En declaraciones separadas la semana pasada, la administración de Biden declaró que buscaría continuar con dos lineamientos importantes de las horribles políticas de Trump para atacar a los trabajadores migrantes que huyen de la pobreza y la represión.

El miércoles 7 de diciembre, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que apelaría el fallo del juez federal Emmet Sullivan, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, que ordena a la administración levantar las restricciones a los solicitantes de asilo impuestas bajo el Título 42 de una ley de salud pública de 1944.

La administración Trump invocó por primera vez el Título 42 en marzo de 2020 por iniciativa del asesor fascista de Trump, Stephen Miller. Si bien la administración no estaba haciendo nada para luchar realmente contra la pandemia de COVID, Miller aprovechó la disposición como un pretexto legal para excluir a los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México sin ninguna audiencia para determinar la validez de sus solicitudes de asilo, con el argumento de que podrían ser infectado con coronavirus.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) en realidad ejercen la autoridad bajo el Título 42, y los funcionarios de los CDC en las administraciones de Trump y Biden acordaron prostituir las consideraciones de salud pública al fanatismo antiinmigrante que impregna el establecimiento político de Washington, tanto demócratas como republicanos.

La administración de Biden ha seguido utilizando el Título 42, según el cual unos 2,4 millones de solicitantes de asilo han sido excluidos bajo Trump y Biden combinados. El Título 42 se ha convertido en el instrumento legal más importante de las deportaciones masivas.

Si bien la Casa Blanca afirmó que levantaría la invocación del Título 42 en mayo, la administración de Biden estaba completamente dispuesta a continuar con la política después que un grupo de 24 estados gobernados por republicanos presentaran una demanda y obtuvieran una orden judicial preliminar de un juez federal amistoso que exigía su continuar su uso. Una apelación de esta orden judicial ahora está fijada para enero de 2023.

En una demanda separada presentada por los abogados de los solicitantes de asilo, el juez federal de distrito Sullivan emitió una orden el 15 de noviembre para la terminación inmediata del uso del Título 42 contra los solicitantes de asilo. Señaló la contradicción entre la afirmación de la administración de que la pandemia ha terminado y la aplicación continua de una política de exclusión supuestamente justificada por la pandemia. Después de una petición de los abogados de la administración, Sullivan otorgó una extensión de seis semanas, fijando el 21 de diciembre como fecha límite para la terminación de las remociones del Título 42.

En una demanda separada presentada por los abogados de los solicitantes de asilo, el juez federal de distrito Sullivan emitió una orden el 15 de noviembre para la terminación inmediata del uso del Título 42 contra los solicitantes de asilo. Señaló la contradicción entre la afirmación de la administración de que la pandemia ha terminado y la aplicación continua de una política de exclusión supuestamente justificada por la pandemia. Después de una petición de los abogados de la administración, Sullivan otorgó una extensión de seis semanas, fijando el 21 de diciembre como fecha límite para la terminación de las remociones del Título 42.

El DHS ahora presentará una apelación ante la Corte de Apelaciones de EE. UU. en el Distrito de Columbia, la segunda corte federal más alta, buscando una suspensión de la orden del juez Sullivan hasta después que la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans escuche la impugnación por separado del título 42 presentada por los estados liderados por republicanos.

Cualquiera de las apelaciones podría terminar siendo escuchada por la Corte Suprema, particularmente si las dos cortes de apelaciones llegan a conclusiones diferentes.

En el otro procedimiento judicial, la Corte Suprema acordó el viernes 9 de diciembre considerar una apelación de la administración Biden para ratificar una ley federal que penaliza alentar a los inmigrantes a ingresar ilegalmente al país. La ley fue anulada por la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito de EE. UU. en febrero pasado, la cual la encontró en violación de la protección constitucional de la libertad de expresión bajo la Primera Enmienda.

Si bien el caso involucró un aparente intento de explotar a los inmigrantes por dinero —el acusado había prometido a los inmigrantes indocumentados que podrían obtener la ciudadanía estadounidense si le pagaban tarifas elevadas para ingresar a un programa de “adopción de adultos” que operaba— la ley podría aplicarse fácilmente a grupos que brindan ayuda a los indocumentados que cruzan la frontera, incluido refugio, alimentos y agua, y otra asistencia.

El fallo del Noveno Circuito encontró que la ley era inconstitucional porque criminalizaba incluso el estímulo verbal de la entrada ilegal, incluida cualquier persona residente en los Estados Unidos que alentara a un pariente a cruzar la frontera, incluso un padre que inste a un niño a unirse a él, o viceversa, si hubiera una “ganancia financiera” involucrada —es decir, el niño podría ir a trabajar y aumentar los ingresos de la familia, o permitir que califique para los beneficios sociales.

De acuerdo con la opinión de la corte en febrero, la ley “criminalizaría una cantidad sustancial de expresiones que de otro modo serían legales. El estatuto en cuestión tipifica como delito 'cualquier persona que... anime o induzca a un extranjero a venir, entrar o residir en los Estados Unidos, a sabiendas o con desprecio temerario del hecho de que tal venida, entrada o residencia la residencia es o será una violación de la ley'”.

Entre las acciones que serían criminalizadas, declaró el tribunal, estarían: “Alentar a un inmigrante indocumentado a refugiarse durante un desastre natural, asesorar a un inmigrante indocumentado sobre los servicios sociales disponibles, decirle a un turista que es poco probable que ella enfrente graves consecuencias si ella permanece más tiempo que el que limita su visa de turista, o brindar cierta asesoría legal a inmigrantes indocumentados...”

La administración Biden afirmó que la ley estaba dirigida contra el “contrabando”, la excusa de uso múltiple utilizada por múltiples administraciones para criminalizar las acciones en apoyo de los inmigrantes indocumentados.

“Como ha explicado la Corte, la 'libertad constitucional de expresión' no 'extiende su inmunidad al habla o escritura utilizada como parte integral de una conducta en violación de un estatuto penal válido'”, escribió la procuradora general de Estados Unidos, Elizabeth Prelogar, en el escrito de apelación del gobierno.

En una clara indicación del carácter brutalmente derechista de la apelación de la administración Biden, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, un defensor fascista de la persecución de inmigrantes, buscadores de abortos y otros objetivos de la extrema derecha, presentó un escrito de amicus curii en apoyo de la Posición de la Casa Blanca.

(Publicado originalmente en inglés el 12 de diciembre de 2022)