Después de permitir que la moratoria federal sobre los desalojos expire durante el fin de semana, exponiendo a millones de inquilinos en dificultades al peligro de la expulsión forzosa de sus hogares, la pérdida de sus pertenencias y la falta de vivienda, la Casa Blanca de Biden emitió un comunicado el lunes por la tarde desautorizando efectivamente cualquier responsabilidad por la inmensa miseria social que sus acciones están causando.

La declaración sobre 'esfuerzos de prevención de desalojos' reconoce el terrible impacto de los desalojos masivos, en particular 'dada la creciente urgencia de contener la propagación de la variante delta', que se extenderá como la pólvora a través de refugios para personas sin hogar, campamentos y apartamentos superpoblados donde viven dos o tres familias.

Pero, aunque promete que 'el presidente Biden está tomando más medidas para evitar que los estadounidenses experimenten la angustia del desalojo', las acciones equivalen a una larga lista de llamamientos para que otras personas hagan algo sobre la crisis. La declaración se lee como una sátira sobre la indiferencia apenas disfrazada por un doble discurso político.

Biden pide a su propia Casa Blanca que discuta con otras agencias federales 'si hay otras autoridades que tomen medidas adicionales para detener los desalojos', dado que la mayoría de derecha en la Corte Suprema de EE. UU. anuló la orden contra el desalojo que emitieron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en septiembre pasado, por motivos de salud pública, y varias veces extendidas por períodos de tres meses.

Biden también exige a los tribunales estatales y locales que detengan los procedimientos de desalojo hasta que los inquilinos y propietarios puedan acceder a la Asistencia de Alquiler de Emergencia, el programa federal establecido para brindar asistencia a los trabajadores despedidos debido a la pandemia y que no pueden pagar el alquiler. Se han asignado alrededor de $47 mil millones para este programa, pero solo $3 mil millones se han pagado, en gran parte, debido a la demora de los gobiernos estatales y locales y de los propietarios.

El presidente hizo un llamado a los gobiernos estatales y locales que dejen las demoras, sin ofrecer ninguna razón para que eso suceda, ya que está impulsado por la resistencia política entre los políticos capitalistas para hacer cualquier cosa para ayudar a los inquilinos contra los propietarios, que componen un importante grupo social. interés en ambas partes.

Por último, el presidente pide a los propietarios que 'detengan los desalojos durante los próximos 30 días' e incluso hace un llamamiento a los 'proveedores de servicios públicos para que trabajen con los gobiernos estatales y locales ... para evitar cortar los servicios a los que están atrasados en los pagos debido a la pandemia y en riesgo de desalojo'.

Biden, un devoto asistente a la iglesia no incluye un llamamiento para que Satanás le corte las garras y la cola, y para que el león se acueste con el cordero, pero podría bien hacerlo mientras suplica a los propietarios y a las empresas de servicios públicos que le den un respiro a la clase trabajadora.

Este disparate fue acompañado por una ronda de acusaciones entre los demócratas en Washington, la Casa Blanca y los líderes del Congreso, criticando a los demás; y varias facciones de los demócratas de la Cámara de Representantes sugiriendo que sus oponentes dentro del propio partido son los culpables del fracaso de aprobar la legislación antes de la fecha límite el 31 de julio, establecida por la Corte Suprema.

Ciertamente es cierto, como acusan la representante Alexandria Ocasio-Cortez, la representante Cori Bush y otros, que una facción considerable de demócratas 'moderados, es decir, de derecha, se negó a apoyar un proyecto de ley presentado el viernes por la mañana por el liderazgo de la Cámara para extender la moratoria de desalojo hasta el 18 de octubre. Algunos de ellos amenazaron con abordar aviones para regresar a sus distritos durante el receso del Congreso de agosto en lugar de permitir que la medida se sometiera a votación.

Pero Ocasio-Cortez, Cori Bush y otros en la bancada 'izquierda' han dedicado sus carreras políticas a defender la viabilidad de este partido de derecha del imperialismo y Wall Street como vehículo para la reforma social. Difícilmente pueden expresar conmoción de que sus colegas se preocupen más por los propietarios que por los inquilinos a punto de quedarse sin hogar.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros en el liderazgo del Congreso demócrata culparon a la Casa Blanca por esperar hasta el jueves pasado para anunciar que no habría una extensión de la moratoria sin una acción del Congreso. Pero la fecha límite del 31 de julio era bien conocida en todo Washington, así como la inevitabilidad de un obstruccionismo en el Senado para bloquear cualquier acción, dada la negativa de los demócratas a cambiar la regla obstruccionista.

La verdad es que se permitió que expirara la moratoria de desalojo porque no hay un apoyo significativo dentro de la élite gobernante de EE. UU. para las medidas de reforma social, y mucho menos acciones que afectarían los intereses de lucro de los propietarios, que incluyen no solo a los pequeños propietarios conocidos como 'mamás y papás”, pero grandes consorcios financieros que controlan los imperios inmobiliarios.

Ahora las consecuencias se sentirán, de manera desigual al principio, porque hay un mosaico de restricciones estatales y locales sobre los desalojos, muchas también promulgadas durante la pandemia. Los inquilinos en Nueva York, Nueva Jersey, Maryland, California, Oregón y Washington tienen algunas protecciones limitadas durante un período de tiempo limitado, como máximo unos pocos meses.

En muchas áreas, sin embargo, la ola de desalojos comenzará de inmediato, quizás tan pronto como esta semana. Se dice que 600 familias fueron amenazadas con el desalojo en Detroit, según una encuesta local.

En St. Louis, la oficina del alguacil dijo que se estaba preparando para ejecutar 126 órdenes de desalojo que habían llegado a la etapa final y que agregaría personal a los equipos de oficiales asignados a esta brutal tarea. El alguacil Vernon Betts dijo que su oficina comenzaría a hacer cumplir 30 desalojos por día a partir del 9 de agosto, y dijo que después de trabajar para 'limpiar' el atraso, esperaba cientos de nuevas solicitudes de desalojo por parte de propietarios que habían estado esperando su momento. Le dijo a un medio de comunicación local: 'Una vez que termine la moratoria, creo que será, 'Katy atranque la puerta''.

Los inquilinos tienen las peores perspectivas en los estados del sur, según una encuesta del Wall Street Journal, con cargas de deuda de alquiler más altas que el promedio en Mississippi, Carolina del Sur y Georgia, y leyes tan reaccionarias que los inquilinos de Mississippi pueden perder un caso de desalojo y estar en la calle el mismo día, mientras que los propietarios de Arkansas pueden presentar cargos penales contra los inquilinos que no pagan el alquiler.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 3 de agosto de 2021)