El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció el jueves que su administración ampliará a los migrantes procedentes de Cuba, Haití y Nicaragua las restricciones ya impuestas a los venezolanos, con el objetivo de expulsar a México hasta 30.000 migrantes al mes, sin audiencia ni revisión judicial alguna de sus solicitudes de asilo.

La medida antimigrante ya ha reducido drásticamente el número de venezolanos que intentan cruzar la frontera entre EE.UU. y México desde que se introdujo en noviembre, afirmó Biden. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, cifró la reducción en un 90%, y confió en un 'éxito' similar contra los migrantes de los otros tres países.

En conjunto, los cuatro países concentraron el grueso de los migrantes transfronterizos el año pasado, bajo el impacto combinado del colapso económico, la represión política, la violencia de las bandas y las sanciones económicas de Estados Unidos contra tres de los cuatro países, todos menos Haití.

En declaraciones en una rueda de prensa en la Casa Blanca, Biden presentó la nueva política como parte de una transición en los métodos que se utilizarán para excluir a los inmigrantes en la frontera entre Estados Unidos y México. Durante los dos primeros años de su administración, la unidad de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha utilizado principalmente el Título 42 de la Ley de Salud Pública como motivo para la expulsión inmediata de los inmigrantes detenidos en la frontera.

Se trata de una disposición legal que permite a la Patrulla Fronteriza denegar sumariamente la entrada cuando los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) certifican que existe un peligro sustancial de que los migrantes sean portadores de una enfermedad infecciosa. La administración Trump utilizó la pandemia de COVID como pretexto para prohibir la entrada de migrantes, incluso cuando estaba desmantelando todas las medidas de salud pública contra la COVID en todos los demás ámbitos de la vida pública.

Biden afirmó oponerse al uso del Título 42, pero los estados gobernados por los republicanos han obtenido una serie de órdenes judiciales para continuar con la política de exclusión. La Corte Suprema ha aceptado ocuparse del asunto en su actual sesión, pero la decisión podría llegar en junio.

Mientras tanto, el DHS ya está preparando nuevos fundamentos jurídicos para la exclusión sumaria de inmigrantes, alegando que tiene autoridad en virtud de otra sección del código legal estadounidense, el Título 8, para hacerlo, y ya no necesita el pretexto de la salud pública, que choca con la falsa afirmación de Biden de que la pandemia de coronavirus ha terminado.

La esencia de la nueva política de Biden es exigir a los solicitantes de asilo que presenten la solicitud desde sus países de origen, no desde suelo estadounidense, tras haber entrado en el país sin autorización. Los solicitantes de asilo deben pasar por una serie de pruebas, entre ellas un exhaustivo control de seguridad, la obtención de un aval financiero dentro de Estados Unidos y el uso de un formulario en línea para verificar su estatus. Esto limita de hecho la concesión de asilo a quienes disponen de importantes recursos económicos y conocimientos informáticos, y excluye a la inmensa mayoría de los inmigrantes que se ven obligados a abandonar sus países de origen por la pobreza y la opresión.

Esta política también demuestra la cínica falsedad de las afirmaciones de Estados Unidos de oponerse a las violaciones de los 'derechos humanos' por parte de los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se supone que los cubanos, venezolanos y nicaragüenses pueden permanecer en sus países y solicitar asilo por Internet, mientras siguen sometidos a los gobiernos que supuestamente los reprimen.

El gobierno de Biden ha ofrecido aceptar hasta 30.000 solicitantes de asilo al mes de los cuatro países, pero sólo aquellos que sigan el procedimiento en línea, permanezcan en sus países y cumplan los demás requisitos. Cualquier refugiado de los cuatro países que se presente en la frontera entre Estados Unidos y México quedará automáticamente inhabilitado para solicitar asilo y será expulsado.

El gobierno mexicano del presidente Andrés Manuel López Obrador ha accedido vergonzosamente a aceptar 30.000 rechazados estadounidenses de cada uno de los cuatro países al mes. Dado que los cuatro países no tienen acuerdos de repatriación con EE.UU., los migrantes detenidos no pueden ser devueltos directamente a su país, política que se aplica a los refugiados rechazados de El Salvador, Guatemala y Honduras.

En su declaración de prensa del jueves, Biden dejó claro que actuaba en respuesta a la presión de la derecha fascista republicana, que ha hecho del fanatismo antimigrante su eje político. Combinó la promesa de que 'mi administración está tomando varias medidas para endurecer la aplicación de la ley para aquellos que intentan venir sin derecho legal a quedarse', con el anuncio de que visitaría la frontera entre EE.UU. y México el domingo, de camino a una cumbre norteamericana en Ciudad de México con López Obrador y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau.

Los congresistas republicanos han retado repetidamente a Biden a visitar la frontera, que según ellos está 'abierta', a pesar de que la Patrulla Fronteriza ha detenido a más de 2 millones de migrantes desde que Biden llegó a la Casa Blanca.

Biden se quejó de que los republicanos hubieran bloqueado los planes de incluir 3.500 millones de dólares en nuevos gastos para el DHS en la reciente legislación presupuestaria bipartidista. Este dinero se habría destinado a contratar a 2.000 agentes más de la Patrulla Fronteriza, 100 jueces de inmigración más y financiar otras medidas para reforzar la actual represión fronteriza.

No obstante, prometió 'sentarse con cualquiera que, de buena fe, quiera arreglar nuestro maltrecho sistema de inmigración'. Señaló que 'los republicanos más extremistas siguen haciendo demagogia con este asunto y rechazando soluciones'. Este lenguaje está cuidadosamente elegido para sugerir que todos los demás republicanos, aparte de los 'más extremistas', eran socios adecuados para un enfoque bipartidista de la política de inmigración.

El secretario del DHS, Mayorkas, también reveló el jueves que Biden había aprobado una propuesta para revivir la prohibición de tránsito implementada por primera vez por el asesor fascista de Trump en política de inmigración, Stephen Miller, aunque llamándola por otro nombre. La prohibición niega el asilo a cualquier migrante que viaje a través de un tercer país, como México, para llegar a Estados Unidos, si no lo solicitó primero en ese tercer país.

Esto ignora la realidad de que muchos más solicitantes de asilo tienen familiares en Estados Unidos que en México, y que México es un dudoso refugio para personas que huyen de la represión política y la violencia de las bandas en países latinoamericanos cercanos.

Se permitió que la política de Trump expirara cuando dejó el cargo, y el DHS tendría que pasar por un procedimiento de elaboración de normas que requiere meses de comentarios públicos, audiencias y revisión antes de que pudiera entrar en vigor. Una vez en vigor, prohibiría a esos migrantes —la gran mayoría— la entrada legal en Estados Unidos durante cinco años.

El anuncio del DHS es una confirmación más de que el gobierno de Biden pretende continuar con las despiadadas políticas antiinmigración de su predecesor, aunque se empaqueten en el lenguaje de la atención, la inclusión y las constantes referencias de Biden a sus propios antepasados irlandeses, inmigrantes que llegaron a Estados Unidos en el siglo XIX.

(Publicado originalmente en inglés el 5 de enero de 2023)