La norma de la administración Trump que impone requisitos laborales a los beneficiarios de Medicaid, el programa de seguro médico para los pobres y las personas con discapacidad, entró legalmente en vigor el viernes 31 de julio, poniendo en marcha la reestructuración más profunda del programa desde su fundación en 1965.

El instrumento es la “Ley Grande y Hermosa” (One Big Beautiful Bill Act, OBBBA), que el presidente Donald Trump firmó el 4 de julio de 2025. Esta recorta el gasto federal en Medicaid en unos 911.000 millones de dólares a lo largo de una década. La Oficina de Presupuesto del Congreso prevé que los recortes dejarán a 7,5 millones más de estadounidenses sin seguro médico para 2034.

Según la propia estimación del gobierno, el requisito laboral eliminará a 2,3 millones de personas del padrón de Medicaid en su primer año. Los beneficiarios de entre 19 y 64 años deben documentar 80 horas mensuales de trabajo, servicio comunitario o estudios, o ingresos de al menos 580 dólares. Los estados deben comenzar a hacer cumplir la norma antes del 1 de enero de 2027. Nebraska comienza el mes próximo.

Una exención médica requiere demostrar que su condición “afecta significativamente” la capacidad de trabajar. Tener cáncer no basta, por sí solo. Cuando Arkansas impuso la misma política en 2018, más de 18.000 personas perdieron su cobertura en seis meses, en su inmensa mayoría por fallas en los trámites. Veintiséis estados demandaron por la estrecha definición de “médicamente frágil”. Un juez federal de Massachusetts se negó el jueves a bloquear la norma.

Más allá de Medicaid, la ley recorta unos 270.000 millones de dólares de los préstamos estudiantiles y 187.000 millones de dólares del SNAP, el programa de cupones de alimentos, recortes impulsados sobre todo por la ampliación de los requisitos laborales, que expulsará a 2,4 millones de personas al mes de la asistencia alimentaria.

La administración también está eliminando el subsidio que ha mantenido estables las primas de los planes de medicamentos recetados de la Parte D de Medicare. Los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid anunciaron el martes que el subsidio caducará a fines de este año, elevando los costos para los 25 millones de adultos mayores inscritos.

La Casa Blanca también ha redactado una norma, según informó ProPublica en abril, para revertir una regla del Seguro Social de la era Biden, de 2024, que había ampliado el Ingreso Suplementario de Seguridad para personas con discapacidad, amenazando a casi 400.000 beneficiarios con recortes de unos 331 dólares mensuales o la pérdida total de sus beneficios. Primero Medicaid, luego Medicare, luego el Seguro Social: lo que quede de la red de protección social será desmantelado.

Nada del dinero recortado se está “ahorrando”. Se está redistribuyendo: hacia arriba, hacia los ricos, a través de las dádivas fiscales de la OBBBA, y hacia afuera, hacia la maquinaria de guerra. La solicitud presupuestaria de la administración para el año fiscal 2027 exige 1,5 billones de dólares para el ejército, un aumento de 445.000 millones de dólares respecto a los niveles actuales y, ajustado por inflación, el mayor incremento en un solo año desde la Segunda Guerra Mundial.

El Pentágono le solicitó a la Casa Blanca en marzo más de 200.000 millones de dólares en fondos suplementarios para la guerra ilegal contra Irán, y en julio el secretario de Defensa, Pete Hegseth, exigió otros 67.000 millones de dólares. Miles de millones más están destinados al proyecto de misiles “Cúpula Dorada” de Trump y a una “Flota Dorada” de acorazados de “clase Trump”.

Esto no es una austeridad impuesta por la escasez de recursos: la oligarquía financiera estadounidense nunca ha sido más rica. El desmantelamiento de los programas sociales es una redistribución deliberada de la riqueza producida por la clase obrera, destinada a pagar la crisis del capitalismo estadounidense y las guerras a través de las cuales la clase dominante busca una salida.

“No nos es posible ocuparnos del cuidado infantil, de Medicaid, de Medicare, de todas esas cosas individuales”, declaró Trump en un almuerzo de Pascua a puertas cerradas en la Casa Blanca, el 1 de abril. “Tenemos que ocuparnos de una sola cosa: la protección militar. Estamos librando guerras”. Los programas sociales, dijo, eran “todas esas pequeñas estafas”.

Lo que Trump ridiculiza como “estafas” son conquistas de las luchas de la clase obrera: el Seguro Social, de las grandes batallas industriales de la década de 1930; Medicare y Medicaid, en medio de las oleadas de huelgas y los levantamientos por los derechos civiles de la década de 1960.

La propia OBBBA autorizó 150.000 millones de dólares en nuevo gasto militar y 170.000 millones de dólares para la represión fronteriza, incluida capacidad para 100.000 camas de detención de migrantes y 10.000 nuevos agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Mientras esa misma ley les retira la asistencia alimentaria a los veteranos, a las personas sin hogar y a los jóvenes que salen del sistema de cuidado de acogida, el Departamento de Agricultura ha exigido que los números de Seguro Social, las direcciones y los datos por hogar de los beneficiarios del SNAP sean cotejados con una base de datos migratoria del Departamento de Seguridad Nacional.

El ataque contra Medicaid y Medicare va acompañado de una guerra contra la salud pública y la ciencia médica. Dos días antes de que entrara en vigor la norma de Medicaid, los republicanos del Senado escenificaron una inquisición mccarthista contra el doctor Anthony Fauci, quien dirigió el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAID) durante 38 años. Fauci invocó la Quinta Enmienda más de 100 veces. El presidente del comité, el senador republicano Rand Paul, de Kentucky —quien previamente había publicado los diarios privados del científico—, buscó tenderle una trampa a Fauci para acusarlo de perjurio, y cerró la audiencia programando una votación de desacato.

Ni un solo demócrata en el comité del Senado protestó contra la cacería de brujas contra Fauci, ni reaccionó cuando Rand Paul hizo retirar de la sala al abogado de Fauci.

Bajo el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Robert F. Kennedy Jr., unos 20.000 empleados del HHS han sido expulsados, los 17 miembros del comité asesor de vacunas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han sido destituidos y reemplazados por ideólogos antivacunas, se han cancelado 500 millones de dólares en investigación sobre el ARNm, y se ha abandonado la dosis universal de hepatitis B al nacer.

Los resultados se contabilizan en datos de morbilidad y muerte: 2.318 casos confirmados de sarampión este año, la cifra más alta desde 1991, y el COVID prolongado debilitando a millones de personas. La esperanza de vida en EE.UU. sigue por debajo de la de todos los países comparables.

Las nuevas normas laborales de Medicaid impuestas por la administración Trump han sido recibidas, en gran medida, con silencio por parte de los demócratas y de los medios estadounidenses. La palabra “Medicaid” no apareció en la portada de la edición impresa del 31 de julio del New York Times, ni en su sitio web el viernes por la noche, a pesar de que esa misma portada incluía un reportaje sobre hospitales desbordados por la nueva población sin seguro. La página principal del Washington Post tampoco la mencionaba el viernes por la noche.

Los demócratas han recitado frases simbólicas sobre la preservación de Medicare y Medicaid, sin hacer nada por dar a conocer al público el alcance de los recortes. En los programas dominicales de entrevistas del fin de semana pasado, ni un solo dirigente demócrata mencionó siquiera los preparativos de la administración para expulsar a 2,3 millones de personas de Medicaid.

En última instancia, los demócratas hablan en nombre de la misma oligarquía que Trump, la cual exige un empobrecimiento cada vez mayor de la población para financiar su propio enriquecimiento y una guerra mundial.

El ataque contra los programas sociales y los derechos democráticos está provocando un auge de la clase obrera. En julio, 4.000 enfermeros del Hospital Brigham and Women's, de Boston, protagonizaron la mayor huelga en el sector de la salud en la historia de Massachusetts, y los trabajadores automotores de las plantas de autopartes en Míchigan han rechazado repetidamente los contratos impulsados por el aparato del UAW.

La defensa de estos derechos exige la movilización independiente de la clase obrera, libre de las ataduras de los demócratas, los republicanos y la burocracia sindical, a través de comités de base en las plantas, los hospitales, los barrios, las escuelas y los campus. Estos comités —vinculados internacionalmente a través de la Alianza Internacional Obrera de Comités de Base (AIO-CB)— deben luchar por la restitución y ampliación incondicionales de Medicaid, Medicare, el Seguro Social y el SNAP como derechos sociales inviolables, como paso previo hacia una atención médica gratuita y garantizada para todos. Esto debe financiarse mediante la expropiación de la oligarquía financiera y la utilización, para satisfacer las necesidades humanas, de los billones hoy destinados a la guerra.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 31 de julio de 2026).