Las elecciones presidenciales de Colombia se celebrarán el domingo bajo la sombra de la debacle política del gobierno de Gustavo Petro, cuya elección fue aclamada por la pseudoizquierda internacional como un hito histórico para los trabajadores de América Latina.

Esa afirmación ha quedado definitivamente desmentida. Lo que queda son los restos de un gobierno que preservó todos los pilares fundamentales de la explotación capitalista, se postró ante el imperialismo estadounidense y dejó a la clase trabajadora políticamente desorientada.

Ahora, las mismas fuerzas pseudoizquierdistas que canalizaron las explosiones sociales masivas de 2020 y 2021 hacia la elección de Petro se preparan para repetir la operación, esta vez detrás en apoyo del sucesor elegido por Petro, el senador Iván Cepeda, respaldado por formaciones como el Partido Socialista de los Trabajadores (PST) morenista.

La ausencia de una auténtica alternativa socialista ha impulsado el ascenso del candidato ultraderechista Abelardo de la Espriella, que ocupa el segundo lugar en las encuestas por delante de la candidata tradicional de extrema derecha, la senadora Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

Dado que es improbable que ningún candidato obtenga el 50 por ciento en la primera vuelta, se espera que Cepeda y De la Espriella pasen a una segunda vuelta donde las encuestas los muestran prácticamente empatados.

Se espera que la administración Trump intervenga agresivamente en las elecciones para consolidar su red de regímenes fascistas vinculados a los intereses de Wall Street y a los imperativos geopolíticos de Estados Unidos. El Wall Street Journal ya advirtió sobre una “toma del poder marxista en la conservadora Colombia”, mientras que Bloomberg publicó el titular: “Hijo de comunista asesinado inquieta a inversores antes de las elecciones colombianas”.

Cepeda busca “tranquilizar a los mercados”

Para comprender cómo sería un gobierno de Cepeda, es necesario comenzar con los antecedentes políticos de Petro y Cepeda. Petro se unió al M-19, un movimiento guerrillero urbano nacionalista de izquierda, en 1977. Capturado y torturado por el Ejército colombiano en octubre de 1985, no fue liberado hasta febrero de 1987. Estas experiencias de violencia estatal no produjeron un giro revolucionario hacia el socialismo. En cambio, lo llevaron a una política nacionalista burguesa. El M-19 firmaría un tratado de paz en 1990 y se transformaría en un partido burgués convencional.

Para 1994, Petro ya se había reunido con el teniente coronel venezolano Hugo Chávez, quien definiría la primera ola de gobiernos latinoamericanos de la 'Marea Rosa', que utilizaron los ingresos del alza de precios de las materias primas para financiar reformas sociales limitadas, sin alterar las relaciones de propiedad capitalistas. Petro nunca rompió con el capitalismo. Buscó reformarlo, al tiempo que aseguraba a la clase dominante en todo momento que su propiedad y su aparato estatal estaban a salvo en sus manos.

Cepeda, de 64 años, es hijo de dirigentes del Partido Comunista que se vieron obligados a exiliarse en la URSS y Cuba en la década de 1960. Su padre, Manuel Cepeda, llegó a ser secretario general del Partido Comunista Colombiano y senador por la coalición Unión Patriótica (UP). En 1994, fue uno de los muchos políticos de dicha coalición asesinados por paramilitares fascistas.

Iván Cepeda abandonó el Partido Comunista y se unió al M-19 de Petro una vez que este se convirtió en un partido burgués en 1990. Desde entonces, ambos siguieron carreras y afiliaciones políticas paralelas.

La campaña de Cepeda se ha presentado como un paso a la derecha con respecto a Petro. Como declaró un asesor de campaña a Bloomberg, Cepeda “busca quien tranquilice a los mercados… algo que Petro se ha negado a hacer”. Además, ha asegurado repetidamente a los inversionistas que no tiene intención de nacionalizar ningún sector de la economía.

En materia de seguridad, ha mantenido la retórica de Petro sobre un fortalecimiento de las fuerzas armadas con mayor conciencia social. Y, sin suspender las campañas militares contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Cepeda ha propuesto negociaciones.

Al carecer de una alternativa genuinamente de izquierda, el camino ha quedado completamente abierto para el crecimiento de la extrema derecha.

Abelardo de la Espriella se presenta como un “outsider” mientras promueve una forma de autoritarismo, profundos recortes presupuestarios y la fuerte expansión de la represión estatal. Envuelve el nacionalismo colombiano en una retórica proestadounidense, al tiempo que promete intensificar la militarización, fortalecer el aparato de seguridad e implementar la estrategia de recortes sociales y desregulación del argentino Javier Milei.

Su programa incluye un “plan de choque de 90 días”: una ofensiva aérea con el apoyo de Estados Unidos e Israel, la erradicación forzosa de la coca y diez megacárceles inspiradas en las del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Su ideología política se caracteriza además por un discurso de extrema derecha —“valores familiares”, rechazo al feminismo y una retórica agresiva contra la izquierda— que subraya el carácter fascista de su campaña. Que una figura así ocupe el segundo lugar en las encuestas es consecuencia directa de los cuatro años de gobierno de Petro.

Cuatro años de capitulación

El historial real de Petro en el cargo es el de una capitulación constante ante los intereses capitalistas y el imperialismo, combinada con una retórica populista.

Durante su administración, uno de los niveles más altos de desigualdad social del mundo se ha mantenido prácticamente intacto. Si bien la pobreza monetaria disminuyó del 39,7 porciento al 31,8 por ciento entre 2022 y 2024, las condiciones estructurales que generan pobreza masiva no han hecho sino agravarse.

Según el Índice de Desigualdad de The Economist, en 2015 el 10 por ciento más rico de Colombia gastó 13,7 veces más que el 50 por ciento más pobre; para 2025, esa cifra había aumentado a 15,6 veces, el mayor incremento de la desigualdad en América Latina, que ya es la región más desigual del mundo.

El propio Petro reconoció que el 71 por ciento de la riqueza de Colombia se concentra en el 10 por ciento más rico. La persistencia de la pobreza se ve agravada por la informalidad laboral masiva, que afecta a aproximadamente el 54 por ciento de los trabajadores, y el desempleo se sitúa en el 8,8 por ciento en abril de 2026.

Mientras tanto, las fortunas combinadas de los seis oligarcas colombianos más ricos aumentaron de 28.300 millones de dólares cuando Petro asumió el cargo a casi 50.000 millones, según Forbes. Los tres más ricos —Jaime Gilinski, David Vélez y Carlos Sarmiento— incrementaron su riqueza en más de un tercio solo en el último año.

En materia de finanzas públicas, más de uno de cada tres pesos recaudados por el Estado se destina ahora al pago de la deuda. Los ingresos tributarios totales ascienden a aproximadamente 300 billones de pesos colombianos (82.700 millones de dólares estadounidenses), mientras que el servicio de la deuda interna solo para 2026 alcanzará los 130 billones de pesos colombianos (35.800 millones de dólares estadounidenses). La deuda pública ha superado el 60% del PIB, su nivel más alto en décadas.

En respuesta al bloqueo del Congreso de derecha a sus medidas tributarias, que provocó un déficit descontrolado, Petro declaró el estado de emergencia económica a principios de 2026 y elevó el impuesto sobre la riqueza del 1,5 por ciento al 5 por ciento por decreto. Asimismo, implementó un aumento del salario mínimo del 23 por ciento, hasta alcanzar los 1,7 millones de pesos colombianos (aproximadamente 481 dólares estadounidenses), mientras que la canasta básica familiar supera los 3 millones de pesos colombianos.

La agenda reformista de Petro —que abarcaba salud, pensiones, trabajo e impuestos— consistía en ajustes marginales que dejaban intactas las bases estructurales de la explotación capitalista y la pobreza masiva. El sistema de salud, delegado desde la década de 1990 a corporaciones privadas que distribuyen fondos estatales a hospitales y clínicas, ha acumulado deudas por valor de 25,7 billones de pesos (7.000 millones de dólares), lo que ha provocado escasez de tratamientos y listas de espera de meses. Su reforma sanitaria fue bloqueada por el Congreso.

Su promesa estrella de una pensión digna para todos los ancianos colombianos que no la tuvieran fue abandonada discretamente. La unidad antidisturbios ESMAD —directamente implicada en los asesinatos de manifestantes en 2021— no fue abolida, como había prometido, sino que simplemente pasó a llamarse “Unidad de Diálogo y Vigilancia” y continuó reprimiendo las protestas en todo el país.

Su administración se vio asolada por escándalos de corrupción, algo llamativo para un presidente que llegó al poder denunciando la corrupción de la derecha tradicional. Dos de sus exministros terminaron en prisión, acusados de liderar una organización criminal que desvió más de 612 mil millones de pesos (US$168 millones) en sobornos a legisladores a cambio de apoyo político.

En materia de militarización, Petro presentó un plan de defensa decenal por valor de 12.700 millones de dólares, y los funcionarios se jactaron de que su administración había invertido más en defensa que sus predecesores. Tras el accidente de un avión militar en marzo de 2026 que dejó 69 muertos, el gobierno aprobó desembolsos adicionales, elevando la inversión total prevista en modernización de la defensa a 39.700 millones de pesos, en comparación con los 7.200 millones de pesos del gobierno de Juan Manuel Santos y los 9.300 millones de pesos del gobierno de Iván Duque.

En los primeros cinco meses de 2026, Colombia registró 54 masacres y 233 muertes, mientras que las filas de los grupos narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares crecían exponencialmente, en muchos casos mediante el reclutamiento de niños y adolescentes.

El legado final y más revelador llegó a principios de 2026. Después de que la administración Trump acusara a Petro de narcotráfico y lavado de dinero, impusiera sanciones del Tesoro y amenazara a Colombia con una acción militar, Petro viajó a la Casa Blanca y prometió plena colaboración. Declaró: “Me gustan los gringos honestos”, elogió a Trump como “magnífico” y le entregó una lista de supuestos líderes de cárteles en todo el mundo.

Tras haber ofrecido a la petrolera estatal colombiana Ecopetrol como un “eje” para el saqueo económico del sector petrolero venezolano, las críticas de Petro a la política exterior estadounidense han sido silenciadas, y no ha hecho nada para oponerse a la asfixia de Cuba.

La aspiración de la burguesía colombiana ha sido seguir siendo un socio menor confiable del imperialismo estadounidense, y Petro cumplió precisamente con eso.

Cómo se traicionó el levantamiento de 2020-2021

Para comprender la dinámica de clases detrás de la elección de Petro y la catástrofe que siguió, es necesario remontarse a las convulsiones sociales masivas que la precedieron. Para 2020, Colombia se encontraba convulsionada por enormes tensiones sociales, registrando una de las tasas de mortalidad per cápita por COVID-19 más altas del mundo, con 3,5 millones de personas infectadas. La huelga nacional de septiembre de 2020 fue reprimida violentamente. Luego, el 28 de abril de 2021, estalló una huelga nacional, desencadenada por el anuncio del gobierno de Duque de una reforma tributaria profundamente regresiva relacionada con la COVID-19.

Lo que siguió fue el levantamiento social más poderoso que Colombia recuerda. Cientos de miles de personas llenaron las calles de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y decenas de ciudades más pequeñas, día tras día, desafiando toques de queda y órdenes judiciales. Los bloqueos espontáneos de carreteras se extendieron más allá del control del Comité Nacional de Huelga. La respuesta del Estado fue brutal, con cientos de detenidos y más de 80 muertos. Según informes, cientos de personas desaparecieron forzosamente en una represión que contó con el pleno apoyo del gobierno de Biden en Washington.

En este contexto, la necesidad política más urgente de la clase trabajadora —un liderazgo socialista revolucionario— brillaba por su ausencia. En cambio, Petro, entonces senador y candidato presidencial, exigió que los manifestantes se opusieran únicamente a 'reformas' específicas e instó a cada soldado y policía a 'fraternizar' con los trabajadores en las calles. Las confederaciones sindicales que lideraban formalmente el Comité Nacional de Huelga trabajaron constantemente para desactivar y 'reducir la tensión' del movimiento.

Si bien reconocieron que 'las masas, que escapan a su control burocrático, han permanecido en las calles', el PST morenista dirigió sus llamamientos a los mismos dirigentes sindicales.

Estas fuerzas canalizaron el malestar social que había sacudido los cimientos del Estado burgués hacia el vehículo electoral del Pacto Histórico y la candidatura de Gustavo Petro. Ahora respaldan al senador Iván Cepeda.

El PST ha llamado a un “voto crítico” por Cepeda como medio para “derrotar a la derecha, el uribismo y el imperialismo”. Mientras tanto, la revista Jacobin —publicación de los Socialistas Democráticos de América— ya cumple la misma función que en 2022. Publicó una entrevista laudatoria con Cepeda y, a pesar de reconocer que Petro no logró “romper el dominio de la élite arraigada”, señala que Cepeda continuará con su proyecto “progresista”. En ningún momento estas fuerzas explican el auge de la ultraderecha ni la amenaza del fascismo, y mucho menos su propio papel nefasto en ello.

La alternativa para combatir el fascismo

La experiencia del gobierno de Petro no es una advertencia sobre las limitaciones del reformismo ni sobre la necesidad de presionar más a un gobierno supuestamente “progresista”. Es una confirmación del análisis marxista defendido por el Comité Internacional de la Cuarta Internacional: que el Estado capitalista no puede reformarse en beneficio de la clase trabajadora; que el nacionalismo es el instrumento político de la burguesía contra la unidad internacional de los trabajadores; y que las organizaciones pseudoizquierdistas sirven como mecanismo mediante el cual la clase dominante neutraliza la oposición obrera en periodos de grave crisis social.

Para enfrentar el fascismo y la ofensiva neocolonial de Trump, la clase trabajadora colombiana exige una ruptura total con todas las facciones del Pacto Histórico y las burocracias sindicales que lo controlan, así como con las organizaciones pseudoizquierdistas que les sirven de auxiliares. Solo mediante la creación de una sección colombiana del Comité Internacional de la Cuarta Internacional se podrá construir un nuevo liderazgo político, luchando por unir las luchas de los trabajadores colombianos, latinoamericanos y norteamericanos bajo el programa de la revolución socialista mundial.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 30 de mayo de 2026)