El viernes, la administración de Biden anunció que continuará aplicando las brutales políticas de inmigración de la administración de Trump, continuando con las estrictas restricciones bajo el Título 42 que obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur a permanecer en México. La única actualización anunciada fue que continuaría aplicándose a todas las familias y personas que buscan asilo, pero haría excepciones para los menores no acompañados, permitiéndoles ingresar a los EE. UU. mientras buscan asilo a través de los tribunales de inmigración.

La medida draconiana contra los inmigrantes—implementada bajo el pretexto de combatir la propagación de COVID-19—se mantiene incluso cuando la administración Biden ha encabezado el levantamiento de todas las demás medidas de salud pública relacionadas con la pandemia, y a la población estadounidense se le ha dicho que debía aprender a “vivir con el virus” y “volver a la normalidad”.

El Título 42 fue usado por primera vez en marzo de 2020 bajo el entonces presidente Donald Trump al comienzo de la pandemia de coronavirus para imponer las restricciones más duras hasta la fecha sobre quién puede cruzar la frontera “en interés de la salud pública”. El estatuto de 1944 otorga al presidente amplios poderes para bloquear la entrada de extranjeros al país a fin de prevenir la “grave amenaza” de una enfermedad peligrosa. El fascista asesor de inmigración de Trump, Stephen Miller, había intentado invocar la ley dos veces antes, durante un brote de paperas en las cárceles de inmigrantes y una vez más durante la temporada de gripe.

Según funcionarios de la Casa Blanca, Miller había visto durante mucho tiempo las protecciones especiales ofrecidas a los menores como un obstáculo importante para llevar a cabo la prohibición total de inmigraciones y un obstáculo para las deportaciones rápidas. La propagación de COVID-19 fue aprovechada rápidamente para justificar el cese de la protección internacional del asilo y la administración de Biden ha continuado persiguiéndola de una manera fuerte y contundente, la cual ha deportado a más de 1 millón de migrantes y detenido un récord de 1,7 millones de migrantes a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México el año pasado.

Según la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), el mes pasado la administración Biden alcanzó un hito terrible al deportar a su migrante número 20.000 de regreso a Haití a bordo del vuelo 198 desde la toma de posesión del presidente el 20 de enero de 2021. Las grandes cifras fueron el resultado de una campaña de deportación masiva llevada a cabo por la administración Biden que envió cientos de vuelos llenos de refugiados haitianos que buscaban asilo en los Estados Unidos de regreso a Haití.

El anuncio de mantener el Título 42 continúa el asalto al derecho internacional de asilo. Además, es otra versión más de lo que hizo la administración Trump al principio de la pandemia—usar la amenaza de COVID-19 para obligar a los padres a separarse de sus hijos diciéndoles que solo permitirán que los niños salgan de los centros de detención infestados de COVID pero no los padres.

Al negarse a procesar las solicitudes de asilo para todos, excepto para los jóvenes no acompañados, se está preparando el escenario para que decenas de miles de padres hagan un sacrificio devastador y se separen de sus hijos con la esperanza de que al menos sus hijos puedan llegar a Estados Unidos.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional, la administración de Biden llevó a cabo 1,8 veces más detenciones y deportaciones de migrantes bajo el Título 42 en la frontera sur entre febrero y agosto de 2021 (690.209) que la administración de Trump llevó a cabo durante el mismo período en 2020.

Los miembros del Caucus Hispano del Congreso han hablado hipócritamente sobre la difícil situación de los migrantes, incluido el presidente Raúl Ruiz (demócrata, California), quien declaró: “Hace mucho tiempo que se debió terminar por completo la política del Título 42 iniciada por Trump y dejar de usar la pandemia como excusa para seguir adelante”. Las falsas declaraciones de simpatía de los funcionarios del Partido Demócrata no podrían sonar más huecas.

La realidad es que incluso si la pandemia de COVID-19 nunca hubiera ocurrido, las prisiones, las detenciones y separaciones de niños, los muros y cercas fuertemente armados y vigilados, equipados con drones, alambre de púas y perros de ataque— reales y robóticos—todavía estarían allí para amenazar y abusar de aquellos que buscan cruzar la frontera. Esta realidad brutal estuvo vigente incluso antes de la pandemia y ha sido una parte clave de la política antiinmigrante bipartidista de Washington. Las prisiones de detención superpobladas, fuertemente ampliadas bajo la administración de Obama, fueron respaldadas por la vicepresidenta Kamala Harris solo unos meses después de la presidencia de Biden.

La administración de Biden solo ha realizado cambios cosméticos en las políticas de inmigración de Trump, incluida la finalización del programa “Permanecer en México” el cual requería que decenas de miles de inmigrantes esperaran en México para su audiencia de inmigración en los EE.UU. solamente para transportarlos directamente a los aviones de deportación, llevando adelante los ataques al asilo encabezados por Obama y Trump. El gobierno de Biden reanudó la política de Permanecer en México a fines del año pasado por orden judicial.

Las condiciones inhumanas que enfrentan los solicitantes de asilo y los migrantes en la frontera entre EE. UU. y México se han garantizado mediante una colaboración entre la administración de Biden y el gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en una campaña brutal para reprimir la migración. Washington le ha encomendado al gobierno de AMLO que detenga a los migrantes y se asegure que no lleguen a la frontera sur de Estados Unidos.

La cantidad de personas que solicitan el estatus de refugiado o asilo en México casi se duplicó entre 2019 y 2021 y alcanzó un máximo histórico de más de 130.000 en enero, ya que las consecuencias económicas y políticas de la pandemia de COVID-19 empujaron a crecientes oleadas de migrantes a tratar de llegar a los Estados Unidos.

Mientras que la barbarie sin fin se enfrenta a los pueblos de América Latina, Oriente Medio y África del Norte que buscan asilo como refugiados de las intervenciones imperialistas estadounidenses en todo el mundo, una respuesta muy diferente han recibido los refugiados ucranianos que huyen de la guerra provocada por Estados Unidos y la OTAN por parte de Rusia contra Ucrania.

El 2 de marzo, la Unión Europea (UE) ordenó a sus estados miembros prepararse para recibir una “afluencia masiva” de refugiados. Según la orden, a los refugiados ucranianos se les debe permitir permanecer al menos un año y tener la opción de extender su estadía hasta tres años sin visa. A diferencia de los de Oriente Medio y África que se encuentran con los muros de la Fortaleza Europa o los miles desconocidos que han perecido en las aguas del Mediterráneo fuertemente patrulladas, los refugiados ucranianos podrán recibir beneficios sociales, vivienda, educación y la derecho al trabajo.

En los últimos días, ciudadanos rusos y ucranianos que huían de la guerra comenzaron a aparecer en el cruce fronterizo de San Diego-Tijuana, México en el sur de California, después de abordar vuelos a Tijuana a través de Moscú y el aeropuerto rumano de Bucarest.

Las autoridades estadounidenses permitieron que una mujer ucraniana y sus tres hijos solicitaran asilo el jueves, un cambio con respecto al día anterior cuando se le negó la entrada bajo las amplias restricciones del gobierno de Biden para buscar protección humanitaria. A la mujer de 34 años llamada Sofía y sus hijos, de 6, 12 y 14 años, inicialmente se les impidió ingresar a los EE. UU. debido al Título 42.

Con la llegada de los refugiados ucranianos, el líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer, de Nueva York, y otros demócratas de repente abogan por el fin del Título 42. Schumer hipócritamente hizo mención de la familia ucraniana cuando pidió el fin del Título 42 el viernes, y señaló: “Ellos solicitaron refugio en uno de los puertos de entrada en nuestra frontera sur, pero fueron rechazados debido al Título 42. ... Esto no es lo que somos como país. Continuar con esta política de la era Trump ha desafiado el sentido común y la decencia común”.

Sofía y su familia han esquivado la pesadilla que enfrentan decenas de miles en campamentos improvisados a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México, donde muchos migrantes han denunciado secuestros, extorsiones y agresiones por parte de pandillas mientras esperan el procesamiento de solicitudes de asilo en ciudades mexicanas plagadas de delitos.

Si efectivamente se levanta el Título 42, no será porque se haya restablecido o fortalecido el derecho de asilo en virtud del derecho internacional. Será con el propósito de consumo público y propaganda para justificar la guerra provocada por EE. UU. y la OTAN contra Rusia, mientras que las decenas de miles de pobres almas de México, el Triángulo del Norte y América Latina continuarán enfrentando la misma brutalidad.

La clase trabajadora en los Estados Unidos debe exigir el derecho de todos los trabajadores a vivir y trabajar donde les plazca, con plenos derechos de ciudadanía, y la abolición de las barreras nacionales que se han erigido para dividir a los trabajadores entre sí y que se utilizan para justificar la explotación de inmigrantes y refugiados.

(Publicado originalmente en inglés el 14 de marzo de 2022)