Bajo la dirección del secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), Robert F. Kennedy Jr., y con la entusiasta aprobación del presidente Trump, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) aprobaron el lunes una reducción radical del calendario de vacunación infantil.

El número de vacunas recomendadas rutinariamente, que han salvado la vida y la salud de decenas de millones de niños en Estados Unidos y de innumerables más en todo el mundo, se reducirá de 17 a 11. Las vacunas contra la influenza, la COVID-19, el rotavirus, la hepatitis A, la hepatitis B y la enfermedad meningocócica ya no se recomendarán universalmente. Se han trasladado a una categoría menos urgente, la 'Toma de Decisiones Clínicas Compartidas', en la que los médicos y padres antivacunas podrán rechazar dicha protección para los niños a su cargo, a pesar de las inevitables consecuencias sociales a medida que disminuyen las tasas de inmunización y estas enfermedades transmisibles se propagan.

Aún peores que las consecuencias inmediatas para los niños serán los efectos a largo plazo en la sociedad en su conjunto. La reducción de la eficacia de seis vacunas representa un punto de inflexión en las iniciativas de salud pública. Bajo el régimen de Trump-Kennedy, la ciencia se está subordinando a la reacción ideológica y al oscurantismo religioso. Los trabajadores y sus hijos vivirán vidas más cortas y más vulnerables a las enfermedades y la discapacidad. El dinero desviado de la salud pública se destinará a engrosar las finanzas de los superricos y a acelerar el desarrollo del aparato militar y de inteligencia.

La firma de un memorando de toma de decisiones el 5 de enero de 2026 por el director interino de los CDC, Jim O'Neill, no fue una actualización política neutral. Fue la culminación de un golpe anticientífico planificado y orquestado por el secretario del HHS, Robert F. Kennedy, Jr., que comenzó con la purga sin precedentes del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) de los CDC en junio de 2025. Los 17 miembros en funciones —expertos en pediatría, inmunología y enfermedades infecciosas— fueron despedidos y reemplazados por figuras ideológicamente alineadas, encargadas de dar un barniz científico a resultados políticos predeterminados.

En este rol, Kennedy no ha actuado como defensor de la salud pública, sino como su enemigo, como secretario de la muerte y la enfermedad, supervisando políticas que normalizan las infecciones masivas, desmantelan las protecciones colectivas y subordinan la preservación de la vida a imperativos ideológicos y políticos.

El memorando del 5 de enero formaliza este desmantelamiento. Bajo el calendario revisado, las vacunas ahora se estratifican en tres categorías: las recomendadas para todos los niños, las limitadas a grupos de alto riesgo y las sujetas a 'toma de decisiones clínicas compartidas'. Si bien el HHS enumeró públicamente las vacunas que se mantuvieron bajo recomendación universal —como sarampión, paperas, rubéola, polio, difteria, tétanos, tos ferina, Hib, enfermedad neumocócica, VPH y varicela—, otras protecciones previamente recomendadas para todos los niños se trasladaron a categorías discrecionales o restringidas.

Este lenguaje burocrático enmascara un cambio profundo. Al reclasificar las vacunas como una cuestión de elección parental en lugar de una necesidad de salud pública, la administración las está convirtiendo en algo opcional, especialmente para las familias de clase trabajadora que ya enfrentan barreras para acceder a la atención médica.

Las consecuencias son inmediatas y mensurables. Estados Unidos está experimentando su peor resurgimiento de sarampión en tres décadas, incluso cuando la temporada de influenza 2024-2025 se ha convertido en una de las más mortales para niños registradas, con 288 muertes pediátricas confirmadas por gripe. Estos acontecimientos ocurren precisamente cuando se retiran las recomendaciones universales de vacunación.

Al mismo tiempo, el país sigue sumido en la pandemia de COVID-19. Estados Unidos entró en su duodécima ola importante a finales de 2025, con un pico de infecciones diarias cercano al millón. La ola actual continúa generando aproximadamente 2.000 muertes adicionales por semana, pérdidas que se ocultan cada vez más debido a prácticas administrativas que codifican las muertes relacionadas con la COVID como neumonía o causas cardiovasculares y respiratorias secundarias. Lo que políticamente se presenta como 'endemicidad' es, en realidad, la normalización de la mortalidad masiva.

La evidencia contradice directamente las afirmaciones de que la COVID-19 se ha vuelto comparable a la gripe estacional. Un estudio de cohorte nacional de referencia realizado en Corea del Sur —la primera comparación a gran escala de ambas enfermedades tras la vacunación— reveló que la COVID-19 se asoció con un 76 por ciento más de probabilidades de morir en un plazo de 30 días y una diferencia de más de doce veces en la mortalidad bruta en comparación con la gripe. El virus sigue siendo excepcionalmente letal, y las reinfecciones repetidas siguen cobrando un precio acumulativo.

El mecanismo político que impulsa futuros brotes ya se conoce bien. Un estudio reciente publicado en JAMA Network Open reveló que el retraso en la vacunación infantil rutinaria a los dos y cuatro meses fue el principal predictor de no recibir la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola a los dos años. Los bebés cuyas vacunas tempranas se retrasaron tuvieron casi siete veces menos probabilidades de ser vacunados contra el sarampión, lo que demuestra cómo las desviaciones tempranas del calendario recomendado conducen a deficiencias permanentes en la protección.

Esta evidencia expone el fraude de las garantías de la administración de que las vacunas siguen estando 'disponibles'. Al relegar la inmunización a la toma de decisiones clínicas compartida, los CDC están institucionalizando lo que los epidemiólogos describen como 'focos de susceptibilidad': condiciones que impulsan brotes sostenidos. Bajo la administración Kennedy, estos focos ya no son accidentales, sino políticas estatales.

El calendario revisado se basa en una evaluación de 34 páginas, redactada entre junio y diciembre de 2025 bajo la autoridad de los nuevos funcionarios, entre ellos Martin Kulldorff del HHS y Tracy Beth Høeg de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Enmarcado como una comparación internacional, el documento modela selectivamente la política estadounidense sobre Dinamarca, al tiempo que omite los fundamentos sociales que sustentan una alta tasa de vacunación en esos sistemas, como la atención médica universal y una sólida infraestructura pública. Sustituye la evidencia por la promoción, basándose en citas selectivas en lugar de revisiones sistemáticas.

Este ataque a la salud pública amenaza con borrar los logros alcanzados durante más de un siglo de lucha científica y social. Tan solo los programas de vacunación infantil rutinaria han evitado más de un millón de muertes en Estados Unidos durante las últimas tres décadas, eliminando o reduciendo drásticamente enfermedades que antes mataban o dejaban discapacitados a cientos de miles de niños cada año.

A nivel mundial, las campañas de vacunación masiva han duplicado la esperanza de vida promedio desde principios del siglo XX y han transformado las enfermedades infecciosas, que pasaron de ser una causa casi universal de muerte prematura a una amenaza en gran medida prevenible. Estos logros no fueron producto de decisiones de mercado ni de preferencias individuales, sino de esfuerzos científicos internacionales coordinados y financiados con fondos públicos, basados ​​en el principio de que la vida humana tiene un valor social intrínseco.

La pandemia de COVID-19 puso de manifiesto el carácter internacional de la salud pública con una claridad brutal. Un virus que surgió en una región del mundo se propagó en cuestión de semanas a todos los continentes, matando a millones de personas y demostrando que ninguna nación puede aislarse mediante fronteras, ideologías o negación. Los avances científicos —desde la vigilancia genómica hasta el desarrollo de vacunas— también tuvieron un carácter global y dependieron del intercambio internacional de datos y la experiencia colectiva. Por lo tanto, desmantelar las instituciones de salud pública en un país no es solo un delito nacional, sino internacional, que debilita la capacidad global para detectar, prevenir y responder a futuras pandemias. En un mundo interconectado, la destrucción de la salud pública en cualquier lugar pone en peligro la vida de todos.

Es en este contexto que debe comprenderse el significado político de la transformación de los CDC. En una entrevista reciente con el World Socialist Web Site, la Dra. Fiona Havers, epidemióloga de larga trayectoria de los CDC que renunció en protesta, nos dijo: “Los científicos de carrera de los CDC no participaron en esos cambios. No pasaron por el proceso de autorización de los CDC. Para quienes trabajaron en los CDC, ha sido increíblemente doloroso ver este tipo de desinformación proveniente de lo que alguna vez fue una institución científica confiable”.

Esta declaración tiene un peso histórico. No significa una desilusión personal, sino el colapso de una garantía institucional donde las agencias de salud pública funcionan para proteger a la población basándose en la evidencia y no en directrices políticas. Cuando un científico destacado se ve obligado a advertir al público contra la confianza en la principal agencia de control de enfermedades del país, es una declaración de que la institución ha dejado de funcionar como un organismo científico.

Las implicaciones son profundas. Las instituciones de salud pública ya no se están vaciando solo por negligencia, sino que se están reorientando activamente para apoyar políticas que exponen a la población a infecciones masivas y muertes evitables. Los CDC, antaño referente mundial en integridad epidemiológica, se están transformando en un instrumento para dirigir las políticas estatales en consonancia con los intereses de una oligarquía capitalista hostil a las restricciones científicas.

Al comenzar 2026, la clase trabajadora se enfrenta a una cruda realidad: la defensa de la salud pública ya no puede confiarse a instituciones políticamente subordinadas y despojadas de independencia científica. La lucha por la salud se ha vuelto inseparable de la lucha por el control democrático de la ciencia. Por lo tanto, la movilización política independiente de la clase trabajadora no es solo una necesidad social y moral, sino también biológica. Sin ella, el desmantelamiento de la salud pública se acelerará, el progreso científico se revertirá y las catastróficas pérdidas de la era de la COVID se convertirán en una condición permanente de la vida bajo el capitalismo.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 7 de enero de 2026)