Los gobernadores de 25 estados de EE.UU. ya eliminaron o eliminarán pronto los beneficios suplementarios por desempleo relacionados a la pandemia, privando a aproximadamente cuatro millones de trabajadores desempleados de $22 mil millones en asistencia adicional según Century Foundation.

La eliminación del pago federal por desempleo de $300 comenzó el sábado pasado en Mississippi, Missouri, Iowa y Alaska. Los otros 21 estados lo eliminarán para el 10 de julio. Veintiuno de los 25 estados, incluyendo Maryland, Texas y Tennessee, pondrán fin completamente a los programas Asistencia para Desempleados en Pandemia (dirigida a los trabajadores casuales o “gig”) y Compensación por Desempleo en Emergencia Pandémica.

Los estados que están tomando estas medidas drásticas tienen gobernadores republicanos. Sin embargo, la política es bipartidista. El mes pasado, el presidente Joe Biden demostró su apoyo a finalizar los beneficios al permitir la reanudación de los requisitos vinculados a demostrar que están buscando trabajo. También declaró su apoyo a permitir que los beneficios federales de desempleo expiren en todo el país el 6 de septiembre, en menos de tres meses.

Esto fue seguido por una declaración de la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, el 4 de junio en la que declaró que los gobernadores republicanos “tienen todo el derecho” a “no aceptar” el beneficio por desempleo, añadiendo que “Está bien”.

En la prensa capitalista, la decisión de eliminar el apoyo para millones de trabajadores desempleados y sus familias ha sido descrito como un “experimento”. NBC News declaró el 11 de junio, “Es el inicio de un experimento audaz, masivo, social y económico para ver si apagar los beneficios federales por desempleo de manera temprana para la mitad del país impulsará a las personas en esos estados a regresar al trabajo”.

Este “experimento audaz” significará, en la práctica, lanzar a millones de personas a la pobreza y la miseria mientras se facilita una mayor propagación de la pandemia de coronavirus.

Por ejemplo, fíjense en Mississippi, donde menos del 29 por ciento de la población está completamente vacunada y donde aproximadamente 70.000 trabajadores desempleados vieron la eliminación de sus pagos por desempleo el sábado. Aproximadamente 15 por ciento de los adultos en Mississippi encuestados por el Buró del Censo de EE.UU. el mes pasado reportaron que “a veces o frecuentemente” se quedaron sin comida suficiente durante los últimos siete días. Además, casi 37 por ciento de los adultos dijo que fue “muy o algo difícil” pagar los gastos domésticos durante la semana previa.

Las condiciones en Mississippi se repiten en todo el país. La eliminación de los beneficios por desempleo será catastrófica para los trabajadores desempleados y sus familias, muchos de los cuales no han podido encontrar trabajo por razones de salud, la falta de cuido infantil o por no encontrar ofertas con salarios dignos.

En primer lugar, está la exigencia de la clase dominante de que los trabajadores deben volver al trabajo, incluso cuando la pandemia sigue cobrándose cientos de vidas cada día y cuando se propagan rápidamente nuevas y peligrosas cepas, como la variante Delta. La clase dominante, con la Administración de Biden a la cabeza, ha proclamado que la pandemia “ha terminado”.

En la Ley CARES, aprobada a finales de marzo de 2020, se incluyeron prestaciones federales complementarias por desempleo de 600 dólares semanales. La asistencia temporal proporcionada a las personas devastadas por el impacto económico de la pandemia estuvo diseñada como una medida provisional y una cubierta para el propósito principal de la ley: el rescate multimillonario de Wall Street.

No bien fue convertida en ley este enorme obsequio a los ricos, comenzaron las demandas para que los trabajadores volvieran a trabajar, junto con las denuncias bipartidistas del subsidio de 600 dólares semanales por crear un “desincentivo” a trabajar. Se permitió que el programa expirara en julio de 2020 y que fuera sustituido posteriormente bajo el mandato de Trump por un programa temporal que pagaba la mitad, 300 dólares a la semana. El suplemento de 300 dólares a la semana se extendió de nuevo en marzo de este año, bajo Biden, proporcionando beneficios hasta septiembre.

El acuerdo unánime dentro de la clase dirigente de que todos los beneficios deben llegar a su fin coincide con la campaña de la Administración de Biden para eliminar todas las restricciones restantes a la propagación del virus.

La decisión de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) de eliminar las órdenes de uso de mascarilla y reducir las normas sobre el distanciamiento social el mes pasado fue seguida por la publicación de directrices de seguridad laboral del Departamento de Trabajo que solo se aplican a los centros sanitarios. El resto de la clase trabajadora quedará indefensa en sus lugares de trabajo, que no estarán obligados por ley a implementar medidas de seguridad básicas, como el uso obligatorio de mascarillas, el distanciamiento social o la obligación de informar a los trabajadores si estuvieron expuestos al virus.

En segundo lugar, a la clase dirigente le preocupa que la relativa escasez de mano de obra en algunas industrias esté contribuyendo al aumento de los salarios. “La Reserva Federal podría estar enfrentándose a un dolor de cabeza laboral en su lucha contra la inflación”, escribió la CNBC la semana pasada. “Cuanto más tiempo tarde en volver a trabajar la gente”, declaraba, “más tendrán que pagar los empresarios”.

La CNBC cita a Ian Shepherdson, economista jefe de Pantheon Macroeconomics: “Por desgracia, vemos indicios de que la participación laboral podría no volver rápidamente a su nivel anterior a la crisis. Sea lo que sea que ocurra aquí, la Reserva Federal necesita que un gran número de estas personas vuelvan a la población activa en el otoño”.

Detrás de este lenguaje codificado hay una lógica de clase despiadada. La clase dominante quiere crear presión para que bajen los salarios obligando a millones de trabajadores a aceptar trabajos de nivel de pobreza, en condiciones peligrosas, mediante el recorte de las prestaciones por desempleo.

En cuanto a la inflación, la clase dominante no está preocupada por la “inflación” en general, sino por las demandas de los trabajadores de un aumento de los salarios en consonancia con el aumento de los costes de los bienes de consumo. Esto reduciría las ganancias de las empresas.

Durante el último año, se ha producido una inflación masiva en casi todos los activos financieros, impulsada por la infusión ilimitada de dinero de la Reserva Federal en los mercados de valores. Esto ha producido un crecimiento correspondiente en la riqueza de la oligarquía. Las fortunas de los millonarios globales se dispararon de $8 billones a $13,1 billones. Solo el aumento de la riqueza de la oligarquía durante este período es 227 veces más que el coste de las prestaciones federales de desempleo que se están eliminando.

Mientras que aparecen artículos diarios lamentando el hecho de que algunos trabajadores desempleados han podido sobrevivir con los escasos beneficios proporcionados, nadie en la prensa capitalista sugiere que se cierre la espita a Wall Street. Es un “experimento” que no les interesa llevar a cabo.

El “experimento” de la clase dominante con su política de inmunidad colectiva homicida ha provocado la muerte de más de 600.000 personas en EE.UU. Ahora, la eliminación de los subsidios por desempleo supondrá una devastación social para millones de personas. En ambos casos se expone la realidad del capitalismo y las consecuencias de la subordinación de la sociedad a los intereses de la oligarquía financiera.

El recorte de las prestaciones por desempleo alimentará la creciente oposición de la clase obrera. Las huelgas en curso de los trabajadores de Volvo en Virginia, los trabajadores del acero de ATI en Pensilvania y las enfermeras de Massachusetts son expresiones iniciales de una explosión en desarrollo. Estas luchas deben ampliarse y sacarse de las manos de los sindicatos corporativistas, que han trabajado sistemáticamente durante décadas para suprimir la oposición de la clase trabajadora a las políticas de la élite gobernante.

La lucha contra el recorte de las prestaciones por desempleo, contra la inmunidad colectiva y contra la explotación debe estar conectada a un movimiento revolucionario de la clase obrera, en EE.UU. y a nivel internacional, para expropiar a los oligarcas, establecer la propiedad pública de los gigantescos bancos y corporaciones, y abolir el sistema capitalista.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de junio de 2021)