El 29 de septiembre, la Corte Suprema de los Estados Unidos emitió un fallo que anula las órdenes de tribunales inferiores que restringían la práctica de la administración de Trump de deportar a inmigrantes a países donde no tienen vínculos ni estatus legal. La decisión permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reanudar las expulsiones a terceros países sin dar a las víctimas aviso previo ni la oportunidad de argumentar que corren el riesgo de ser perseguidas o torturadas.

Esta sentencia marca la tercera vez que la mayoría de derecha de la Corte Suprema ha permitido que la política continúe mientras se impugna ante los tribunales. La administración inició esta práctica brutal a principios del segundo mandato de Trump como parte de su campaña para expulsar a millones de inmigrantes de Estados Unidos.

Según una investigación de la Agencia France-Presse (AFP) publicada el mes pasado, Estados Unidos ha deportado a más de 25.000 personas en virtud de acuerdos secretos con 35 países que aceptan a migrantes sin vínculos con ellos. Alrededor de 20.000 de los deportados han sido enviados a México, mientras que el resto se ha dispersado por otros 27 países de América Latina, África y el Pacífico. Third Country Deportation Watch, un proyecto de Refugees International y Human Rights First, estima que la cifra supera los 25.000 deportados enviados a al menos 29 países.

El Departamento de Justicia afirma que miles más son elegibles para ser expulsados. Nadie puede decir cuántos de ellos serán sometidos a tortura o asesinados. El día antes del fallo, dos docenas de expertos en derechos humanos de la ONU advirtieron que la deportación masiva de migrantes desde EE. UU. a terceros países ha desencadenado una “cascada de violaciones de derechos humanos” que podría tener consecuencias “mortales”.

Los acuerdos con terceros países se negociaron a puerta cerrada, y algunos nunca se han hecho públicos. La AFP informó que Estados Unidos ofreció pagos multimillonarios y amenazó con restricciones de visas para presionar a los gobiernos, especialmente en África, a fin de que aceptaran a los deportados. Una investigación de Forbidden Stories reveló que el gobierno destinó 410 millones de dólares para pagar a los países receptores o a agencias de las Naciones Unidas con el fin de facilitar las expulsiones.

La orden del 29 de septiembre anuló un fallo de febrero de 2026 del juez federal de distrito Brian Murphy, de Boston. Murphy sostuvo que el gobierno solo podía llevar a cabo tales expulsiones si se les daba a los inmigrantes una notificación significativa sobre el país de destino y la oportunidad de demostrar que allí se enfrentarían a persecución o tortura. Su fallo se produjo en el marco de una demanda colectiva presentada en marzo de 2025 por cuatro personas sin ciudadanía estadounidense. El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de EE. UU. confirmó en gran medida la decisión del juez Murphy el 18 de septiembre. La administración de Trump presentó un recurso de emergencia ante la Corte Suprema el 24 de septiembre, alegando que el fallo de apelación había «creado problemas logísticos sustanciales en las operaciones de expulsión en curso».

La orden consistió en una sola página sin firmar y sin explicación alguna. Los tres jueces del tribunal nombrados por el Partido Demócrata señalaron que habrían denegado la solicitud del gobierno, pero no emitieron ningún voto disidente por escrito.

El tribunal indicó que en diciembre escuchará los argumentos sobre si el tribunal de distrito tenía jurisdicción para emitir su orden, si tenía la autoridad para fallar en nombre de toda la clase de inmigrantes afectados y si la política del gobierno es legal. Dijo que emitirá una decisión a más tardar a finales de junio. Eso le da a la administración de Trump al menos nueve meses más para llevar a cabo deportaciones a terceros países sin previo aviso —deportaciones que dos tribunales federales de instancia inferior han considerado ilegales.

El fiscal general Todd Blanche calificó la política como “totalmente legal y una herramienta fundamental para la aplicación de las leyes de inmigración”. En Fox News Sunday afirmó: “Damos el plazo de preaviso y el debido proceso absolutamente adecuados que exige la ley”. De hecho, la política que el tribunal ha reactivado no requiere ningún aviso cuando el gobierno receptor ha dado garantías diplomáticas y tan solo seis horas cuando no las ha dado. Se jactó del historial de la administración en los casos de emergencia ante la Corte Suprema: “Hemos ganado el 80 % de las veces. Hemos ganado 28 veces en los casos de emergencia”.
Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios Migratorios, que ayudó a presentar la demanda inicial, calificó la decisión de “devastadora”. Afirmó que el tribunal “ha permitido que el gobierno reanude el envío de personas a terceros países donde se enfrentan a persecución o tortura”, y que las personas “podrían ser subidas a un avión sin previo aviso ni la oportunidad de presentar una solicitud de protección”.

En su escrito en contra de la suspensión, los abogados de los inmigrantes señalaron que el gobierno estaba ignorando el daño que supone deportar a miles de residentes de larga data en EE. UU., muchos de ellos sin antecedentes penales, sin tomar en cuenta la persecución o la tortura a las que podrían enfrentarse. Destacaron que los tribunales de primera instancia habían dictado una sentencia definitiva, lo cual es diferente a las resoluciones preliminares que la Corte Suprema había revisado anteriormente, y que las órdenes de agenda de emergencia no constituyen resoluciones definitivas sobre el fondo del asunto. Citaron a un funcionario estadounidense quien afirmó que el propósito de la política es «asustar a la gente».

“Denegar una suspensión no impide las expulsiones a terceros países”, señalaron los abogados ante la Corte Suprema. “Más bien, simplemente les exige que lo hagan de manera legal”.

Una política para aterrorizar

Un informe publicado por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) el 15 de septiembre señaló que el objetivo de la política de terceros países es “aterrorizar a los inmigrantes para que abandonen sus casos y se ‘autodeporten’”. La ACLU señaló que el gobierno está gastando decenas de millones de dólares para trasladar en avión a personas —en ocasiones encadenadas durante más de 50 horas— a países con los que no tienen vínculos. Describió el plan como especialmente cruel en la elección de sus objetivos: personas que ya habían obtenido protección en los tribunales de inmigración de EE. UU. tras demostrar que probablemente serían perseguidas o torturadas si regresaban a los países de los que huyeron.

La respuesta de la administración al fallo confirmó la acusación de la ACLU. James Percival, el abogado principal del DHS, calificó la decisión como una “victoria” y declaró: “Un mal día tanto para los indocumentados delincuentes como para los activistas a favor de las fronteras abiertas”. Agregó: “No es demasiado tarde para recibir 3.000 dólares y un vuelo de regreso a casa”. Su declaración terminó con un enlace a las instrucciones del DHS sobre cómo auto-deportarse.

La referencia de Percival a los “ilegales criminales” es una mentira. Muchos de los afectados no tienen antecedentes penales, y muchos cuentan con protección legal contra su envío a sus países de origen precisamente porque allí se enfrentan a persecución. A otros no se les puede devolver porque sus gobiernos se niegan a aceptarlos.

Se ha deportado a personas a Sudán del Sur, Uganda, Guinea Ecuatorial, Liberia, la República Centroafricana, Costa Rica, Honduras, Panamá y otros países. Las personas enviadas a estos países provienen de todas partes del mundo. Solo desde junio, Estados Unidos ha enviado tres vuelos de deportación a la República Centroafricana con afganos, rusos, jordanos, iraníes y otras nacionalidades a bordo.

Muchos de estos destinos se encuentran entre los lugares más peligrosos del planeta. Al cruzar la información de las advertencias de “No viajar” (Nivel 4) del Departamento de Estado con los informes sobre los acuerdos de deportación, se observa que al menos cinco países de la lista del Departamento de Estado son receptores de deportados estadounidenses o han sido señalados como destinos: Sudán del Sur, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Uganda y Libia. El Departamento de Estado advierte que la República Centroafricana es demasiado peligrosa para visitarla y aconseja a cualquiera que vaya allí que haga un testamento y deje una muestra de ADN para que su cuerpo pueda ser identificado.

Golpes, bolsas en la cabeza, desapariciones

El trato que reciben los deportados confirma las advertencias. El mes pasado, dos hombres expulsados por la administración de Trump a Guinea Ecuatorial fueron atados, les colocaron bolsas en la cabeza, los golpearon y los empujaron por un tramo de escaleras a la vista de otros deportados estadounidenses, según testigos y abogados de derechos humanos. Los detenidos afirmaron que a esos hombres los castigaban por haber hablado con periodistas y expertos en derechos humanos sobre las condiciones de su reclusión. El año pasado, grupos defensores de los derechos de los inmigrantes revelaron que un grupo de migrantes que inicialmente se dirigía a Sudán del Sur estaba retenido en Yibuti en un contenedor de carga reconvertido.

Los defensores afirman que sus clientes enviados a terceros países han sufrido detenciones prolongadas y arbitrarias, palizas, agresiones sexuales y desapariciones. Señalan las deportaciones a lugares peligrosos, entre ellos Libia, la megacárcel de El Salvador y la República Centroafricana.

Quienes cuestionan la política del gobierno también afirman que algunos deportados han sido trasladados ilegalmente por terceros países de regreso a sus países de origen, donde se enfrentan a tortura, desaparición o asesinato.

La demanda colectiva se basa en la Convención contra la Tortura, que el Senado de EE. UU. ratificó en 1994 y que, en términos generales, prohíbe la deportación o extradición a países donde una persona pueda ser torturada. Los tribunales de primera instancia han determinado que la ley exige que se notifique al migrante y se le brinde la oportunidad de presentar una alegación creíble de temor a ser torturado. El DHS sostiene que basta con haber recibido garantías generales del gobierno receptor de que ningún deportado será torturado.

El marco legal de la política de terceros países se remonta a un memorándum del ICE de febrero de 2025 que ordenaba a los funcionarios revisar si los inmigrantes protegidos contra la deportación a sus países de origen podían ser detenidos nuevamente y enviados a otro lugar mientras el gobierno negociaba acuerdos con gobiernos extranjeros para que los acogieran.

La Corte Suprema intervino por primera vez en el caso el año pasado, cuando bloqueó dos fallos anteriores de tribunales inferiores en contra de las expulsiones a terceros países, incluida una orden de mayo de 2025 que prohibía temporalmente las deportaciones a Sudán del Sur sin la oportunidad de oponerse. Ahora, a medida que el caso avanza hacia la audiencia en diciembre, la mayoría de derecha ha vuelto a poner el peso de la Corte detrás de la redada de la administración.

El Partido Demócrata, por su parte, no ha hecho nada para detener esta práctica más allá de protestas dispersas y puramente verbales. No ha utilizado sus poderes en el Congreso, incluido el control sobre los fondos, para bloquear los pagos a gobiernos extranjeros o los vuelos. La postura de los demócratas está en consonancia con su historial en materia de aplicación de las leyes de inmigración en general.

Los trabajadores migrantes son un componente esencial de la clase trabajadora en su conjunto. El ataque sádico contra los inmigrantes es la punta de lanza del asalto de la clase dominante contra los derechos democráticos de toda la clase trabajadora y del establecimiento por parte de Trump de una dictadura presidencial. No será detenido por los tribunales ni por ninguna otra institución del aparato estatal capitalista. Todos los trabajadores deben defender a sus hermanos y hermanas inmigrantes mediante el desarrollo de un movimiento unido e independiente de la clase trabajadora contra la fuente de la guerra, la desigualdad y la dictadura: el capitalismo.

(Publicado originalmente en inglés el de julio de 2022)