El 26 de septiembre de 2014, 43 estudiantes de magisterio (normalistas) de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, en la costa sur del Pacífico, fueron atacados por la policía y desaparecidos por la fuerza en la ciudad de Iguala. Esa noche murieron seis personas, entre ellas otros tres estudiantes. Doce años después, solo se han identificado los restos de tres de los 43.

El lunes 28 de septiembre, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum presentó un “nuevo informe” que contribuye muy poco a avanzar en el enjuiciamiento de los responsables. En todo caso, se trata de una operación política para cerrar, de una vez por todas, la pista que conduce, en particular, a los militares.

Ni siquiera se invitó a las familias de los normalistas a la presentación. Y el Ejército sigue desacatando una orden judicial federal del 19 de febrero de 2026 que exige la divulgación de unas 850 páginas (folios) de informes de inteligencia sobre la atrocidad, algo que las familias han exigido desde hace mucho tiempo.

Decenas de miles de padres, familiares y simpatizantes marcharon el sábado 26 de septiembre desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la Ciudad de México para protestar contra la continua negativa del gobierno federal a dar a conocer todas las pruebas de este horrible crimen.

Esta atrocidad, y su encubrimiento inicial, ocurrieron bajo el mandato del presidente Enrique Peña Nieto, del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Su gobierno afirmó que la policía local había entregado a los estudiantes a una banda, la cual los mató y quemó sus cuerpos en un vertedero cerca del pueblo vecino de Cocula. A esta versión la denominó la “verdad histórica”.

La investigación de entonces estuvo plagada de irregularidades y violaciones a los derechos humanos. En lugar de buscar descubrir la verdad, se buscó ocultarla, en particular el papel de las fuerzas armadas y la policía federal.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), comenzó a trabajar en 2015 y cuestionó la versión oficial desde el principio. Con base en análisis forenses, rechazó la afirmación de que los estudiantes hubieran sido incinerados en el vertedero, por considerarla imposible dadas las circunstancias descritas por las autoridades.

Sus informes de 2015 y 2016 también revelaron la falsificación de registros, la destrucción de pruebas y la tortura sistemática de detenidos y sospechosos a lo largo de la investigación oficial.

Durante años, los padres buscaron la verdad, aferrándose a la tenue esperanza de que algunos de los estudiantes aún pudieran estar vivos, y contaron con el respaldo de protestas masivas y un amplio apoyo popular.

A pesar de las promesas de los sucesores presidenciales de Peña Nieto, supuestamente “izquierdistas”, del partido Morena —Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Claudia Sheinbaum— de llevar a cabo una investigación exhaustiva, la verdad completa sigue oculta a la vista.

Poco después de asumir el cargo en diciembre de 2018, AMLO creó la Comisión de la Verdad y el Acceso a la Justicia, y se estableció una unidad especial en la Fiscalía General de la República para gestionar la investigación.

La Comisión de la Verdad avanzó a paso de tortuga durante los siguientes cuatro años, lo que reflejó la resistencia en las altas esferas del Estado y prolongó el dolor de los padres.

En marzo de 2022, el GIEI presentó su tercer informe, en el que reveló la participación de funcionarios de alto nivel e instituciones en el encubrimiento. Documentó la infiltración y vigilancia de la universidad por parte de los militares antes, durante y después de los sucesos en Iguala, así como la manipulación de la supuesta escena del crimen en Cocula por parte de miembros de la Marina.

Las imágenes tomadas por un dron de la Armada, mantenidas en secreto durante más de siete años, mostraban a marines y al procurador general Jesús Murillo Karam en el vertedero de Cocula antes del “descubrimiento” oficial de la escena del crimen en ese lugar. El GIEI también determinó que los testimonios en los que se basaba la versión oficial habían sido obtenidos mediante tortura.

La Comisión de la Verdad del gobierno de AMLO se vio obligada a reconocer que la desaparición de los 43 fue un “crimen de Estado” y que la investigación original había sido un encubrimiento deliberado. El subsecretario de Derechos Humanos de AMLO, Alejandro Encinas, afirmó posteriormente que seis de los 43 permanecieron con vida en un almacén durante varios días y luego fueron entregados al comandante del 27.º Batallón de Infantería de Iguala, el coronel José Rodríguez Pérez, quien presuntamente ordenó su muerte. Rodríguez Pérez fue ascendido posteriormente a general.

En 2022, se emitió una orden de aprehensión contra el fiscal general de Peña Nieto, Jesús Murillo Karam, artífice de la investigación inicial y de su “verdad histórica” . Sigue bajo arresto domiciliario y aún no ha sido juzgado. Otra figura clave en el encubrimiento, Tomás Zerón, quien dirigió la Agencia de Investigación Criminal bajo el mando de Murillo Karam, huyó a Israel, país que ha rechazado la solicitud de extradición presentada por México.

En agosto de 2022, también se emitieron órdenes de aprehensión contra 20 soldados y oficiales de los batallones de infantería 27 y 41 de Iguala, cinco funcionarios administrativos y judiciales de Guerrero, 44 agentes de policía municipal y estatal y 14 miembros de la banda Guerreros Unidos.

Sin embargo, entre agosto y septiembre de 2022, la Fiscalía General de la República (FGR) anuló 21 de las 83 órdenes de aprehensión —16 de ellas contra soldados— y el fiscal especial Omar Gómez Trejo renunció en señal de protesta. Desde entonces, se ha procesado a 17 soldados, pero ninguno ha sido condenado.

El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, está acusado de ordenar a la policía municipal que detuviera a los estudiantes y los entregara a Guerreros Unidos. Pero en 2023 un juez lo absolvió del secuestro de los 43, fallo que se confirmó en apelación. Sigue en prisión por otros cargos.

Rodríguez Pérez asistió a un evento organizado por la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda, la noche del ataque. Debió haber sabido lo que se estaba gestando, pero no hizo nada para proteger a los estudiantes. En 2022 fue acusado por el caso de los seis estudiantes que presuntamente fueron retenidos en el almacén, pero en julio de 2024 un juez lo puso en libertad bajo fianza, y sigue en libertad.

Doce años después, según Associated Press, ni una sola persona ha sido condenada por la desaparición o el asesinato de los estudiantes.

Los más altos mandos del Ministerio de Defensa y de la agencia nacional de inteligencia han eludido cualquier escrutinio o enjuiciamiento. Resulta increíble que en 2014 no estuvieran plenamente informados del papel de las unidades militares locales. Como mínimo, lo encubrieron, y siguen gozando de impunidad hasta el día de hoy.

A pesar de todo esto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en la Recomendación 208VG/2026 del 9 de julio, llegó incluso a eximir a las Fuerzas Armadas de responsabilidad institucional. Los padres respondieron que eso “nos lleva de vuelta a la verdad histórica”.

El informe del 28 de septiembre fue presentado por Mauricio Pazarán, jefe de la Unidad Especial de Investigación y Litigio para el Caso Ayotzinapa, y Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación.

Con base en un nuevo análisis de unos 80.000 registros telefónicos, se descubrió que los teléfonos de tres de los 43 fueron utilizados por un exfuncionario de Iguala, un agente de policía y la esposa de un funcionario municipal en los días y semanas posteriores al ataque.

Pazarán señaló que ahora era posible reconstruir las comunicaciones entre miembros de Guerreros Unidos, agentes de policía, funcionarios públicos y particulares durante la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014. “Hoy sabemos quién se comunicó con quién, cuántas veces y a qué hora”, afirmó. El análisis identificó a 17 personas que nunca antes habían sido investigadas.

El informe también investiga si unos 17 de los normalistas pasaron por la comisaría de Barandilla, en Iguala, esa noche.

Con base en las llamadas entre miembros de Guerreros Unidos, la policía, funcionarios y personas vinculadas a funerarias y al Servicio Médico Forense (Semefo) del gobierno, el informe plantea que algunos estudiantes podrían haber sido llevados a funerarias y al depósito de cadáveres para “hacer desaparecer” pruebas mediante la incineración.

Una de estas llamadas condujo a Rodolfo Rueda, dueño de la funeraria El Ángel, cuya familia tenía la concesión de la morgue local y participaciones en el cementerio municipal. Los fiscales determinaron que Rueda utilizó el teléfono del normalista Julio César Mondragón Fontes, uno de los tres estudiantes asesinados esa noche, el 4 de octubre de 2014. Los registros en la funeraria y la morgue revelaron fragmentos de huesos y un horno crematorio no registrado. Rueda y tres familiares han sido detenidos. Hasta el momento, ninguno de los restos analizados coincide con los de los estudiantes.

Parte de este material se está analizando con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense, que ha trabajado en el caso desde el principio.

Si bien estos detalles son de gran importancia para las familias, no contribuyen en nada a revelar la complicidad de los militares y del gobierno en su conjunto en el encubrimiento —si no en la participación misma— de la atrocidad.

Medina dijo que 17 militares están siendo procesados, pero no mencionó nombres ni fechas de audiencia. En total, la unidad especial informa de 168 personas procesadas, 130 de ellas en prisión, y 31 detenciones desde octubre de 2024.

Lo más importante es que el papel del Ejército esa noche sigue sin esclarecerse. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que está desacatando la orden judicial sobre sus archivos de inteligencia, está bloqueando cualquier investigación.

No es de extrañar que un padre de un normalista que participaba en las protestas le dijera a AP el 26 de septiembre: “Quien controla el país es el Ejército, eso ahora lo tengo muy claro”.

El informe también destacó la detención, el 6 de agosto, del exgobernador de Guerrero Ángel Aguirre, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), a quien se le ha ordenado comparecer en juicio por desaparición forzada por presuntamente haber ocultado o destruido imágenes de seguridad del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero. Aguirre renunció en octubre de 2014 tras semanas de protestas. Su detención es tardía, por decir lo menos, ya que su papel se conocía desde hace años.

Durante su mandato, AMLO, mentor y predecesor de Sheinbaum, se apoyó cada vez más en el ejército para gobernar. Creó una Guardia Nacional militarizada y la puso bajo el Ministerio de Defensa, una medida que se incorporó a la Constitución en 2024 con el respaldo de Sheinbaum. En 2022, su gobierno extendió el despliegue interno de las fuerzas armadas de 2024 a 2028.

Estas medidas revelaron un rumbo cada vez más autoritario y una dependencia del ejército para reprimir cualquier amenaza de agitación de la clase trabajadora.

El compromiso número 9 de los 100 que Sheinbaum anunció al asumir el cargo en octubre de 2024 prometía “seguir trabajando con las familias para lograr la verdad y la justicia hasta que encontremos a todos los jóvenes desaparecidos de Ayotzinapa”. Pero ella está siguiendo el mismo camino que AMLO al proteger al ejército del escrutinio.

Es particularmente reveladora su respuesta a la orden judicial sobre los expedientes de inteligencia: se ha limitado a repetir el argumento del Ejército de que los documentos no existen o de que no queda nada que entregar. “No se está encubriendo a nadie”, declaró el 21 de septiembre.

El GIEI abandonó el caso en julio de 2023, alegando la negativa de las fuerzas armadas a entregar información. En mayo de este año, el gobierno informó a las familias de los normalistas que su regreso no era factible.

En julio, Sheinbaum anunció que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos propondría, en su lugar, nuevos «expertos independientes», excluyendo al GIEI, del que declaró que “ya no existe”.

Ayotzinapa sigue siendo un poderoso símbolo de la criminalidad patrocinada por el Estado en México y de la represión que el Estado mexicano lleva décadas ejerciendo contra la resistencia popular a la opresión de clase.

Tras doce años de apelaciones ante la presidencia de México, el partido gobernante Morena, la CIDH, las Naciones Unidas y la CNDH, la verdad completa permanece enterrada, el mando militar intacto y su papel en la oscuridad.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 9 de octubre de 2026)