La orden ejecutiva del 7 de julio del gobernador de Texas, Greg Abbott, que autorizó a las autoridades estatales a devolver a los migrantes detenidos a la frontera entre Estados Unidos y México ha despertado las alarmas entre los abogados y defensores de inmigración, quienes dicen que la orden plantea una serie de preguntas legales.

La directiva de Abbott otorga a la Guardia Nacional de Texas y al Departamento de Seguridad Pública (DPS) la autoridad para arrestar a los migrantes sospechosos de cruzar ilegalmente la frontera o cometer “otras violaciones de la ley federal”. También faculta a los funcionarios estatales para devolver a los migrantes detenidos a los puertos de entrada, sin llegar a utilizar los recursos estatales para expulsar a los migrantes del país, como las fuerzas de extrema derecha han pedido cada vez más en los últimos meses.

La orden se produjo dos días después que exfuncionarios de Trump y funcionarios de derecha en condados escasamente poblados del sur de Texas pidieron a Abbott que declarara que Texas se enfrenta a una “invasión” e invocara los poderes de emergencia reservados para la guerra para deportar directamente a los migrantes.

Los legisladores de Texas han utilizado la muerte de decenas de inmigrantes encontrados en un remolque de camión en San Antonio el mes pasado para justificar nuevas medidas enérgicas contra la inmigración. Una hora antes de que se descubrieran los cuerpos en su distrito, el representante republicano de Texas, Tony Gonzales, tuiteó que la inmigración estaba “incentivando la anarquía y creando un caos absoluto en nuestra frontera sur”.

Abbott culpó directamente a Biden por las muertes, tuiteando: “Son el resultado de sus letales políticas de fronteras abiertas. Muestran las consecuencias mortales de su negativa a hacer cumplir la ley”.

Aunque Texas ha implementado numerosas leyes y programas antiinmigrantes reaccionarios en el pasado, la orden más reciente de Abbott es la medida más extrema hasta el momento, lo cual indica un desafío abierto a la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir la ley de inmigración.

La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (American Civil Liberties Union, ACLU) de Texas dijo en un comunicado que la orden es “viciosa e ilegal” y “aviva imprudentemente las llamas del odio en nuestro estado”.

Según Dorris Meissner, investigadora sénior del Instituto de Políticas Migratorias, los funcionarios de Texas que transportan migrantes a la frontera plantea dudas sobre si esas autoridades están tratando de hacer cumplir la ley de inmigración, una responsabilidad federal de larga data.

“En términos de transporte, esa es exactamente la pregunta que tengo”, dijo Meissner al Texas Tribune. “¿De dónde vendría la autoridad para que los funcionarios estatales transporten a personas de las que sospechan que han violado la ley de inmigración y que han cruzado recientemente sin arrestarlos por alguna razón? Si hicieran eso, creo que plantea preguntas bastante básicas de violación de los derechos civiles”.

Aaron Reichlin-Melnik, director de políticas del Consejo Estadounidense de Inmigración, dijo que la orden de Abbott viola directamente el fallo de la Corte Suprema de 2012 en el caso Arizona v. Estados Unidos, en la cual el tribunal superior determinó que las autoridades estatales pueden hacer cumplir la ley de inmigración solamente si han sido autorizadas por el gobierno federal.

“Gob. Abbott está invitando a una demanda de la administración Biden tal como lo hizo la legislatura de Arizona hace más de una década... lo cual llevó a la Corte Suprema a establecer que solo el gobierno federal tiene autoridad para hacer cumplir las leyes de inmigración”, dijo.

Las autoridades estatales de Texas ya están bajo investigación federal por la Operación Lone Star, el programa de Abbott que autoriza a los policías estatales y otras autoridades a arrestar a inmigrantes por delitos estatales como allanamiento de morada. A través de la Operación Lone Star, Abbott ha desplegado en la frontera unos 10,000 oficiales y soldados del DPS de la Guardia Nacional de Texas. Bajo el programa, Texas ha arrestado a miles de migrantes, reteniéndolos indefinidamente en el sistema de justicia penal del estado.

Más allá de las preguntas sobre su legalidad, la orden de Abbott omite detalles sobre cuándo y cómo los funcionarios estatales implementarán su nueva autoridad para arrestar a los inmigrantes sospechosos de violar las leyes federales de inmigración o penales. Representantes de la Guardia Nacional de Texas y el Departamento de Seguridad Pública se niegan a decir qué grupos de migrantes aprehenderán y cuándo comenzarán los arrestos.

El Partido Demócrata no ha esbozado ninguna política o iniciativa para combatir la flagrante violación de la ley federal por parte de los funcionarios de Texas. La Casa Blanca solo ha respondido defendiendo sus propias políticas reaccionarias en la frontera. Un comunicado de prensa de la Casa Blanca declaró que Biden se centró en 'soluciones políticas reales' para 'realmente asegurar nuestra frontera' y se jactó de que Biden ha asegurado fondos récord para el Departamento de Seguridad Nacional, la agencia matriz de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

La militarización de la frontera es el resultado de políticas bipartidistas de larga data. En la década de 1990, el presidente Bill Clinton, con el apoyo de demócratas y republicanos, promulgó programas como “ Operation Gatekeeper ” y “ Operation Hold-the-Line ”, cuyo objetivo era obligar a los migrantes, como “disuasión”, a cruzar en regiones desérticas inhabitables.

Esta operación se amplió bajo la administración de George W. Bush y las presidencias posteriores. En 2006, el Congreso aprobó la Ley de Cercas Seguras, que facilitó la construcción de cientos de kilómetros de barreras fronterizas y militarizó aún más la frontera. En 2010, Barack Obama, quien sería conocido como el “deportador en jefe”, desplegó una flota de drones en la frontera y 1500 soldados adicionales de la Guardia Nacional para bloquear o arrestar a los inmigrantes.

La administración de Biden ha mantenido una prohibición relacionada con la pandemia de la era Trump para los solicitantes de asilo y mantuvo la política de “Permanecer en México” de Trump. La semana pasada, Biden aprobó la continuación del muro fronterizo de Trump a pesar de haber hecho campaña con la promesa de no construir “una pulgada más de muro”.

Las horribles realidades que enfrentan los migrantes en la frontera exponen las afirmaciones hipócritas y fraudulentas del imperialismo estadounidense de estar luchando por la democracia en su guerra de poder contra Rusia en Ucrania. Ambos partidos capitalistas están unidos en sus ataques a los derechos democráticos de los sectores más pobres y vulnerables de la población. La protección de los derechos democráticos básicos, incluidos los derechos de los inmigrantes, requiere la transformación socialista de la sociedad.

(Publicado originalmente en inglés el 18 de julio de 2022)