Publicamos el informe al Octavo Congreso del Partido Socialista por la Igualdad (EE.UU.) presentado por Tom Carter. El congreso se celebró del 4 al 9 de agosto de 2024. En él se aprobaron por unanimidad dos resoluciones: “Las elecciones estadounidenses de 2024 y las tareas del Partido Socialista por la Igualdad” y “¡Liberen a Bogdan Syrotiuk!”.

Hablaré sobre la sección de la resolución titulada “Trump, el fascismo y la crisis de la democracia estadounidense”. Me centraré en particular en Trump v. Estados Unidos, la decisión de la Corte Suprema que anuncia que, en lo que respecta a seis de los nueve jueces de la Corte Suprema, Estados Unidos es una dictadura presidencial.

Como explica la resolución, citando el artículo del camarada Tom Mackaman, “La Corte Suprema y la contrarrevolución del 1 de julio de 2024”, esta decisión no surgió de la nada, sino que fue la culminación de un largo proceso de decadencia y erosión de las normas democráticas en Estados Unidos. Es la manifestación interna de un proceso que dura décadas y que se manifiesta externamente en la creciente violencia y beligerancia del militarismo estadounidense en el exterior. Ese proceso externo, analizado por el camarada Andre Damon, ha culminado en un genocidio a plena luz del día, junto con la incesante carnicería fratricida en Ucrania, mientras que las llamas de la guerra ahora se avivan hacia Líbano, Irán y China. Internamente, este mismo proceso ha culminado en el anuncio por parte de la Corte Suprema de que el presidente es un dictador, que está por encima de la ley y que es libre de cometer crímenes con impunidad. Son dos caras de la misma moneda.

En estas observaciones, retomaré el tema donde lo dejó el camarada Tom Mackaman. Primero analizaré la decisión en sí. En segundo lugar, analizaré algunos de los principales precedentes y antecedentes de la sentencia en el período transcurrido desde la liquidación de la URSS. En tercer lugar, analizaré el estado de la represión política en Estados Unidos, en particular, la represión contra las protestas contra el genocidio de Gaza. En cuarto lugar, haré algunas observaciones sobre el carácter de la Corte Suprema. Y, por último, en quinto lugar, abordaré la valoración del historiador Sean Wilentz de que Trump vs. Estados Unidos es el “Dred Scott de nuestro tiempo”.

Trump vs. US: “Acción audaz y sin vacilaciones”

El caso tiene un epígrafe que podría haber sido escrito por Charles Dickens: “Trump versus Estados Unidos”, con Trump emergiendo como la parte vencedora.

El caso surgió directamente del intento de Trump de derrocar la Constitución de Estados Unidos e instalarse como dictador el 6 de enero de 2021. Un gran jurado federal acusó a Trump de cuatro cargos en relación al complot golpista. La acusación alegaba, entre otras cosas, que después de perder esas elecciones, Trump conspiró para anularlas difundiendo afirmaciones deliberadamente falsas de fraude electoral para obstruir la recolección, el recuento y la certificación de los resultados electorales.

Trump presentó una moción para desestimar la acusación basándose en la llamada “inmunidad presidencial”, argumentando que un presidente tiene inmunidad absoluta frente al procesamiento penal por acciones que constituyen los “actos oficiales” de ese presidente. Inicialmente, el tribunal federal de distrito rechazó el argumento de Trump, al igual que el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. Luego, Trump apeló ante la Corte Suprema.

La Corte Suprema decidió el caso a favor de Trump el 1 de julio por una votación de 6 a 3. La decisión no solo anunció que Trump era inmune en este caso particular., Más aún, la Corte Suprema estableció un marco de inmunidad presidencial que se aplica de manera permanente al cargo de comandante en jefe del presidente, independientemente de quién sea presidente en el futuro. Esta decisión, sin exagerar, anuló efectivamente el marco constitucional que existía en los EE. UU. desde la Revolución de Independencia y durante la Guerra Civil.

Trump argumentó, y la Corte Suprema estuvo de acuerdo, que el presidente debe tener inmunidad “para garantizar que pueda llevar a cabo los deberes especialmente sensibles de su cargo con una acción audaz y resuelta”.

La esencia de una dictadura presidencial es que el presidente está por encima de la ley, su palabra es la ley y es libre de ignorar cualquier ley que se interponga en su camino. Esto contrasta con una democracia burguesa, en la que, en teoría, el presidente es un ciudadano ante la ley con los mismos derechos y limitaciones ante la ley que todos los demás. La palabra “dictador” no aparece en la decisión de la Corte Suprema, pero la Corte Suprema no necesitó usarla: simplemente cambió la palabra “presidente” para que significara “dictador” a todos los efectos y logró el mismo resultado.

En el World Socialist Web Site comparamos esta decisión, con plena justificación, con la Ley Habilitante de 1933, que dio a Hitler el poder de violar unilateralmente la Constitución de Weimar sin rendir cuentas a otras ramas del gobierno. La frase “acción audaz y sin vacilaciones”, en particular, no es más que una traducción al inglés del principio del Führer, según el cual el líder supuestamente es la expresión de la voluntad democrática del pueblo, que debe prevalecer sobre lo que el jurista nazi Carl Schmitt llamó la “conversación interminable” del parlamentarismo, el Estado de derecho y la separación de poderes. Schmitt, que hoy cuenta con admiradores sin reservas en las facultades de derecho estadounidenses, no vería en la decisión del Tribunal Supremo nada más que una expresión de sus propios preceptos aplicados a las instituciones estadounidenses.

Esta decisión forma parte de un fenómeno global. Uno de los proyectos de ley propuestos como parte del paquete de “reformas judiciales” de extrema derecha en Israel el año pasado, que provocó protestas masivas, fue un proyecto de ley que prohíbe los procesos penales contra los primeros ministros en funciones, lo que habría liberado al entonces y actual primer ministro Benjamin Netanyahu de los cargos de corrupción que actualmente están pendientes contra él.

Otra manifestación de este fenómeno es la cancelación total de las elecciones en Ucrania este año, lo que convirtió a Zelenski en un dictador que gobierna Ucrania con solo su propia palabra y el respaldo de las potencias de la OTAN. Empleando abiertamente el lenguaje y la lógica del fascismo, Zelenski justificó su asunción de poderes dictatoriales en noviembre al declarar: “Debemos darnos cuenta de que ahora es el momento de la defensa, el momento de la batalla que determina el destino del Estado y del pueblo, no el momento de las manipulaciones”.

Mientras tanto, en junio, los medios franceses informaron que el presidente Emmanuel Macron tenía la intención de invocar el artículo 16 de la Constitución, suspender el parlamento y asumir poderes de emergencia, mientras que los recientes Juegos Olímpicos de 2024 se convocaron bajo un estado de sitio militar efectivo en la ciudad de París.

La forma precisa que adopta puede diferir de un país a otro, pero la tendencia es la misma: Estados Unidos está en el centro de este proceso global.

Por su parte, en el caso Trump v. Estados Unidos, la Corte Suprema no declaró al presidente inmune en todas las circunstancias y para siempre. En cambio, los jueces de la Corte Suprema pretendieron conservar para sí mismos el poder de decidir cuándo el presidente es inmune y cuándo no. Así, por ejemplo, bajo este nuevo marco, la Corte Suprema podría otorgar inmunidad a un futuro presidente republicano, pero podría dar marcha atrás y negar la inmunidad a un futuro presidente demócrata por la misma conducta. Es, en ese sentido, una toma de poder históricamente sin precedentes por parte de los insurrectos alineados con Trump.

Entiendo que el WSWS ha sido criticado por supuestamente exagerar las implicaciones y los peligros de la decisión. La respuesta a esa crítica comienza señalando lo que los tres jueces disidentes escribieron en sus opiniones.

“La Corte crea efectivamente una zona libre de ley alrededor del presidente, alterando el status quo que ha existido desde la Fundación”, escribió la jueza Sonia Sotomayor:

Cuando el presidente usa sus poderes oficiales de cualquier manera, según el razonamiento de la mayoría, ahora estará aislado del procesamiento penal. ¿Ordenar al Equipo Seal 6 de la Marina que asesine a un rival político? Inmune. ¿Organizar un golpe militar para aferrarse al poder? Inmune. ¿Acepta un soborno a cambio de un indulto? Inmune. Inmune, inmune, inmune.

Sotomayor también escribió: “La relación entre el presidente y la gente a la que sirve ha cambiado irrevocablemente. En cada uso del poder oficial, el presidente es ahora un rey por encima de la ley”.

En una disidencia separada, la jueza Ketanji Brown Jackson sugirió que el presidente ahora puede asesinar a otros funcionarios del gobierno sin rendir cuentas ni consecuencias. “Si bien el presidente puede tener la autoridad para decidir destituir al fiscal general, por ejemplo”, escribió, “la cuestión aquí es si el presidente tiene la opción de destituir al fiscal general, por ejemplo, envenenándolo hasta la muerte”.

Estos jueces disidentes no escriben como marxistas, obviamente, sino desde el punto de vista de la preocupación por el daño que esta decisión causará a la credibilidad y la legitimidad percibida del imperialismo estadounidense, tanto en el país como en el extranjero. Después de todo, según los portavoces del Departamento de Estado de Estados Unidos, supuestamente Estados Unidos está involucrado en una lucha por la “libertad y la democracia” contra el “autoritarismo” en el conflicto con Rusia y China, pero al mismo tiempo, el gobierno estadounidense está en una lucha para acabar con la libertad y la democracia e imponer formas autoritarias de gobierno en el país. Estos motivos no restan gravedad a sus advertencias.

Permítanme dar algunos ejemplos concretos para ilustrar lo que significa esta decisión. En febrero de este año, el congresista republicano Mike Collins de Georgia comentó en el proceso penal de un hombre de Nueva York (que en realidad fue exonerado posteriormente) que “podríamos comprarle un boleto en Pinochet Air para un viaje gratis en helicóptero”. Se trata de un congresista republicano en funciones, mientras estaba en el cargo, haciendo una referencia positiva y sin ironía al dictador chileno Augusto Pinochet y al asesinato en masa de opositores de izquierda a su régimen. Para usar esa amenaza como ejemplo, supongamos que un presidente ordenara que se asesinara a disidentes de izquierdas lanzándolos desde helicópteros. Bajo la “ley suprema del país” de los Estados Unidos a partir de hoy, el presidente gozaría de inmunidad presunta de procesamiento penal porque era un “acto oficial”.

Otro ejemplo: en mayo, el republicano de Tennessee Andy Ogles propuso una nueva ley federal. Este proyecto de ley, que fue presentado formalmente en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, autorizaría la deportación de manifestantes estudiantiles contra el genocidio a Gaza. La llamada “Ley de Servicio Comunitario Antisemita” (H.R. 8321) establece: “Toda persona condenada por actividad ilegal en el campus de una institución de educación superior a partir del 7 de octubre de 2023 será enviada a Gaza con el propósito de brindar servicio comunitario por un período no menor a seis meses”. Esta ley no ha sido aprobada, pero supongamos que lo fuera. Según la decisión de la Corte Suprema, un presidente que reuniera a estudiantes pro-palestinos y los transportara a Gaza sería inmune siempre que se tratara de un “acto oficial”.

El propio Trump ha pedido directamente la deportación de todos los socialistas si es elegido. En un discurso del año pasado, Trump declaró: “Vamos a mantener a los comunistas, marxistas y socialistas extranjeros que odian a los cristianos fuera de Estados Unidos”. Si Trump deportara a todos los miembros de este Congreso, ¿sería ilegal? Sí. ¿Tendría inmunidad ante el procesamiento por ello? Sí, presumiblemente, según la decisión de la Corte Suprema en el caso Trump v. Estados Unidos, siempre que haya sido un “acto oficial”.

Precedentes y antecedentes: Tortura, asesinato y comisiones militares

Al rastrear los precedentes y antecedentes del caso Trump v. Estados Unidos, siempre surge la pregunta de por dónde empezar, hasta dónde remontarse.

Sin duda, hubo represión masiva, incluida la represión de nuestro movimiento, durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, así como durante la Guerra de Vietnam. Después de la Primera Guerra Mundial, el gobierno de Estados Unidos envió tropas a Rusia para intentar reprimir la Revolución Rusa. Durante la Segunda Guerra Mundial, los líderes de nuestro partido fueron encarcelados en virtud de la Ley Smith anticomunista. Y durante la era de la Guerra de Vietnam, el gobierno intentó reprimir la disidencia con una infiltración masiva de agentes gubernamentales encubiertos e informantes. Pero decir simplemente que “la historia se está repitiendo” sería subestimar el carácter históricamente sin precedentes de la decisión y la situación que ahora enfrentamos.

La liquidación de la URSS en 1988-1991, en particular, quitó los frenos a la búsqueda más descarada de los intereses de los capitalistas estadounidenses contra sus rivales en el exterior y contra la clase obrera estadounidense en el país. Fue seguida por una erupción del militarismo estadounidense en todo el mundo y un giro a la derecha de todo el establishment político estadounidense. Como parte de este proceso, el Partido Demócrata se deshizo de los últimos vestigios del reformismo, virando en su lugar hacia la política de la identidad.

La crisis del juicio político de Clinton en 1998 fue testigo de una conspiración derechista sin precedentes para paralizar la administración Clinton con un escándalo sexual. La atmósfera política tóxica que descendió sobre toda la escena política oficial estadounidense en el curso de ese asunto nunca se ha disipado.

En una declaración publicada el 21 de diciembre de 1998 bajo el título “¿Está Estados Unidos derivando hacia una guerra civil?”, el Consejo Editorial del WSWS escribió:

La crisis en Washington surge de una interacción de complejos procesos políticos, sociales y económicos. La democracia burguesa se está desmoronando bajo el peso de contradicciones acumuladas y cada vez más insolubles. Los procesos económicos y tecnológicos asociados con la globalización de la economía mundial han socavado las condiciones sociales y las relaciones de clase de las que ha dependido durante mucho tiempo la estabilidad política de Estados Unidos.

Si bien formalmente se requiere que el Congreso vote para declarar la guerra, en la práctica, Estados Unidos, bajo gobiernos demócratas y republicanos, se ha involucrado en una guerra tras otra por decreto ejecutivo, incluido el bombardeo unilateral de la OTAN a la ex Yugoslavia en 1999.

En 2000, George W. Bush y la Corte Suprema robaron las elecciones en la tristemente célebre decisión Bush v. Gore. La Corte Suprema ordenó detener el recuento de votos en Florida y el magistrado ultrarreaccionario Antonin Scalia llegó a afirmar durante el proceso que no existe un derecho constitucional a votar para elegir al presidente. Como subrayó entonces el WSWS, la aceptación de esa decisión completamente ilegítima por parte de todo el establishment político demostró que ya no existía un electorado partidario de las formas democráticas de gobierno dentro de la clase dominante.

El robo de las elecciones de 2000 fue seguido por el lanzamiento de la llamada “ guerra contra el terrorismo ” al año siguiente. Los partidos Demócrata y Republicano declararon unánimemente que el país se encontraba en un estado permanente de emergencia nacional que justificaba la suspensión indefinida de los derechos democráticos, incluido el derecho al habeas corpus. Los aeropuertos fueron cerrados, un cierre que nunca se ha levantado. La supuesta “guerra contra el terrorismo” vio la creación del Departamento de Seguridad Nacional, que consolidó las dispares agencias federales de inteligencia en un aparato monolítico, junto con la Ley Patriota del estado policial, que autorizó la vigilancia masiva en todo el mundo.

Como parte de la “guerra contra el terrorismo”, el gobierno de Estados Unidos aprobó abiertamente el secuestro (que llamó “entrega extraordinaria”) y la tortura (que llamó “interrogatorio mejorado”), con cientos de personas mutiladas y asesinadas en la Bahía de Guantánamo y en “sitios oscuros” en todo el mundo. Cuando Estados Unidos invadió y ocupó Afganistán e Irak, llevó a cabo una represión salvaje contra la oposición popular, que dio como resultado las imágenes inolvidables en el centro de tortura de Abu Ghraib en Irak en 2004. Estados Unidos también estableció un sistema de tribunales militares amañados, que siguen vigentes hoy, para el procesamiento de lo que llama “combatientes enemigos ilegales”, que supuestamente no tienen derecho ni a la protección bajo las leyes de la guerra ni a los derechos procesales y sustantivos de los acusados penales.

En julio de 2002, el fiscal general John Ashcroft autorizó directamente una serie de técnicas de tortura, entre ellas “el agarre de atención, “walling” (poner un collar a una persona en el cuello y luego golpearla contra la pared), la llave facial, la bofetada facial (bofetada de insulto), el confinamiento en espacios reducidos, el pararse contra la pared, las posiciones de estrés, la privación del sueño, el uso de pañales y el uso de insectos”. La más infame de las técnicas de tortura generalizadas de la CIA fue descrita en el informe del Comité de Inteligencia del Senado de 2014: “rehidratación rectal, sin evidencia de necesidad médica”.

Bajo el lema de “mirar hacia adelante, no hacia atrás”, Obama se negó a procesar a estos criminales de guerra. La negativa bipartidista para procesar a los torturadores tuvo implicaciones de largo alcance para el establishment político estadounidense, sirviendo como luz verde para la criminalidad más flagrante en todos los ámbitos. La semana pasada, el gobierno de Biden se retractó de un acuerdo de culpabilidad con tres víctimas de tortura, lo que equivale a una insistencia continua, hasta el día de hoy, en la legitimidad de las confesiones obtenidas mediante tortura.

El aparato de espionaje siguió expandiéndose bajo Obama. En una diapositiva de PowerPoint de la Agencia de Seguridad Nacional revelada por el denunciante de la NSA, Edward Snowden, el aparato secreto de vigilancia global del gobierno de Estados Unidos se fijó el objetivo: 'Husmearlo todo, recopilarlo todo, saberlo todo, procesarlo todo, explotarlo todo'.

Las revelaciones de Snowden no dieron como resultado el procesamiento de quienes se dedicaban al espionaje ilegal de la población, sino que Snowden huyó del país en medio de amenazas de muerte de funcionarios militares y de inteligencia estadounidenses y exigencias de la administración Obama de que se declarara culpable y se entregara.

La expansión masiva del espionaje interno coincidió con la integración de los monopolios de la tecnología de Internet en el aparato de inteligencia estadounidense y también se reflejó en una creciente censura del WSWS.

El Partido Demócrata y sus jueces y magistrados alineados abrazaron plenamente la llamada “guerra contra el terrorismo”, y cuando Obama era presidente, abrazaron su gobierno por decreto ejecutivo. En lo que se dio en llamar los “ M artes del terror”, Obama revisaba y firmaba las sentencias de muerte de personas de todo el mundo, que luego eran asesinadas por aviones no tripulados de la CIA, a menudo junto con sus familias enteras. Un total de 3.797 personas fueron asesinadas después de ser incluidas en las listas de asesinatos de Obama, incluidos cientos de personas totalmente inocentes.

Un incidente durante los años de Obama se destaca. El 23 de noviembre de 2010, la Secretaria de Estado Hillary Clinton se reunió con su equipo mientras Wikileaks estaba en proceso de publicar documentos que exponían los crímenes de guerra y las intrigas de Estados Unidos en todo el mundo. Refiriéndose a Julian Assange, Clinton dijo: “¿No podemos simplemente atacar a este tipo con un dron?”. Según los informes, evidentemente todos los presentes se rieron, y luego un silencio incómodo se apoderó de la sala cuando la gente se dio cuenta de que Hillary Clinton hablaba en serio. Comenzó a revisar propuestas concretas.

El 30 de septiembre de 2011, la administración Obama asesinó al ciudadano estadounidense Anwar al-Awlaki en Yemen. A petición de la administración Obama, una demanda presentada por la familia de al-Awlaki fue desestimada en los tribunales estadounidenses sobre la base de la afirmación de Obama de irrevisables poderes “en tiempos de guerra” y otros preceptos dictatoriales y autoritarios. En ese momento, en el WSWS escribimos que esta decisión “abre el camino para la liquidación extrajudicial de los opositores del gobierno estadounidense y, en última instancia, para la dictadura presidencial”. De hecho, el caso de Al Awlaki fue citado favorablemente por la jueza Amy Coney Barrett en el caso Trump v. US, como señalamos en el párrafo 30 de la resolución.

El 6 de enero de 2021, después de amenazar abiertamente con hacerlo durante meses, Trump organizó una insurrección fascista en Washington D.C. Una turba de matones pertenecientes a organizaciones de supremacía blanca y vigilantes neonazis de todo el país irrumpió en el edificio del Congreso de Estados Unidos armados con bridas, con la intención de capturar y asesinar a senadores y miembros de la Cámara de Representantes que se oponían al golpe. Mientras sectores del ejército y la policía se retiraban, la insurrección logró retrasar la validación oficial de la mayoría de Biden en el Colegio Electoral. Sin embargo, después del fracaso del golpe, la preocupación central de Biden al asumir el cargo fue rehabilitar a los insurrectos republicanos, cuyo apoyo necesitaba su administración para llevar a cabo su reaccionaria política interna y externa, incluida la guerra planeada contra Rusia.

Al repasar este período, titulé este informe “El ocaso de la democracia estadounidense”. Si la Revolución estadounidense y la Guerra Civil fueron el amanecer y el mediodía, el período posterior a la liquidación de la URSS fue el anochecer, cuando las sombras se alargaron gradualmente y se destruyeron lo que quedaba de las reliquias institucionales de estos períodos anteriores. En ese sentido, Trump v. US no es un punto de inflexión, sino realmente la culminación de este prolongado ocaso.

La represión política en Estados Unidos: las protestas en Gaza y la criminalización de la “disrupción”

Parte de este movimiento hacia un régimen autoritario en Estados Unidos es la criminalización cada vez más acelerada de la disidencia, que ha continuado a lo largo de las administraciones demócratas y republicanas.

En Estados Unidos, desde la liquidación de la URSS, se han producido oleadas de disturbios internos, que han ido alcanzando niveles cada vez más altos de intensidad y se han enfrentado a una represión cada vez más severa. Estuvieron las protestas de Seattle en 1999 ante la OMC, las protestas de 2003 contra la guerra de Irak (la experiencia a la que me uní personalmente cuando era estudiante universitario), las protestas de Occupy Wall Street en 2011, las protestas de Ferguson en 2014, las protestas de 2017 contra la investidura de Trump, las protestas estudiantiles de 2018 y las masivas protestas de 2020 por George Floyd. Todas ellas fueron experiencias importantes que, en general, tendieron a chocar con una represión cada vez más severa, así como con las limitaciones del entorno pseudoizquierdista y sindical que buscaba canalizar cada ola de protestas hacia el Partido Demócrata.

En diciembre de 1999, tras las protestas de Seattle, el Consejo Editorial del WSWS señaló:

Las protestas y los enfrentamientos entre manifestantes y policías en el exterior de la reunión de la Organización Mundial del Comercio en Seattle son un presagio de lo que vendrá. Estos acontecimientos revelan la explosividad de las tensiones sociales que se acumulan en el capitalismo mundial, y especialmente en Estados Unidos.

En el momento de la ola de protestas de 2020, en particular, la extrema hostilidad del establishment político estadounidense hacia los derechos democráticos básicos de libertad de expresión y de reunión estaba plenamente expuesta. “Tienen que imponerse, si no se imponen, están perdiendo el tiempo”, dijo Trump en una llamada con gobernadores durante el verano de 2020. “Los van a atropellar. Van a parecer un grupo de idiotas”. El propio Trump huyó a un búnker durante las protestas en Washington, y luego tomó la medida sin precedentes de desplegar miles de tropas de la Guardia Nacional para dispersar a los manifestantes. “Soy su presidente de la ley y el orden”, gritó a las cámaras.

Las protestas contra el genocidio de Gaza que comenzaron en octubre se han distinguido tanto por la intensidad de las protestas como por la intensidad de la represión.

Más de 3.100 personas han sido arrestadas o detenidas en campus de todo el país hasta ahora, según un informe del 22 de julio publicado en el New York Times. Los campamentos formados por estudiantes en los campus universitarios en respuesta a la represión en Columbia esta primavera fueron sometidos a operaciones militares por parte de cientos de agentes de policía fuertemente armados. Los estudiantes que se manifestaban pacíficamente fueron baleados con los llamados proyectiles “menos letales”, golpeados con porras, rociados con gas pimienta y atados con bridas. Un estudiante que entrevisté en la UC Santa Cruz describió cómo los estudiantes se tomaban de los brazos y los agentes de policía intentaron romper la línea golpeando a las estudiantes en los pechos. En los campus de todo el país, la policía les quitó las mascarillas N95 a los estudiantes y les arrancó el hijab –el velo– a los estudiantes musulmanes. Cuando los vigilantes supremacistas blancos unieron fuerzas con los sionistas para atacar físicamente a los estudiantes de la UCLA, la policía se rindió.

Una nueva política de la Universidad de Michigan, impuesta el semestre pasado, establece que es una violación de las normas de la universidad “perturbar” las “celebraciones, actividades y operaciones normales de la Universidad”. “Perturbación” se define como “obstruir las líneas de visión, hacer ruidos fuertes o amplificados, proyectar luz o imágenes o crear de otro modo distracciones importantes”. Como señalaron los estudiantes de los Jóvenes y

Estudiantes Internacionales por la Igualdad Social (siglas en inglés, IYSSE) de la universidad, esta vaga política equivale a una regla que puede aplicarse arbitrariamente para prohibir protestas de cualquier tipo. Todas las protestas y, en especial, las huelgas son necesariamente “perturbadoras” desde el punto de vista de los administradores y los empleadores.

En California, los estudiantes que protestan han sido sometidos de manera similar a prohibiciones indiscriminadas en el campus por “perturbación”, lo que en la práctica ha dejado a los estudiantes sin hogar, les ha cortado el acceso a alimentos y atención médica y les ha impedido realizar sus exámenes. California, Michigan y Nueva York –que encabezaron la represión de las protestas en Gaza– son estados gobernados por el Partido Demócrata. La represión de las protestas en los campus ha sido dirigida desde los niveles más altos hacia los más abajos por la administración Biden-Harris, que ha unido fuerzas con verdaderos antisemitas como Elise Stefanik para calumniar las protestas en los campus como supuestamente “antijudías”.

Junto con la criminalización de las protestas, hemos sido testigos de la creciente represión de las huelgas. Espero que esto se aborde en informes los posteriores de Jerry White y Tom Hall, pero basta con señalar como parte de este proceso que en diciembre de 2022 Biden firmó una ley que prohibía las huelgas ferroviarias, una medida autoritaria que obligó de hecho a los trabajadores ferroviarios a volver al trabajo a punta de pistola.

La huelga de la Universidad de California de este año fue una experiencia importante. Cuarenta y ocho mil trabajadores académicos del sistema de la UC votaron a favor de organizar una huelga política para oponerse a la represión extrema en el campus, así como para mostrar su apoyo a las protestas contra el genocidio de amplios sectores de estudiantes. Después de que la lucha fuera obstruida y aislada por la burocracia del sindicato UAW alineada con Biden, las autoridades estatales controladas por los demócratas obtuvieron con éxito una orden judicial pseudo-legal ilegítima. Pero incluso con la administración de la universidad y la burocracia del UAW haciendo restallar sus látigos sobre las cabezas de los trabajadores sin cesar, la lucha amenaza con estallar de nuevo cuando se reanuden las clases en los próximos meses.

Aunque los demócratas se han opuesto verbalmente a la extensión de la inmunidad a Trump personalmente por parte de la Corte Suprema, está claro que la administración Biden-Harris y el Partido Demócrata no tienen ninguna objeción de principios al uso de métodos dictatoriales, siempre que sean ellos quienes los impongan.

El carácter de la Corte Suprema: corrupción, justicia de clase y aislamiento de la rendición de cuentas democrática

Durante la mayor parte de la historia estadounidense, la Corte Suprema funcionó en gran medida como un baluarte de la reacción. Defendió la esclavitud en el caso Dred Scott (1857), defendió la segregación racial de Jim Crow en Plessy v. Ferguson (1896) y se opuso a las reformas del New Deal (el Nuevo Trato) de la década de 1930. En las condiciones de la Guerra Fría y el conflicto ideológico con la Unión Soviética, la Corte Suprema estuvo brevemente asociada con una serie de reformas tardías y calificadas, en particular mientras Earl Warren fue presidente de la Corte Suprema de 1953 a 1969.

Sin embargo, desde la decisión Bush v s . Gore que robó las elecciones de 2000, la Corte Suprema ha girado más a la derecha que en cualquier otro momento desde la Guerra Civil, lo que refleja la evaporación de cualquier electorado significativo en la clase dominante estadounidense que defendiera el mantenimiento de las normas democráticas.

Este proceso se aceleró con el nombramiento por parte de Trump de tres de sus leales: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y la fundamentalista cristiana Amy Coney Barrett. Esto le dio al ala pro-Trump una ventaja de 6-3 en la Corte Suprema.

En 2022, la Corte Suprema abolió el derecho federal al aborto para 175 millones de mujeres en todos los estados y territorios de EE.UU. Esta decisión se dictó más de un siglo después de que la Revolución Rusa garantizara el derecho al aborto gratuito para las mujeres en la URSS. En La Revolución Traicionada, Trotsky escribió: “El poder revolucionario dio a las mujeres el derecho al aborto, que en condiciones de necesidad y angustia familiar… es uno de sus derechos civiles, políticos y culturales más importantes”.

Mientras la URSS todavía existía, la Corte Suprema concedió a las mujeres en los Estados Unidos el derecho parcial y condicional al aborto en Roe v. Wade en 1973. La eliminación de ese derecho fue sólo un elemento de los ataques generalizados que ahora están en marcha contra todas las reformas sociales implementadas en el último siglo, incluida la Ley de Derecho al Voto y las reformas asociadas con las luchas por los Derechos Civiles, junto con el marco básico de regulación federal implementado después del colapso de la bolsa de valores de 1929 y la Gran Depresión.

Cinco de los seis jueces de la mayoría fueron designados por presidentes que perdieron el voto popular, incluidos los tres designados por el propio Trump, junto con Samuel Alito y John Roberts. De los jueces que votaron a favor de Trump en Trump v. Estados Unidos, al menos dos, Samuel Alito y Clarence Thomas, están implicados en el golpe del 6 de enero. En el caso de Clarence Thomas, su propia esposa, Virginia Thomas, participó de hecho en el complot de Trump, si es que Thomas no participó personalmente.

El proceso electoral en sí mismo en los EE.UU., con el que hemos tenido mucha experiencia concreta este año, es completamente antidemocrático, lo cual es un punto que planteamos en el párrafo 31. Obtener acceso a las urnas es casi imposible para los partidos fuera de las dos mafias políticas que constituyen el establishment político estadounidense. E incluso si uno de alguna manera logra obtener acceso a las urnas, un informe de la NBC que destacamos este año describía cómo el Partido Demócrata está preparando una “guerra total” contra terceros partidos, movilizando un “ejército de abogados” para llevar a cabo un “plan de contrainsurgencia estado por estado”. Mientras tanto, las regulaciones de la Comisión Federal Electoral (FEC) hacen posible que los superricos gasten cientos de millones de dólares, mientras que organizaciones como el WSWS y el Partido Socialista por la Igualdad quedan sepultadas en montañas de restricciones técnicas.

Al mismo tiempo que libra una guerra total contra los derechos democráticos, la Corte Suprema está envuelta en un escándalo de corrupción histórico. Los informes de investigación publicados por ProPublica el año pasado mostraron que Clarence Thomas recibió millones de dólares en obsequios no declarados del multimillonario Harlan Crow, un donante de extrema derecha del Partido Republicano que también es famoso por ser un devoto coleccionista de recuerdos nazis.

Si bien Thomas es, con mucho, el infractor más flagrante, Samuel Alito recibió un viaje de pesca de lujo a Alaska de manos del fundador de un fondo de cobertura y multimillonario Paul Singer. El director ejecutivo del bufete de abogados Greenberg Traurig, mientras el bufete defendía un caso ante el tribunal, compró una propiedad inmobiliaria en Colorado al juez Neil Gorsuch por 1,8 millones de dólares. Jane Roberts, la esposa del presidente de la Corte Suprema John Roberts, recibió 10,3 millones de dólares en supuestas comisiones de bufetes de abogados de élite mientras esos mismos bufetes defendían casos ante el tribunal.

Al pensar en el carácter cambiante del poder judicial en todo el país como parte de este deslizamiento hacia el autoritarismo, un ejemplo que viene a la mente es el juicio del justiciero supremacista blanco Kyle Rittenhouse en 2021. Rittenhouse disparó a tres personas, matando a dos, en una protesta contra la brutalidad policial en Kenosha, Wisconsin, en 2020. En su juicio por asesinato, el juez llevaba una corbata con la bandera estadounidense, su teléfono sonó durante el procedimiento con un tono de llamada de Trump, gritó a los fiscales cuando intentaron interrogar a Rittenhouse y dirigió al jurado en una ronda de aplausos para el testigo experto de Rittenhouse. El juez también prohibió el uso de la palabra 'víctima' para describir a las personas a las que Rittenhouse disparó, permitiendo en su lugar que los manifestantes fueran llamados 'incendiarios', 'saqueadores' y 'alborotadores'.

En la Corte Suprema, personajes como Alito y Thomas se comportan de manera escandalosa y provocadora. Pero no se trata sólo de una cuestión de personalidades individuales: en mayor o menor medida, tienen sus imitadores en los tribunales estatales y federales de todo el país, en los tribunales de primera instancia y en los tribunales de apelación. La Corte Suprema está formada sólo por nueve personas, pero presiden todo un sistema.

Estados Unidos tiene el 5 por ciento de la población mundial y el 20 por ciento de los prisioneros del mundo. Más de 2 millones de personas están encarceladas, muchas de ellas en campos de prisioneros del tamaño de pequeñas ciudades, que son notoriamente sucios, violentos, corruptos y superpoblados.

Las personas con fondos para contratar abogados en bufetes de élite que cobran 1.000 dólares por hora pueden enterrar a sus oponentes en papeleo y prolongar los procedimientos durante años, sin tener que rendir cuentas nunca, como ha hecho Trump con especial éxito. Los derechos de la clase trabajadora, tanto inocentes como culpables, son pisoteados a diario por el llamado “sistema de justicia”.

El asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis en 2020 provocó protestas masivas, pero los incesantes asesinatos diarios a manos de la policía continúan. El año 2023 fue el año más mortífero de violencia policial registrado. Aun así, la cifra de 1.300 muertes es sin duda un recuento insuficiente porque excluye las asfixias que se atribuyen rutinariamente a otras causas. En los tribunales, a los policías asesinos se les concede regularmente una “inmunidad calificada”, una variante a pequeña escala de la inmunidad presidencial concedida a Trump.

Además de Trump v. US, otra decisión clave de la Corte Suprema en este mandato fue declarar ilegal la falta de vivienda.

“El ‘Dred Scott’ de nuestro tiempo”

Por último, quisiera retomar la evaluación del historiador de Princeton Sean Wilentz de que Trump vs. Estados Unidos es el “Dred Scott de nuestro tiempo”.

La decisión, escribió recientemente Wilentz, “ha cambiado radicalmente la estructura misma del gobierno estadounidense, allanando el camino para el autoritarismo MAGA, tal como la Corte de Taney intentó allanar el camino para consagrar el Poder Esclavista. Todo lo cual hace que Trump v. Estados Unidos sea el Dred Scott de nuestro tiempo”.

Wilentz fue uno de los firmantes de una carta dirigida al New York Times en 2019 que también fue firmada por cuatro historiadores entrevistados por el WSWS críticos del Proyecto 1619. Wilentz publicó su propia crítica por separado del Proyecto 1619 en la New York Review of Books.

El caso Dred Scott fue, hasta, quizás, el caso Trump v. Estados Unidos, la decisión más infame de la Corte Suprema, que jugó un papel importante en la crisis que condujo a la Guerra Civil.

Dred Scott, un esclavo, había presentado una demanda para obtener su libertad alegando que había vivido en zonas donde la esclavitud era ilegal. Cuando su caso llegó a la Corte Suprema, de todos los motivos posibles para decidir el caso, la Corte Suprema eligió los más reaccionarios imaginables. No limitaron su caso sólo a Scott. Declararon que Scott nunca podría ser ciudadano debido a su ascendencia africana y, además, que nadie de ascendencia africana podría ser ciudadano. Declararon que era un artículo de propiedad sin derechos constitucionales y, además, que el Congreso no tenía derecho a restringir la esclavitud en los territorios.

La decisión Dred Scott enardeció la hostilidad popular hacia la esclavitud. Pero la decisión nunca fue revocada por la Corte Suprema. Fue “anulada” no por la Corte Suprema sino por la Guerra Civil, es decir, por una lucha revolucionaria desesperada y violenta que movilizó a masas de personas, que culminó en la abolición de la esclavitud y la emancipación de 3,5 millones de seres humanos.

Por lo tanto, que un destacado historiador estadounidense diga que Trump vs. Estados Unidos es el “Dred Scott de nuestro tiempo” es necesariamente un reconocimiento de que Estados Unidos se encamina hacia el estallido de una lucha de masas, y que la decisión de la Corte Suprema que anuncia una dictadura presidencial no puede ser “anulada” por otras apelaciones en los tribunales, sino en una lucha revolucionaria.

El caso Dred Scott fue reconocido en su momento como una expresión de la influencia maligna del Poder Esclavista (que a menudo se escribe con P y E mayúsculas) sobre el establishment político estadounidense.

La decisión Dred Scott expresó la arrogancia desmesurada de los esclavistas, que utilizaron la riqueza derivada de la esclavitud para dominar la política en Washington. Revertir Dred Scott requirió un ataque frontal a la esclavitud misma, la base de toda la riqueza e influencia de los esclavistas. Derrotar a los esclavistas requirió atacar y desmantelar el sistema esclavista que era la fuente de su poder.

Si Dred Scott expresó el poder de los esclavistas como una fuerza social, entonces, ¿qué fuerza social expresa Trump v. Estados Unidos? Expresa la arrogancia desmesurada de los oligarcas capitalistas. Dred Scott reflejó una nación afligida por la esclavitud; Trump v. Estados Unidos refleja un mundo afligido por el capitalismo, la desigualdad social y la guerra. Para revertir Trump vs. Estados Unidos es necesario un ataque frontal a la dictadura de los oligarcas sobre la economía mundial. Para vencer a los capitalistas es necesario atacar el sistema que es la fuente de su poder: el sistema de lucro.

Estados Unidos, en particular, es una de las sociedades más desiguales de la historia. Milmillonarios como Bezos y Musk tienen una riqueza personal que excede la riqueza de naciones enteras y dirigen sus corporaciones como reyes en su búsqueda de convertirse en billonarios: más de un millón de millones.

No se puede tener democracia en el ámbito político cuando el ámbito económico es esencialmente una dictadura. Y eso es lo que es la economía mundial, una dictadura de los oligarcas. Cuando te contratan o te despiden de tu trabajo, no tienes derecho a votar, es una prerrogativa unilateral del empleador. Esta es una contradicción que no puede permanecer estable indefinidamente. Puede durar un día, una semana, un mes, un año, pero al final la realidad social de que una persona tiene decenas de miles de millones de dólares y la otra no tiene nada abrumará un marco legal en el que estas dos personas, en teoría, tienen los mismos derechos y el mismo poder político.

¿Alguien cree que en esta supuesta democracia, un trabajador de la fábrica de Tesla tiene los mismos derechos y el mismo poder político que Musk? No, obviamente. Si Musk quiere despedir al trabajador, bajo el capitalismo tiene el derecho legal de hacerlo unilateralmente, a pesar de la oposición de cualquier trabajador o de todos los trabajadores.

Volviendo a la cuestión de la relación entre la guerra imperialista y los derechos democráticos, es fácil de demostrar. La guerra imperialista requiere el desvío de los recursos de la sociedad de las necesidades sociales para alimentar la maquinaria de guerra. Y requiere sangre, brazos, piernas, y vidas. La extracción de estas cosas de la clase obrera es inevitablemente impopular porque la clase obrera no se beneficia de la guerra imperialista. La clase obrera está obligada a hacer sacrificios y no recibe nada a cambio. Esto significa que la oposición de la clase obrera a la guerra imperialista debe ser superada con la fuerza y la represión. Es por eso que la guerra imperialista y los ataques a los derechos democráticos siempre van de la mano.

El párrafo 19 de la resolución dice: “Las causas objetivas fundamentales del giro de la clase dominante hacia el fascismo y la dictadura son: 1) La escalada de la guerra imperialista mundial; y 2) El crecimiento extremo de la desigualdad social”. Por lo tanto, la movilización de la clase obrera sobre la base de sus intereses independientes, que se oponen a la desigualdad social y la guerra, es la única estrategia racional para defender los derechos democráticos y oponerse a la dictadura y la guerra mundial.

Por eso, en el párrafo 34 decimos:

Todo discurso sobre la defensa de la democracia y la lucha contra el fascismo ignorando la cuestión fundamental del poder económico y de clase, y, por lo tanto, reconociendo la necesidad de la movilización de la clase obrera a escala mundial para derrocar al capitalismo, es demagogia cínica y políticamente impotente.

No nos llamamos revolucionarios en esta resolución porque ninguno de nosotros sea un gran amante de la violencia a nivel personal. El carácter revolucionario de nuestro programa se deriva del carácter de la situación objetiva, independientemente de los deseos de cualquiera de nosotros como individuos. Nuestro programa, arraigado en un siglo y medio de experiencia política, es revolucionario porque reconocemos que, objetivamente, la civilización humana padece un sistema social enfermo que está siendo abrumado por sus contradicciones, que debe dar paso, por un lado, a la dictadura, la represión y la matanza que superen todas las guerras y dictaduras anteriores, o, por otro lado, debe dar paso al socialismo, el progreso y la igualdad social, y el renacimiento en un nivel más alto y avanzado de democracia genuina, empezando por la democracia en el lugar de trabajo. No hay vuelta atrás a la “normalidad”: esas son las únicas dos opciones.

Pero una cosa es que la Corte Suprema anuncie una dictadura presidencial en el papel, y otra cosa es que realmente se imponga esa dictadura a la clase obrera. La clase obrera, en Estados Unidos y en el mundo, luchará para oponerse a la dictadura. No se trata de una cuestión de “si”; intentará, lo mejor que pueda, con todas las herramientas y la comprensión que tiene, defenderse de la imposición de una dictadura. La clase obrera de Estados Unidos, en particular, a pesar de todas sus dificultades, tiene una profunda tradición democrática, arraigada en todos los acontecimientos y experiencias analizados por el camarada Tom Mackaman. Como bien sabe la clase dominante, no se puede imponer una dictadura y esperar que la clase obrera no se defienda. La clase obrera también resistirá inevitablemente el reclutamiento masivo en el ejército y el desvío incesante de vastos recursos de las necesidades sociales a la maquinaria de guerra.

La lucha es inevitable; el resultado no lo es. En esa lucha, como la historia ha demostrado una y otra vez, el resultado depende de un factor subjetivo, del papel del partido que representa la dirección de la clase obrera. Como decimos en el párrafo 9:

la transformación de este proceso objetivo en un movimiento consciente por el socialismo no es automática. La construcción de la dirección revolucionaria, en los Estados Unidos y en el ámbito internacional, es la cuestión estratégica decisiva de la que depende el destino de la humanidad.

Por todas estas razones apoyo la adopción de la resolución propuesta.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 26 de agosto de 2024)