Un día después de que la turba fascista convocada en Washington por el presidente Donald Trump irrumpiera en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021, el World Socialist Web Site escribió que el ataque fue «un punto de inflexión en la historia de los Estados Unidos».

Las anticuadas glorificaciones de la invencibilidad y la atemporalidad de la democracia estadounidense han quedado al descubierto como un mito político vacío. La popular frase «Aquí no puede pasar», tomada del título de la famosa novela de Sinclair Lewis sobre el auge del fascismo estadounidense, ha quedado superada por la historia. No solo puede ocurrir un golpe fascista aquí. Ya ocurrió aquí, en la tarde del 6 de enero de 2021.

La veracidad de esa afirmación queda clara por lo que ha sucedido en los últimos cinco años.

El 6 de enero de 2021, el Congreso se reunió para certificar el voto del Colegio Electoral que confirmaba la victoria de Joe Biden y Kamala Harris. Lo que se suponía que era una formalidad constitucional se convirtió en el objetivo de una operación organizada para anular las elecciones por la fuerza.

Una multitud de varios miles de personas marchó desde la Casa Blanca por orden de Trump, irrumpió a través de barricadas policiales poco defendidas y asaltó el Capitolio. Fuerzas paramilitares organizadas —sobre todo los Proud Boys y los Oath Keepers— forzaron la entrada por puertas y ventanas y encabezaron el ataque al edificio; los juicios posteriores establecieron que las figuras destacadas eran culpables de conspiración sediciosa y delitos graves relacionados con el objetivo de impedir la certificación. La violencia fue grave y sostenida: más de 140 agentes de policía resultaron heridos durante el asalto.

El objetivo político era el derrocamiento de la Constitución y la anulación de los resultados electorales. La horca erigida fuera del Capitolio no era un grotesco accesorio, sino una declaración de intenciones. El propio vicepresidente de Trump, Mike Pence, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, escaparon por poco de ser capturados. Si se hubiera detenido a los principales funcionarios, el golpe habría adquirido la influencia necesaria —mediante ejecuciones o secuestros— para obligar a la capitulación e imponer un resultado político que el electorado había rechazado.

El 6 de enero no fue una erupción espontánea. Fue la culminación de una conspiración que se desarrolló durante meses y cobró impulso a medida que se acercaba la toma de posesión. El informe de destitución de la Cámara de Representantes elaborado inmediatamente después documentó la conducta de Trump en los meses previos al 6 de enero, incluidos sus esfuerzos por presionar a los funcionarios, convocar a sus seguidores a Washington y dirigirlos hacia el Capitolio.

Trump estaba en el centro de la trama. Intentó obligar a los funcionarios estatales y a los gobernadores a revocar los resultados certificados, sobre todo en Georgia, donde presionó al secretario de Estado para que «encontrara» suficientes votos para anular el resultado. Cuando estos esfuerzos fracasaron, la conspiración convergió el mismo 6 de enero: un plan para bloquear la certificación, crear una parálisis institucional y utilizar la violencia para bloquear la transferencia de poder.

Lo más condenable del 6 de enero no es solo que se intentara un golpe de Estado, sino que estuvo a punto de tener éxito y no encontró ninguna resistencia política organizada por parte del Partido Demócrata.

Mientras se desarrollaba el asalto, los líderes demócratas no llamaron a la población a movilizarse en defensa de los derechos democráticos. Los senadores y representantes huyeron y se escondieron; no hubo ningún llamamiento a la acción masiva, ninguna convocatoria a la movilización nacional de la clase trabajadora y ningún esfuerzo por transformar la indignación pública en resistencia activa. La respuesta de Biden durante el intento de golpe de Estado no fue una convocatoria al pueblo, sino un llamamiento en la televisión nacional para que Trump, el principal conspirador del golpe, retirara a sus propias fuerzas.

Los demócratas temían, sobre todo, que una movilización popular contra el golpe tomara rápidamente la forma de una erupción social más amplia, una oposición que escapara a su control y asumiera un carácter directo y anticapitalista. Su «defensa de la democracia» se vio limitada desde el principio por el temor a legitimar la lucha de masas desde abajo.

El golpe no fracasó porque las instituciones democráticas demostraran ser «fuertes». Fracasó por poco, debido a la inexperiencia, los errores logísticos y la incoherencia operativa de los conspiradores, combinados con su incapacidad para asegurar una ventaja decisiva con la suficiente rapidez.

El despliegue de la Guardia Nacional de Washington D. C. se retrasó durante horas. Los testimonios y la documentación describen un intervalo de aproximadamente 3 horas y 19 minutos antes de que la Guardia Nacional llegara al Capitolio. Ese retraso proporcionó precisamente el margen de tiempo en el que el golpe podría haberse consolidado.

El resultado probablemente habría sido diferente en condiciones ligeramente diferentes. Si la turba hubiera logrado tomar como rehén incluso a un solo senador o representante demócrata prominente, el Partido Demócrata habría pasado rápidamente a la negociación —en condiciones de terror— en nombre de la «estabilidad» y la «unidad nacional». La conducta de los demócratas durante el ataque demostró que no tenían ni la voluntad ni el programa para llevar a cabo una lucha genuina contra la dictadura.

Para el Partido Demócrata era mucho más importante mantener la unidad «bipartidista» en torno a las prioridades estratégicas del imperialismo estadounidense, sobre todo la escalada del enfrentamiento con Rusia, que defender los derechos democráticos.

Incluso inmediatamente después del 6 de enero, Biden y los líderes demócratas insistieron en la necesidad de un «Partido Republicano fuerte», lo que indicaba su determinación de restaurar el mismo instrumento político que había permitido a Trump llegar al poder. La orientación de gobierno de los demócratas era asegurar la colaboración republicana en materia de política exterior, asignaciones para la guerra y la expansión del aparato de seguridad nacional, al tiempo que se suprimía cualquier movilización política independiente de la población.

El historial de la guerra de Ucrania subraya esta lógica de clase. La administración Biden solicitó repetidamente vastos paquetes de financiación y se basó en mecanismos «bipartidistas» para llevar a cabo la guerra por poder contra Rusia, lo que culminó con la aprobación por parte del Congreso de importantes asignaciones de ayuda a Ucrania con un significativo apoyo de ambos partidos. En la práctica, la «defensa de la democracia» en el país quedó subordinada a las exigencias de la guerra en el extranjero.

El colapso de los demócratas queda más patente en su conducta durante la campaña de 2024 y sus consecuencias. Durante esa campaña, los principales líderes demócratas declararon que Trump era un fascista y que su elección significaría una dictadura. Sin embargo, cuando Trump ganó, aceptaron el resultado de forma pasiva y no hicieron nada para oponer resistencia al nuevo régimen. Sus advertencias sirvieron como propaganda electoral, no como estrategia para detener la dictadura. Era necesario garantizar una «transición fluida».

Tras el regreso de Trump al cargo, la normalización se aceleró. Las primeras medidas de Trump incluyeron el indulto general para los acusados del 6 de enero, indultos y conmutaciones emitidos como proclamación presidencial.

Las investigaciones que se prolongaron durante años fueron entonces cerradas o neutralizadas tras su victoria electoral. El fiscal especial Jack Smith, que ahora es objeto de persecución legal por parte de los republicanos del Congreso y del Departamento de Justicia de Trump, declaró el mes pasado ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes que Trump planeó claramente el golpe del 6 de enero: «Nuestra opinión sobre las pruebas es que él lo provocó, lo explotó y que era previsible para él», afirmó Smith.

Durante el último año, desde su regreso al poder, la administración Trump ha puesto en marcha una conspiración sistemática para instaurar una dictadura, con el fin de lograr lo que no consiguió el 6 de enero. Esto se ha traducido en el despliegue de tropas de la Guardia Nacional en ciudades estadounidenses, el brutal ataque a los inmigrantes, el desafío abierto a los tribunales, la criminalización de la oposición política y las amenazas de invocar la Ley de Insurrección.

La invasión de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro son actos de gangsterismo descarado. La declaración de Trump de que Estados Unidos «gobernaría» Venezuela tras la operación marca un punto de no retorno. Su lenguaje prescinde de cualquier pretensión de legalidad y reproduce las operaciones militares criminales del Tercer Reich nazi.

Estas acciones son inseparables de la trayectoria interna del régimen: impunidad para los golpistas, persecución política, gobierno por decreto y normalización de la violencia como política de Estado. La conclusión fundamental es inexorable: la defensa y el renacimiento de los derechos democráticos son imposibles sin una lucha por el socialismo.

El Partido Socialista por la Igualdad lucha por el desarrollo de una nueva base de resistencia masiva a la dictadura. Esto está ligado al desarrollo de la lucha de clases, animada por una clara perspectiva anticapitalista. Lo que se necesita no es una «amplia coalición» detrás del Partido Demócrata, sino la movilización política independiente de la clase trabajadora contra la oligarquía y su Estado.

Eso significa, fundamentalmente, el desarrollo sistemático de comités de base de la clase trabajadora en fábricas, lugares de trabajo, centros logísticos, escuelas, hospitales y barrios. Estos órganos de autoorganización democrática de los trabajadores son fundamentales: proporcionan los medios prácticos para romper el control de la burocracia corporativa, unificar las luchas entre industrias y regiones, defender a los inmigrantes y a las comunidades afectadas y transformar la ira dispersa en una acción coordinada guiada por un programa socialista.

Esta lucha debe llevarse adelante en 2026. Las lecciones del 6 de enero —y de lo que ha seguido— deben quedar grabadas en la memoria colectiva de la clase trabajadora, no como un lamento, sino como una guía para la acción: la dictadura no se detendrá apelando a las mismas instituciones y partidos que la hicieron posible. Solo se puede detener mediante la movilización política consciente de la clase trabajadora para tomar el poder, expropiar a la oligarquía y reorganizar la sociedad, dentro de Estados Unidos y a nivel internacional, sobre bases socialistas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 5 de enero de 2026)