El jueves 10 de septiembre, el secretario de Estado estadounidense Marco Rubio se reunió con la presidenta de extrema derecha de Perú, Keiko Fujimori, concluyendo una gira de tres días destinada a integrar aún más a Colombia, Ecuador y Perú en el llamado “Escudo de las Américas” de Washington.

Al concluir la reunión, Fujimori y Rubio proclamaron el “éxito” de sus conversaciones. Fujimori dijo que Perú se complacía en ser admitido en el Escudo, una alianza paramilitar de gobiernos lanzada por Trump el 7 de marzo de 2026, que ahora incluye a 14 países. Su orientación, aunque nominalmente dirigida contra los cárteles de la droga, es que los gobiernos del hemisferio deben utilizar sus fuerzas armadas para detener cualquier desafío a la hegemonía y los intereses corporativos estadounidenses en las Américas.

Equivale a la implementación del corolario de Trump a la Doctrina Monroe: América —los dos continentes— para los americanos, es decir, para el capitalismo estadounidense. Su propósito es expulsar la influencia china del continente, que Washington considera una amenaza económica y militar, no tanto para los países latinoamericanos como para el imperialismo estadounidense.

Rubio declaró que “América debe descubrir su propio destino” y llamó a fortalecer “los lazos de prosperidad, orden y paz” entre los dos países. Invocó cínicamente los lazos históricos que unen a ambas naciones desde sus inicios, como si dos siglos de relaciones entre Estados Unidos y América Latina se hubieran caracterizado por el beneficio mutuo y no por el saqueo de los pueblos oprimidos por el imperialismo estadounidense, actuando a través de sus propias burguesías y oligarquías terratenientes.

Rubio agregó que existen “redes terroristas criminales” y le dijo a Fujimori que “el pueblo la eligió” para acabar con ellas.

Esto es un fraude. Fujimori recibió apenas el 17 por ciento de los votos en la primera vuelta y ganó la segunda vuelta por un margen de solo 50.000 votos, de los 18 millones emitidos, y en medio de una intensa campaña de la burguesía peruana y sus aliados en Washington a favor de su candidatura. Su victoria no reflejó entusiasmo popular, sino el agotamiento de las alternativas ofrecidas.

El camino para el ascenso de la extrema derecha al poder en Perú y otras partes de América Latina fue allanado por la disolución de la Unión Soviética, el colapso de los partidos estalinistas y socialdemócratas de masas y la destrucción, por una economía capitalista globalizada, de la base material del nacionalismo de izquierda en el antiguo mundo colonial. A esto siguió la bancarrota del populismo nacionalista burgués asociado con la desacreditada “Marea Rosa” de Hugo Chávez en Venezuela, Evo Morales en Bolivia y gobiernos similares.

Fujimori, por su parte, declaró: “Hemos tenido que enfrentar al terrorismo”, una referencia a las dos décadas de guerra sucia librada por las fuerzas de seguridad peruanas contra el movimiento guerrillero maoísta Sendero Luminoso. No mencionó que la gran mayoría de los casi 70.000 muertos fueron campesinos empobrecidos y trabajadores de las tierras altas andinas, ni que el régimen de su padre llevó a cabo las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, por las cuales fue condenado por crímenes de lesa humanidad.

Rubio estuvo acompañado por el embajador estadounidense Bernie Navarro, quien había anunciado que Estados Unidos vigilaría de cerca el conteo de votos de la segunda vuelta en junio, un claro ejemplo de interferencia electoral.

Poco antes de que Rubio y Fujimori se reunieran, una banda abrió fuego contra un autobús de transporte público que llevaba pasajeros en Trujillo. Aunque nadie resultó herido, varios conductores regresaron al trabajo después del ataque porque tenían que alimentar a sus familias.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) de Perú, el 40 por ciento de la población gana menos que el salario mínimo y el 60 por ciento menos que el costo de la canasta familiar total.

Apenas seis semanas después de iniciada la nueva administración, la Cámara de Diputados tomó medidas para interpelar al ministro del Interior, César Astudillo, por supuestos nombramientos irregulares y su “supuesta falta de liderazgo para enfrentar la inseguridad ciudadana”, según RPP. La diputada de Juntos por el Perú Analí Márquez afirmó que se habían producido 207 asesinatos durante las primeras semanas del gobierno, un promedio de 4,6 diarios.

Rubio, sin embargo, dejó en claro que la inseguridad que enfrentan los peruanos no es su preocupación. Dos días antes de reunirse con Fujimori, declaró a El Comercio que los proyectos respaldados “por el Partido Comunista Chino eluden los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos”. Atacó a “empresas estatales extranjeras” que supuestamente “toman el control” y “dejan tras de sí deuda, vigilancia, explotación laboral y una soberanía debilitada”.

Una cruzada contra la influencia de China en América Latina

Su misión en América Latina es intimidar a los gobiernos de Colombia, Ecuador y Perú para que reduzcan la influencia china.

En respuesta a las acusaciones de Rubio, la Embajada de China en Perú publicó en X que China ha sido el mayor socio comercial de Perú durante 12 años consecutivos y que Perú es el tercer mayor exportador latinoamericano a China, sobre una base de beneficio mutuo. En otra publicación, la embajada afirmó que la inversión china en Perú supera los $30.000 millones y ha creado “oportunidades de desarrollo, empleo, ingresos fiscales, superávits comerciales y reservas internacionales, sin generar un solo centavo de deuda”.

La disparidad en el peso económico es marcada. La inversión extranjera directa estadounidense en Perú asciende aproximadamente a $6.700 millones, frente a entre $30.000 millones y $38.000 millones de China, entre 4,5 y 5,7 veces más. La inversión china en Perú como porcentaje del PIB supera ampliamente la de cualquier otro país sudamericano. Más allá de la minería y la infraestructura, China planea un parque industrial cerca del megapuerto de Chancay —el mayor puerto del Pacífico en la costa sudamericana— para fabricar vehículos eléctricos y otros bienes de consumo, integrando a Perú más profundamente en las cadenas de suministro chinas.

Un objetivo central de Washington es arrebatarle a China el control de Chancay. Dada la importancia económica de China para Perú y el papel estratégico del país en los planes regionales de Beijing, difícilmente las conversaciones privadas entre Rubio y Fujimori hayan sido tan tranquilas como sugieren sus declaraciones públicas.

A medida que se amplía en Perú la brecha económica entre China y Estados Unidos, Fujimori parece estar apostando por una renovada subordinación al histórico patrón imperialista de Perú. El ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, conmemoró la visita de Rubio otorgándole la Orden del Sol, una de las condecoraciones más antiguas de las Américas.

Para justificar el ingreso de Perú al Escudo de las Américas, Fujimori citó la reciente captura en Bolivia de un miembro de la banda criminal “Los Pulpos”, afirmando que información proporcionada por el FBI había permitido que las policías boliviana y peruana actuaran conjuntamente.

Guardó silencio sobre la oposición masiva en Bolivia a las medidas dictadas por el FMI del presidente Rodrigo Paz Pereira, él mismo miembro del Escudo, tras semanas de huelgas, manifestaciones, bloqueos de carreteras y batallas callejeras en medio de la escasez de combustible y alimentos. Es la represión de la agitación de la clase obrera, impulsada por el deterioro de las condiciones de vida, y no la captura de miembros de bandas criminales, la que constituirá el principal uso del Escudo.

Ocultando la pobreza, la desigualdad social y las crecientes luchas de la clase obrera en toda Sudamérica, Fujimori insistió:

Por eso es tan importante pertenecer y ser parte del Escudo de las Américas… tenemos la firme determinación de enfrentarlos. Y con estas herramientas y con esta información y coordinación entre todos los países, podremos actuar más rápidamente y lograr resultados concretos.

La incorporación de Perú ha sido respaldada por los presidentes Milei, Kast, Paz Pereira, Noboa y Espriella, formando un bloque de gobiernos de extrema derecha. En enero pasado, Perú también fue designado aliado principal extra-OTAN.

En un programa televisivo de entrevistas, Fujimori reafirmó su promesa de campaña de construir cuatro megacárceles y otra más pequeña siguiendo el modelo de las del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Su gobierno está consultando con funcionarios ecuatorianos interesados en construir prisiones similares.

Desde que asumió el cargo, ha intentado ampliar el papel de las fuerzas armadas en la seguridad interna, utilizando los “estados de emergencia” como cobertura legal para desplegar tropas de élite respaldadas por vehículos blindados. El exjefe de la Policía Nacional (PNP), general Óscar Arriola, se opuso al plan, argumentando que los soldados no estaban entrenados para realizar labores policiales y reclamando, en cambio, más recursos para la PNP. Su reemplazo por el general Fredy López Mendoza elimina ese obstáculo. La experiencia de López Mendoza en investigación criminal, lucha contra la corrupción y grandes operaciones policiales apunta a una dirección de la PNP centrada en operaciones de inteligencia junto con una presencia militar ampliada en las calles.

Trump ha expresado abiertamente esta orientación en su discurso de lanzamiento del Escudo de las Américas: “Tienen que utilizar sus fuerzas armadas… y tienen una gran fuerza policial. … Pero amenazan a su policía. Asustan a su policía. Tienen que utilizar sus fuerzas armadas”.

Significativamente, Fujimori anunció la incorporación de Perú al Escudo desde Mazamari, en Mazamari, un poblado en la ceja de selva, vestida con uniforme militar mientras recorría el VRAEM, centro de la actividad del narcotráfico del país. La exhibición militarizada está respaldada por un importante programa de rearme: Perú ha adquirido 12 aviones de combate Lockheed Martin F-16, con planes para adquirir 24 por un costo total de aproximadamente $3.500 millones.

Apenas seis semanas después de asumir la presidencia y careciendo de un mandato popular, Fujimori está alineando su gobierno con las fuerzas pro-Trump de todo el hemisferio, al tiempo que configura su propia administración siguiendo las mismas líneas. Eligió a Carlos Espá como ministro de Relaciones Exteriores; Espá tiene más de 15 años de experiencia en la Embajada de Estados Unidos en Perú y fue candidato presidencial del diminuto partido de extrema derecha Sí Creo. Nombró a Álvaro Vargas Llosa embajador en Estados Unidos. Hijo del fallecido novelista y político derechista Mario Vargas Llosa, es un camaleón político que ha respaldado sucesivamente a presidentes de diferentes tendencias políticas, entre ellos Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra y, finalmente, Keiko Fujimori.

Mientras Rubio se reunía con Fujimori dentro del Palacio de Gobierno, cientos de personas se manifestaron en las inmediaciones contra la intervención estadounidense en Perú.

Una pancarta llevada por CONALREP —la Convención Plurinacional de las Regiones del Perú— exigía la expulsión del “Escudo de las Américas” del territorio peruano. Otros manifestantes llevaban carteles que decían: “¡Yankees fuera de América Latina!” y “¡Narco Rubio fuera del Perú! ¡EE.UU. fuera!”.

Un manifestante de edad avanzada declaró: “Estamos aquí para expresar nuestro repudio a la presencia de Marco Rubio. Él representa las cosas más terribles que se conocen hoy. Basta recordar Palestina y la guerra con Irán”.

Otra mujer declaró: “Hoy, Marco Rubio, un funcionario estadounidense, ha llegado al Perú para apoderarse de nuestros recursos naturales. Estados Unidos no tiene buenas intenciones. No es amigo del Perú”.

Estos no son sentimientos aislados. Expresan una creciente comprensión entre los trabajadores y jóvenes peruanos de que la lucha contra la intervención estadounidense en Sudamérica es inseparable de la lucha contra la agresión imperialista estadounidense en todo el mundo.

La militarización proclamada por el Escudo de las Américas tiene como objetivo preparar el terreno para una dictadura militar. Su precedente más directo es la Operación Cóndor, establecida secretamente en 1975 con el apoyo de la CIA para aplastar la oposición a las dictaduras militares de Sudamérica. Estas dictaduras hicieron desaparecer entre 35.000 y 60.000 personas, mientras que el número más amplio de quienes sufrieron represión política y laboral, encarcelamiento, tortura y exilio entre 1964 y 1983 asciende a cientos de miles, en su inmensa mayoría trabajadores y jóvenes.

Esta vez la carnicería amenaza con ser mucho mayor, porque el fortalecimiento militar está dirigido contra una clase obrera muchísimo más numerosa y concentrada que enfrenta una crisis social cada vez más explosiva. La misma globalización de la producción que Washington intenta fracturar ha unido a los trabajadores de Perú, de toda Sudamérica y de los propios Estados Unidos en una sola clase con intereses comunes contra un enemigo común.

La oposición al imperialismo expresada por los manifestantes frente al Palacio de Gobierno debe adquirir una forma política consciente. Esto exige construir secciones del Comité Internacional de la Cuarta Internacional en Perú y en todas las Américas, para armar a la clase obrera con un programa socialista revolucionario e internacionalista.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 13 de septiembre de 2026)