En una sentencia que ha provocado indignación en la clase trabajadora peruana, el 25 de julio 11 dirigentes campesinos fueron condenados a nueve años de prisión por participar en marchas contra la megamina Las Bambas, de propiedad china, en 2015.

En un hecho paralelo, cuatro jóvenes de Cusco han sido condenados a seis y siete años de prisión por participar en protestas contra la presidenta Dina Boluarte en enero de 2023.

Según el sitio web Servindi, que aboga por los pueblos indígenas del Perú, el Juzgado Único Penal de Cotabambas en Apurímac condenó a los dirigentes campesinos por

... delitos de daños agravados, disturbios y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos. La sentencia, … [incluye] una reparación civil de 50 mil soles en favor del Estado y 88 mil dólares en favor de la empresa minera [Las Bambas]. Un comunicado anterior, la red MUQUI, que cubre comunidades afectadas por la minería, escribió:

En un comunicado anterior, la red MUQUI, que da cobertura a comunidades afectadas por la minería, escribió:

Tras las protestas realizadas por las comunidades afectadas de Cotabambas por el paso de cientos de camiones con minerales de la empresa minera MMG Las Bambas en sus territorios, … en septiembre del 2015, en que fallecieron 3 personas producto de la represión policial y resultaron más de 20 personas heridas; la Fiscalía acusó a 19 comuneros … de tenencia ilegal de armas, producción de peligro común con medios catastróficos, disturbios y, daños.

A raíz de las protestas realizadas por las comunidades de Cotabambas debido al paso de cientos de camiones con minerales de la minera MMG Las Bambas en sus territorios… en septiembre de 2015, tres personas murieron como resultado de la represión policial, y más de 20 personas resultaron heridas; la Fiscalía acusó a 19 comuneros… de porte ilegal de armas, causar peligro común con medios catastróficos, disturbios y daños.

Al conocerse la sentencia, David Velasco, abogado defensor de los imputados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (Pedepaz), dijo al diario La República:

En esencia es la criminalización de la protesta social … [el uso] del derecho penal para evitar que las personas defiendan sus derechos.

… van a utilizar el derecho penal contra los que se manifiesten públicamente en contra de las decisiones arbitrarias del gobierno central, local, o contra las empresas que violentan los derechos al territorio al medioambiente y otros.

La cobertura de La República sobre el veredicto reveló que “la defensa lo consideró contradictorio y arbitrario porque en el proceso judicial no se probó los requisitos básicos que debe [se] cumplir … existencia de un aparato organizado de poder…”.

Según el abogado defensor David Velasco, “nada de eso ha sido probado en el juicio”, destacando “la falta de esclarecimiento sobre la responsabilidad como autores mediáticos de los delitos imputados más que argumentos indirectos de participación”.

El veredicto de culpabilidad contra los 11 dirigentes campesinos es un atentado contra el derecho a protestar contra los abusos de las empresas mineras y capitalistas. Se trata de un paso más en la aplicación de medidas dictatoriales por parte de Boluarte para controlar a una población inquieta.

La presidencia de Boluarte comenzó con una brutal represión contra quienes se oponían a la destitución del entonces presidente Pedro Castillo debido al fallido autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Boluarte enfrenta acusaciones ante la Corte Penal Internacional de La Haya por ordenar a la policía y a las fuerzas armadas utilizar armas de fuego y disparar a matar. Estas acciones resultaron en 49 muertos, 155 intentos de asesinato y 937 heridos durante las protestas de diciembre de 2022 a febrero de 2023.

La administración de la presidenta tiene un índice de aprobación de solo el 6 por ciento, lo que refleja el creciente descontento público con ella, que ha provocado numerosas protestas y marchas de trabajadores y jóvenes durante las fiestas patrias del 27, 28 y 29 de julio en Lima y otras partes del país.

En el contexto de la intensificación de las luchas de clase en Perú y en otros lugares y de la creciente competencia entre Estados Unidos y China por los mercados sudamericanos, la resistencia de los campesinos contra la mina Las Bambas cobra gran importancia. La mina, propiedad de la empresa china MMG, representa una inversión de 10.000 millones de dólares y representa el 11,1% de las exportaciones de cobre y el 1% del PBI nacional.

La historia de la mina está marcada por los conflictos entre la empresa minera y las comunidades campesinas aledañas, dueñas de las tierras por las que atraviesa la carretera que se utiliza para transportar el cobre al puerto de Matarani para su exportación.

Desde su planificación en 2004, se han producido protestas para impedir su apertura por interferencia con las comunidades locales. Las Bambas inició operaciones en 2015, lo que provocó un aumento de los enfrentamientos con mineros y pueblos indígenas de la región.

• En febrero de 2015, los comuneros de Challhuahuacho se declararon en huelga, exigiendo la contratación de trabajadores locales.
• El 25 de septiembre de 2015, los habitantes de la zona iniciaron una segunda huelga exigiendo la demolición de la planta de tratamiento por considerarla contaminante. La magnitud de los enfrentamientos entre los comuneros y la mina llevó al gobierno a declarar el estado de emergencia en las provincias de Cotabambas, Grau, Andahuaylas y Chincheros. Las protestas dejaron cuatro muertos y 23 heridos.
• En octubre de 2016, los pobladores iniciaron un bloqueo por el uso de la vía por parte de la minera. Los enfrentamientos dejaron un comunero muerto y 15 personas y 20 policías heridos. El 4 de febrero de 2019, los habitantes de la comunidad Nueva Fuerabamba iniciaron un bloqueo del corredor vial.
• En diciembre de 2021, se reportaron enfrentamientos en la garita de seguridad y sus instalaciones. Un nuevo bloqueo del corredor sur se tradujo en pérdidas de US$9,5 millones diarios en ingresos.
• En enero de 2022, se reiniciaron las operaciones. También se mantuvieron otras negociaciones con la entonces primera ministra Mirtha Vásquez.
• En noviembre de 2023, los habitantes de Challhuahuacho realizaron un paro contra la minera bloqueando carreteras en varios puntos estratégicos, impidiendo el paso de vehículos y trabajadores que intentaban ingresar al campamento minero.

Las Bambas es solo uno de los más destacados entre muchos conflictos entre mineras y campesinos peruanos. En su informe de febrero, la Defensoría del Pueblo informó que “los conflictos socioambientales vinculados a la actividad minera pasaron de 84 a 78 casos este mes, lo que representa el 37,9 por ciento de todos los conflictos sociales”.

En noviembre de este año se inaugurará un nuevo megapuerto en Chancay, a 80 kilómetros al norte de Lima, lo que pone de manifiesto el creciente ascenso del capital chino en términos de influencia económica y política que tradicionalmente ha tenido Estados Unidos en América Latina. Actualmente, el 29,7 por ciento de las exportaciones peruanas se destinan a China, mientras que Estados Unidos cayó drásticamente al segundo lugar, con poco más de la mitad de ese valor, con el 16,6 por ciento.

Perú es visto como un mercado atractivo para los inversionistas extranjeros, con 51 proyectos en los sectores minero, petrolero y energético que atraen una inversión de US$54.556 millones, según informó la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. La condena a 11 dirigentes campesinos por parte del gobierno de Boluarte es una señal a las transnacionales, que demuestra su determinación de reprimir al movimiento obrero que se opone a la superexplotación de las materias primas por parte del capital internacional.

El juez dictó las sentencias en el contexto de un creciente movimiento de trabajadores, organizaciones campesinas, jóvenes e indígenas en la Amazonía contra el Estado burgués corrupto, la presidenta Dina Boluarte y la ampliamente despreciada alianza fujimorista-cerronista, que comprende al partido ultraderechista Fuerza Popular y al pseudoizquierdista Perú Libre, que ejercen el gobierno de facto sobre Perú desde el Congreso de la República.

Esta alianza política en el Congreso, que tiene un índice de aprobación incluso inferior al de Boluarte (4 por ciento), ha expuesto a Perú Libre como una trampa, un partido burgués ultranacionalista diseñado para mantener a la clase trabajadora y los movimientos campesinos bajo control dentro del marco del Estado burgués.

Esta alianza ha paralizado con éxito el poder ejecutivo, al tiempo que ha promulgado una serie de contrarreformas, incluida una propuesta de amnistía para los crímenes de guerra masivos cometidos bajo el régimen dictatorial del expresidente Alberto Fujimori en los años 1980 y 1990. Despojada de muchos de sus poderes como presidenta, Boluarte se vio obligada a implementar medidas dictatoriales para sofocar la creciente resistencia del pueblo, contando con el apoyo de las fuerzas de seguridad peruanas.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 21 de agosto de 2024)