. Revelaron la asombrosa cifra de 1.900 personas desaparecidas y casi 200 personas confirmadas muertas. Desde entonces, el número de muertos confirmados ha aumentado a 217 en toda España, incluidos 213 en la región de Valencia.
Según datos fotográficos del Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus, el programa espacial de la Unión Europea (UE), las inundaciones afectaron al menos a 77.000 edificios, donde viven 199.000 personas. El barro ha enterrado muchos de los cuerpos y las inundaciones han llevado a otros al mar. Las calles están llenas de coches arrojados como cajas de fósforos por las aguas. Miles de personas aún no tienen acceso a agua corriente, electricidad, calefacción ni medicamentos, y las tiendas y supermercados de toda la región están en ruinas.
Mientras que el presidente Pedro Sánchez del Gobierno del Partido Socialista (PSOE)-Sumar, ha ordenado la llegada de 10.000 soldados y policías militares a la región, las operaciones de rescate siguen siendo llevadas a cabo en gran parte por voluntarios. El Ministerio de Sanidad español ha advertido que los hospitales están “al borde del colapso” y, para el viernes, su línea directa de emergencia había recibido 75.000 llamadas. Las rutas del Corredor Mediterráneo, por las que pasa el 40 por ciento de la mercancía española, están cerradas. Se cortó la autopista A3 Madrid-Valencia, se detuvieron los trenes en Valencia y colapsaron decenas de carreteras y puentes.
Además, la tormenta sigue azotando el este de España: Murcia, Almería, Alicante, Castellón, Tarragona y ahora el sur de Valencia están nuevamente en alerta de inundación.
Valencia es escenario de un crimen social. Los científicos han advertido durante mucho tiempo que el cambio climático inducido por el hombre aumentaría la vulnerabilidad de la región mediterránea, y del este de España específicamente, a las inundaciones catastróficas. Después de que Valencia se inundara en 2019, la Cruz Roja emitió un informe advirtiendo sobre la debilidad de la infraestructura, la construcción de edificios en zonas propensas a inundaciones y la inexistente planificación para desastres en Valencia, y pidió medidas para proteger a su población de futuras inundaciones. Ninguna de estas advertencias fue escuchada en los círculos oficiales.
El PSOE y Compromis, los aliados valencianos de los partidos pseudoizquierdistas de clase media Podemos y Sumar, crearon una Unión Valenciana de Emergencia (UVE) sin fondos poco antes de dejar el cargo. Su sucesor, el presidente de la Generalidad Valenciana, Carlos Mazón del derechista Partido Popular (PP), desechó la UVE tras ser elegido en 2023. Al mismo tiempo, Mazón redujo los impuestos a la herencia de los propietarios de tierras y entregó 90 millones de euros en subsidios corporativos a Volkswagen.
A medida que se acercaba la tormenta, Mazón se negó a tomar medidas, aunque la Agencia Estatal de Meteorología de España dio advertencias con cinco días de antelación, prediciendo correctamente que las inundaciones alcanzarían su punto máximo el martes. Dio garantías infundadas al público de que las lluvias disminuirían a lo largo del día. No fue hasta poco después de las 8 p.m. del martes que su gobierno emitió un mensaje de texto de alerta aconsejando a los residentes que permanecieran en sus casas. Pero para entonces la región ya estaba inundada y cientos ya estaban muertos.
En La condición de la clase trabajadora en Inglaterra, el gran copensador de Karl Marx, Friedrich Engels, dio una famosa definición de asesinato social. “Cuando la sociedad coloca a cientos de proletarios en una posición tal que inevitablemente se encuentran con una muerte demasiado temprana y antinatural”, escribió, y “sin embargo, permite que estas condiciones perduren, su acción es un asesinato tan seguramente como la acción de un solo individuo”.
La ira está estallando contra los asesinos sociales que dirigen la sociedad española y europea. Ayer, Sánchez, el rey Felipe VI de España y la reina Letizia visitaron Paiporta, una de las ciudades más afectadas de Valencia, bloqueando los suministros de rescate mientras la policía establecía un perímetro de seguridad a su alrededor. Los residentes indignados rodearon a Sánchez y a la pareja real, arrojándoles barro y coreando: “¡Fuera!”, “Pedro Sánchez, ¿dónde estás?” y “¡Asesinos!”.
Los aristócratas capitalistas multimillonarios condenaron a muerte a los trabajadores, exigiéndoles que siguieran trabajando en medio de la inundación. El hombre más rico de España, Amancio Ortega (con un patrimonio neto de 127.000 millones de euros) prohíbe a los trabajadores de Inditex tener teléfonos en el trabajo, y se perdieron incluso los tardíos mensajes de texto oficiales de emergencia. Los trabajadores se enfrentaron al propietario de los supermercados Mercadona, Juan Ruig (9.000 millones de euros), por ordenar que los camiones de Mercadona siguieran operando durante la tormenta, a lo que Ruig respondió gritando obscenidades.
Con el calentamiento global, los trabajadores y los jóvenes se enfrentan a una crisis mundial que no puede resolverse en el marco podrido del sistema capitalista de Estados nación. Es bien sabido que el calentamiento global causará tormentas cada vez más violentas en todo el planeta. Sin embargo, no se toma ninguna acción coordinada para detenerlo ni para invertir los recursos necesarios para establecer una infraestructura y planes de respuesta a desastres capaces de mitigar tales emergencias.
En cambio, en un país tras otro, los funcionarios estatales y la clase dominante tratan a los trabajadores con negligencia maligna, dejándolos valerse por sí mismos en medio de tormentas catastróficas. En los Estados Unidos, el huracán Helene causó graves inundaciones recientemente, lo que resultó en más de 230 muertes, mientras que las continuas lluvias en Europa Central provocaron inundaciones y 20 muertes, solo semanas antes del desastre de Valencia. Las inundaciones en Nigeria, Chad y Ghana han matado a más de 1.500 personas.
Los recursos industriales, tecnológicos y científicos existen para detener el calentamiento global y proteger a la humanidad de sus efectos, pero no pueden utilizarse para este propósito mientras permanezcan bajo el control de una clase dominante que no es apta para gobernar.
¿Dónde, hay que preguntarse, se han ido los recursos que podrían haberse utilizado para construir infraestructuras resistentes a las inundaciones y salvar vidas en Valencia? Desde el colapso de Wall Street en 2008, el Banco Central Europeo ha ampliado masivamente su balance, imprimiendo casi cinco billones de euros en dinero público que se entregó en rescates de la aristocracia corporativo-financiera. Durante el mismo período, las potencias de la UE gastaron colectivamente cientos de miles de millones de euros en aumentar sus presupuestos militares.
Bajo los Gobiernos del PSOE-Podemos y PSOE-Sumar, el presupuesto militar de España alcanzó un récord de 26.000 millones de euros. Al mismo tiempo, los ministros de Podemos y Sumar supervisaron la entrega de fondos de rescate de la UE a las corporaciones españolas, mientras que Madrid continuó comerciando armas con Israel en medio del genocidio israelí en Gaza.
Su hostilidad hacia la clase trabajadora se resume en las órdenes de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, de Sumar (anteriormente Podemos), de que los trabajadores volvieran a sus puestos en el peor momento de la pandemia de COVID-19, lo que provocó más de 140.000 muertes en España y dejó a millones con COVID persistente. La semana pasada, llamó cínicamente a que las empresas actuaran con “responsabilidad” durante la tormenta, así que “nadie tiene que trabajar corriendo un riesgo en su vida”.
Sin embargo, la amarga experiencia demuestra que no tiene sentido hacer llamados morales a la conciencia de parásitos capitalistas como Sánchez o Ruig. Ellos y sus defensores pseudoizquierdistas como Díaz y Podemos son tan indolentes como los derechistas del PP ante las demandas legítimas de las masas.
No hay una solución simple para la crisis climática y sus efectos. Prevenir nuevos desastres como las inundaciones de Valencia exige la construcción de un movimiento socialista en la clase trabajadora a nivel internacional, detener la guerra imperialista y el genocidio, tomar el control de la riqueza social creada por los trabajadores de las manos de los capitalistas y usarla para satisfacer las necesidades sociales urgentes de la humanidad.
(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de noviembre de 2024)