Después de cuatro días de audiencias la semana pasada, se espera un veredicto el miércoles en el caso criminal presentado por la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) con base en cargos calumniosos de “antisemitismo” contra Alejandro Bodart, el líder del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), que pertenece al Frente de Izquierda y Trabajadores-Unidad (FIT-U). 

El proceso se basa en dos publicaciones en Twitter (ahora X) de mayo de 2022. La primera fue “Sionistas=Nazis”, comentando el asesinato de la periodista palestina-estadounidense Shireen Abu Akleh a manos de las fuerzas israelíes. La segunda describe a Israel un “Estado racista y genocida” en el aniversario de la Nakba, la expulsión de 700.000 palestinos árabes de sus tierras y el asesinato de miles en 1948, sobre los cuales se fundó el Estado de Israel. 

Si bien la demanda la precede, la ofensiva israelí contra Gaza desde octubre de 2023 tan solo ha confirmado que la clase gobernante sionista y sus patrones imperialistas en América y Europa decidieron hace mucho que la “solución final” a la cuestión palestina es el genocidio. En meses, Israel ha aniquilado aproximadamente el 10 por ciento de la población indefensa de este diminuto territorio ocupado y desplazado a la mayoría mediante bombardeos, inanición y la destrucción de infraestructura crítica. 

El procesamiento de Bodart tiene lugar después de que la Corte Penal Internacional solicitara la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por el delito de “exterminio”. 

El World Socialist Web Site, cuyas diferencias con el MST y la Liga Socialista Internacional morenista están bien documentadas, llama a los trabajadores de Argentina y de todo el mundo a oponerse al montaje político contra Bodart, que no tiene nada que ver con el odio antijudío. 

Es parte de una ofensiva de las élites gobernantes a nivel internacional, incluyendo en EE.UU. y Europa, para utilizar acusaciones infundadas de antisemitismo para criminalizar toda oposición a la guerra. En Argentina, el presidente fascistizante Javier Milei está sacando provecho de estas acusaciones para reprimir la resistencia de la clase obrera a su terapia de choque económica y el alineamiento acelerado de Argentina con el bando belicista del imperialismo de EE.UU. y la OTAN, que utiliza Tel Aviv como un puesto de avanzada militar. 

El caso contra Bodart es solo la punta del iceberg. La DAIA y el fiscal federal Carlos Stornelli iniciaron una causa similar en noviembre pasado contra Vanina Biasi, legisladora del Partido Obrero, otra agrupación del FIT-U, después de que tuiteara que el Gobierno israelí había mentido sobre la muerte de la rehén Emily Hand, una niña que luego fue liberada con vida por Hamás. 

Luego, el viernes, la ministra de Seguridad de Milei, Patricia Bullrich, anunció la detención y deportación prevista de siete personas, alegando que pertenecían a “un grupo terrorista radical islámico, identificado tras amenazar a un periodista de la comunidad judía”. La policía afirma haber encontrado armas en sus domicilios y “expresiones anticristianas y antijudías”, así como supuestos planes terroristas, en sus cuentas de Telegram y WhatsApp. 

Los cargos contra Bodart se basan en la definición de “antisemitismo” de la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto (IHRA, por sus siglas en inglés), que lo equipara a cualquier crítica a Israel, incluyendo calificar a Israel de racista y comparar la política israelí con la de los nazis. 

Durante las audiencias, los fiscales contaron con el prominente juez Franco Fiumara como testigo para presentar los “hechos” del caso, entre ellos que Israel es un Estado democrático, que el 98 por ciento de los judíos son sionistas y que el Estado argentino adoptó la definición de “antisemitismo” de la IHRA, que aplica para los tuits de Bodart. 

Como explicó el presidente editorial del WSWS, David North, en una conferencia seminal en diciembre, la disolución del judaísmo como identidad religiosa en el Estado israelí y la ideología del sionismo es un mejunje totalmente fraudulento que “no se basa en la historia, sino en la mitología bíblica”, concretamente en el reclamo de un hogar ancestral “prometido” por Dios. 

El caso contra Bodart, además, confirma la advertencia realizada por la relatora especial de la ONU sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia, E. Tendayi Achiume. Ella exigió que se deje de utilizar la definición de la IHRA “debido a su susceptibilidad de ser instrumentalizada políticamente y al daño causado a los derechos humanos como consecuencia de dicha instrumentalización”. 

Los abogados de Bodart, Ismael Jalil y María del Carmen Verdú, señalaron que Israel ha sido calificado como un régimen de “apartheid” por parte de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y que  miles de judíos antisionistas se han manifestado contra el genocidio en Estados Unidos, Argentina y a escala internacional. Por último, argumentaron que solo el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo el presidente peronista Alberto Fernández adoptó la definición de la IHRA, lo que no la hace jurídicamente vinculante. 

Jalil subrayó que “es imposible condenar a Alejandro Bodart sin afectar el derecho más elemental de la democracia que es el de expresión”. 

Cabe señalar que el juez Fiumara fue el único participante latinoamericano en una conferencia internacional convocada el año pasado por el presidente ucraniano Volodímir Zelenski para preparar un tribunal especial de crímenes de guerra contra Rusia, lo que resalta las conexiones del caso contra Bodart con el imperialismo estadounidense y europeo. La guerra de Israel en Gaza es uno de los frentes de un conflicto mundial en expansión, que incluye la guerra de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia en Ucrania y el impulso hacia una guerra contra China. 

La DAIA también actuó con el apoyo de la Fiscalía de la Ciudad de Buenos Aires, gobernada por Jorge Macri, hermano del expresidente Mauricio Macri, ambos estrechos aliados del presidente Javier Milei. 

En su testimonio para la defensa, Myriam Bregman, abogada de derechos humanos y excandidata presidencial del FIT-U, aludió a la hipocresía de los querellantes, que están alineados con fuerzas que apoyan el legado de la dictadura militar fascista y abiertamente antisemita que gobernó Argentina de 1976 a 1983. “Cuando ingresaba a los juicios de los genocidas y me gritaban ‘judía de mierda’ había un acto antisemita”, dijo, refiriéndose a su participación en causas contra funcionarios de la dictadura. 

Los judíos fueron asesinados desproporcionadamente por la dictadura, alrededor del 12 por ciento de los 30.000 asesinados, y las juntas incluían neonazis. Esto no impidió que Israel se convirtiera en uno de los principales proveedores de armas y entrenamiento militar y de inteligencia.

Milei no solo ha abrazado los crímenes de la dictadura, sino que ha integrado a neonazis abiertos en su Gobierno. Esto incluye al procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, quien fue detenido por participar en el Movimiento Nacionalista Tacuara a principios de la década de 1960. El grupo fascista Tacuara, que tenía vínculos directos con antiguos oficiales nazis escondidos en Argentina, llevó a cabo cientos de atentados, entre ellos bombardeos e incendios de sinagogas, escuelas e instituciones judías, tiroteos, secuestros y torturas a estudiantes y jóvenes judíos, y profanaciones de cementerios judíos. 

El atentado más famoso de Tacuara fue el asesinato del joven izquierdista Raúl Alterman, quien fue tiroteado frente a la casa de sus padres. Luego sus padres recibieron una carta de la organización que decía: “a su hijo lo han matado porque era un perro judío comunista”. 

Los sucesivos Gobiernos, incluido el de Milei, han justificado sistemáticamente su alineamiento político con Tel Aviv refiriéndose con un remordimiento hipócrita a las explosiones de 1992 en la Embajada israelí y de 1994 en el centro comunitario judío de AMIA en Buenos Aires, en las que murieron un total de 107 personas y cuyos autores nunca fueron identificados. 

Laura Alché, cuyo marido murió en el atentado de 1994, desmintió esta narrativa en su testimonio para la defensa. En primer lugar, denunció que se “equipara el repudio popular a la invasión y masacre que perpetra el Estado de Israel sobre la Franja de Gaza con el antisemitismo”. Luego, argumentó: “Quienes somos damnificados del ataque a la AMIA sabemos qué es un ataque antisemita y sabemos cómo el Estado argentino durante 30 años ha encubierto a los responsables del crimen y en este encubrimiento fue acompañado y tuvo como cómplice a la dirección judía local y al Estado de Israel”.

(Artículo publicado originalmente en inglés el 19 de agosto de 2024)