El martes, la Corte Suprema de EE.UU. emitió una orden de extender la política federal conocida como el Título 42 que prohíbe que la mayoría de los migrantes en la frontera soliciten asilo. La orden combina la crueldad hacia los cientos de miles que buscan refugio en la frontera con México con una luz verde para que los gobernadores fascistizantes republicanos sigan usurpando la autoridad federal en materia migratoria.
Es un acto de barbarie—el Título 42 se ha utilizado para expulsar a más de 2 millones de migrantes desde 2020—y una muestra más del recrudecimiento de la crisis política en Estados Unidos. Los conflictos al interior de la clase gobernante podrían estallar en forma de una guerra abierta, sea en las calles como el 6 de enero de 2021 o por medio del desafío de las autoridades estatales de la Constitución, arrogándose un poder independiente para oprimir y perseguir a los trabajadores inmigrantes.
El Título de 42, una disposición de la Ley de Salud Pública de 80 años de antigüedad, fue invocado por el presidente Trump en marzo de 2020 a instancias de su asesor fascistizante Stephen Miller, quien estaba a cargo de la política migratoria de la Casa Blanca. En vez de proteger al pueblo estadounidense de un mortal virus, Miller utilizó la pandemia de COVID-19 como pretexto para intensificar la represión contra los inmigrantes en la frontera sur.
Bajo el Título 42, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) pueden prohibir la entrada de migrantes a EE.UU. si se considera que son portadores de una enfermedad transmisible. Nunca antes se empleó esta disposición para todos los inmigrantes, independientemente de su país de origen. Y, previo al Gobierno de Trump, nunca se había utilizado como política para restringir la inmigración.
Como en todas las otras cuestiones políticas, el Gobierno de Biden continuó la guerra lanzada por Trump contra los inmigrantes, incluyendo el empleo del Título 42 para prevenir que los inmigrantes en la frontera soliciten asilo. En los últimos dos años bajo los demócratas, que supuestamente son más comprensivos, la Patrulla Fronteriza de EE.UU. y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) han actuado con la misma brutalidad que lo hacían bajo Trump, utilizando muchas de las mismas armas.
La ola masiva de migrantes que ha llegado a la frontera sur, incluyendo a más de 2,4 millones de migrantes detenidos por las autoridades estadounidenses en los últimos dos años, se debe a la profundización de la crisis del capitalismo mundial, y no ha recibido una bienvenida más calurosa por Biden que Trump.
El aumento de la pobreza y la opresión en Centroamérica y Haití, que han sido sometidos al dominio y explotación del imperialismo estadounidense por más de un siglo, son causas importantes. Un factor adicional este año ha sido la llegada enorme de refugiados de Venezuela y ahora Nicaragua, que sufren el impacto de las sanciones económicas estadounidenses contra ambos regímenes (que no tienen acuerdos de repatriación con Washington, un requisito legal para emplear el Título 42 contra los solicitantes de asilo).
Estos mismos factores también rigen en Europa, donde buscan asilo los refugiados que huyen de las guerras imperialistas y el subsecuente colapso completo de sus sociedades en África y Oriente Próximo. Esto incluye a millones de personas de Afganistán, Irak, Siria, Libia y otros países que han sido el blanco de las bombas y misiles estadounidenses y de las tropas de EE.UU. o sus títeres, así como víctimas similares de los imperialismos británico y francés.
En Estados Unidos, los gobernadores estatales republicanos están sacando provecho de la crisis fronteriza, tratando de azuzar el miedo y el odio a los inmigrantes como parte del nuevo giro del Partido Republicano en dirección al fascismo. Están aprovechando la crisis fronteriza tanto para socavar políticamente al Gobierno de Biden como para arrogarse la autoridad de sus Estados de una forma que desafía flagrantemente la Constitución de Estados Unidos, según la cual la política fronteriza y su aplicación están reservadas al Gobierno federal.
El Título 42 presentó un enigma jurídico a la Administración de Biden. Si bien se basó en esta medida como arma contra los inmigrantes, la invocación de motivos de salud pública para la exclusión de los refugiados contradice su esfuerzo más amplio por acabar con todas las medidas de mitigación del COVID-19 y declarar el fin de la pandemia, a fin de reanudar a toda máquina la generación de ganancias sin importar las consecuencias para los trabajadores.
La primavera pasada, los CDC declararon que el COVID-19 ya no representaba un peligro tal que justificara las medidas del Título 42. El Gobierno de Biden preparó un cambio hacia otros métodos para limitar la inmigración, pero los fiscales generales de los estados republicanos presentaron una demanda contra el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa la política de inmigración estadounidense, y obtuvieron una orden judicial temporal para bloquear el levantamiento del Título 42.
Otra demanda interpuesta por las familias de los inmigrantes atrapados en la represión del Título 42 dio lugar a una orden judicial de otro tribunal, que fijaba el 21 de diciembre de 2022 como fecha de caducidad para el Título 42. Los Gobiernos estatales republicanos intentaron intervenir en esta demanda, en contra de los migrantes.
Los defensores de los migrantes denunciaron la cínica hipocresía de los estados gobernados por los republicanos: De los 19 estados que afirmaban que la pandemia seguía haciendo necesaria la exclusión de los migrantes, 12 demandaban al Gobierno federal la eliminación de todas las restricciones de salud pública alegando que la pandemia había terminado.
Las resoluciones judiciales contradictorias dieron a la Corte Suprema la oportunidad de intervenir con una acción descaradamente partidista y anticonstitucional, poniéndose del lado de los gobernadores republicanos en contra de la Administración de Biden. El tribunal fijó una audiencia para finales de febrero o principios de marzo sobre la cuestión de si los estados tenían capacidad jurídica, es decir, derecho a demandar al Gobierno federal por este asunto. Esto retrasa cualquier levantamiento del Título 42 hasta un fallo del máximo tribunal, que podría llegar hasta finales de junio.
Mientras tanto, el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha usurpado efectivamente la autoridad para dictar la política de inmigración, desplegando a la Guardia Nacional de Texas para instalar vallas de alambre de navaja a lo largo de la frontera con México en la zona de El Paso, el punto de entrada principal actualmente de los inmigrantes en Estados Unidos. Estos soldados están deteniendo a los inmigrantes que intentan cruzar, separando a los hombres de las mujeres y los niños, y enviando a los hombres al otro extremo del estado para ser juzgados por cruces ilegales, condenados y enviados a prisión. Una vez que cumplan sus condenas, serán entregados al ICE para su deportación. Todo esto es flagrantemente inconstitucional e ilegal, además de cruel y despiadado.
El presidente Biden podría poner fin a esta anarquía fronteriza en un instante simplemente federalizando la Guardia Nacional de Texas, un procedimiento llevado a cabo con regularidad durante las guerras de Afganistán e Irak y empleado por varias Administraciones en las décadas de 1950 y 1960, tanto republicanas como demócratas, para hacer cumplir la integración racial contra la resistencia de los gobernadores demócratas racistas del sur que pretendían defender la segregación. Biden no lo hace, en parte porque él y Abbott están de acuerdo con la política fundamental de sellar la frontera entre Estados Unidos y México y bloquear la entrada a los inmigrantes, y en parte porque existen dudas sobre si se obedecería una orden de federalizar la Guardia Nacional.
La Casa Blanca emitió un breve y ambiguo comunicado en respuesta a la sentencia de la Corte Suprema, en el que afirmaba que la Administración la acataría “mientras avanzamos en nuestros preparativos para gestionar la frontera de forma segura, ordenada y humana cuando el Título 42 se levante finalmente...”.
El presidente, de vacaciones en las Islas Vírgenes, dijo a los periodistas: “El tribunal no va a tomar una decisión hasta junio, aparentemente, y mientras tanto, tenemos que hacerlo cumplir.”
Los jueces derechistas que componían la mayoría de 5-4 en la decisión de la Corte Suprema emitieron su fallo sin hacer comentarios. Pero la opinión disidente, escrita por el juez derechista Neil Gorsuch, con la concurrencia del juez liberal Ketanji Brown Jackson, señaló que la mayoría del tribunal no estaba respondiendo a ninguna emergencia genuina de salud pública.
“La actual crisis fronteriza no es una crisis por COVID”, escribió Gorsuch. “Y los tribunales no deberían estar en el negocio de perpetuar edictos administrativos diseñados para una emergencia solo porque los funcionarios electos no han podido abordar una emergencia diferente. Somos un tribunal de justicia, no formuladores de políticas de último recurso”.
Esto, por supuesto, no es cierto. La Corte Suprema, como todas las instituciones políticas del Gobierno estadounidense, es un instrumento de la oligarquía financiera de EE.UU. para hacer valer sus intereses. Actúa como una última línea de defensa para la patronal estadounidense contra cualquier demanda popular de reformas o redistribución de la riqueza y ha desempeñado un papel particularmente nocivo en las últimas décadas como punta de lanza para un ataque sistemático a los derechos democráticos, culminando en junio del año pasado en la decisión del caso Dobbs que anuló el fallo del caso Roe vs. Wade y permitió a los estados criminalizar el aborto.
La defensa de los derechos de los inmigrantes y todos los derechos democráticos en su conjunto no se puede llevar a cabo a través de apelaciones a las instituciones políticas de la clase capitalista, incluyendo el Partido Demócrata y el Gobierno de Biden. Exige la movilización de toda la clase obrera como una fuerza política independiente, organizada y liderada por su propio partido revolucionario en lucha por un programa socialista.
Dicho programa incluye la defensa del derecho de todos los trabajadores a vivir y trabajar en el país de su elección y trasladarse libremente sin preocuparse por anacronismos históricos como las fronteras y los Estados nación. El programa de la lucha de la clase obrera debe basarse en el internacionalismo, la unidad de los trabajadores de todos los países en una lucha común contra el sistema capitalista global.
(Publicado originalmente en inglés el 28 de diciembre de 2022)